Ministro Naranjo, la Marcha Patriótica en grave riesgo

Hace pocos días recibí un informe especial sobre la Marcha Patriótica y sentí la misma tristeza y la misma preocupación de los días en que recibía a diario noticias sobre la muerte de los líderes de la Unión Patriótica en los ya lejanos años ochenta del siglo pasado. Este movimiento social y político está en grave riesgo.

La investigación fue realizada por la Fundación Paz y Reconciliación y recoge testimonios y documentos de los miembros de Marcha Patriótica en cuatro departamentos. La investigación va más allá de los riesgos de seguridad y explora los propósitos, las ideas y las acciones de esta organización, pero esta columna se limita a demandar del gobierno nacional y de la sociedad una protección especial a la vida de sus militantes y unas garantías plenas para sus actividades.

La Fiscalía registra el asesinato de 29 militantes y la desaparición de tres. Pero en la lista de Marcha figuran cuatro personas más asesinadas. Es espantoso. Ahí no para la cosa. La persecución, las amenazas y el encarcelamiento a los simpatizantes y miembros del movimiento es una constante en todo el país, especialmente en Norte de Santander, en Cauca, en Caquetá y en Meta.

Estamos repitiendo la historia atroz y dolorosa de la Unión Patriótica. Es increíble que esto ocurra, pero ocurre. Otra vez altos funcionarios del gobierno nacional lanzan acusaciones públicas y otra vez alguien abajo se siente autorizado para segar la vida de civiles desarmados que están impulsando protestas sociales y políticas legítimas. Porque la persecución se volvió más intensa después de estas palabras del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en agosto de 2012, en una entrevista en Caracol Radio: “Esas organizaciones terroristas han optado por tratar de movilizarse hacia lo que llaman el movimiento de masas y han aparecido temas como la tal Marcha Patriótica, que yo aquí puedo decirlo con claridad eso está financiado en buena medida por la organización terrorista de las Farc”.

Solo si el Estado y la sociedad cambian radicalmente la mirada sobre estos fenómenos podemos evitar la violencia. La Marcha tiene asiento en territorios de guerrilla y comparte consignas sociales y políticas con ella, pero es una suma de organizaciones estudiantiles, sindicales, campesinas, ambientalistas, de víctimas, de minorías étnicas y sexuales –2.000 dicen los directivos del movimiento– que tienen como propósito fundamental impulsar las negociaciones de paz y conseguir la terminación del conflicto. Eso es una virtud no un defecto. Eso es contribución a la democracia no a la guerra.

En apenas tres años de existencia ha participado activamente en las grandes movilizaciones del estudiantado a través de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ha sido protagonista de los paros agrarios, se ha convertido en el sustento principal de todas las consultas y eventos que la mesa de La Habana ha realizado con la sociedad civil en asuntos agrarios, de participación política, de tratamiento a los cultivos ilícitos y de reivindicación de las víctimas. En la investigación realizada hay una cosa muy novedosa. En muchos municipios donde tiene presencia y fuerza este movimiento la participación electoral ha dado un salto impresionante. Se ha roto una abstención que en algunos casos llegaba al 85 por ciento. Si la paz se firma y la democracia adquiere un nuevo vigor en muchas regiones será en parte por la contribución de este importante grupo de dirigentes sociales, muchos de ellos bastante jóvenes, que han tenido la valentía de lanzarse a hacer política en medio de las balas.

La protección de Marcha tiene que ser inmediata porque los efectos de la amenaza y de la muerte ya se empiezan a sentir. En Norte de Santander y en el Meta algunas organizaciones y varios activistas han empezado a retirarse del movimiento para evitar la agresión. Fue lo que ocurrió en otro tiempo con la Unión Patriótica a la que hoy el Estado y la sociedad le está empezando a pedir perdón por el genocidio.

Mi propuesta es que Óscar Naranjo, ministro de la Seguridad y el posconflicto, empiece a desarrollar unos puntos específicos de los acuerdos de La Habana. Por ejemplo, el acuerdo de participación política reza: “Se requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político”. Más adelante afirma: “Se adoptarán previsiones para impedir que se fomenten concepciones de seguridad que, bajo cualquier excusa, vayan en contra de los objetivos del sistema que son la protección de la vida de quienes ejercen la política y su no estigmatización por razón de sus ideas y actividades políticas”. n