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Opinión

  • | 2018/10/08 01:31

    Sin pueblito

    Las primeras medidas de un gobierno de derecha siempre van a enfocarse en valores como la autoridad, la riqueza y una supuesta eficiencia.

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Eso no es bueno ni malo, es una manera de gobernar, es el talante que cierta gente demuestra cuando llega, democráticamente, al poder. El talante, dice María Moliner, “es la actitud o disposición de ánimo, buena o mala”, de manera que viene a ser como el vidrio que trasluce la verdadera esencia de una persona, de un partido o de un gobierno.

El talante de este gobierno se ve clarito en el decreto de confiscación de la dosis mínima, una medida regresiva, inútil en relación con su objetivo de la guerra contra las drogas y altamente lucrativa para las mafias que, todos lo sabemos, acrecientan el negocio porque a mayor persecución, más alto será el precio del producto en la calle. Pero eso sí, sienta un precedente –o al menos un intento– de ejercicio de autoridad.  

El talante del gobierno también se ve en Carrasquilla y sus propuestas de reforma tributaria: exenciones para los ricos, más impuestos para el resto; el Estado aquí es como en la Francia de los Luises, chupasangre que permite al gran capital expandir sus tentáculos hasta donde la avaricia le llegue. En esto, por ejemplo, no se diferencian Vargas Lleras y Duque, tienen el mismo talante de derecha que los indispone ante la participación popular. Democracia sí, pero no tanta; democracia formal, sin poder de veto.

En el trámite de la Ley de Presupuesto que se está votando por estos días en el Congreso, apareció en el texto aprobado por el Senado un articulito que obliga a los municipios y gobernaciones a financiar las Consultas Populares, y el gobierno central se desentiende del tema. Allá ellos.

Pensemos en que los procesos de freno a la extracción minera en Santurbán o Cajamarca fueron posibles porque la ley colombiana obliga a la Registraduría Nacional a ser garante de transparencia y eficiencia en las consultas populares. Si estas consultas hubieran estado en manos y bajo responsabilidad presupuestal de las alcaldías, en esos municipios las excavadoras y perforadoras ya estarían haciendo lo suyo.

En ninguna parte del articulado del Proyecto de Ley del Presupuesto dice que se acabarán las Consultas Populares, pero no hay que ser demasiado perspicaz para darse cuenta de que una norma así es un puntillazo a la participación. Este mico pone una talanquera excesiva a la democracia participativa porque restringe, a las míseras finanzas municipales, la posibilidad de consultar sobre los asuntos que conciernen a la gente en su territorio. Por esta vía, con un articulito le quitan los dientes a la democracia participativa, la dejan vacía, tan inútil como una figura dentro de una vitrina.

Por otra parte, sin la urgencia del Presupuesto pero con paso firme, avanza el proyecto de ley de Cambio Radical que busca reformar la Consulta Previa. Que está muy bien consultar a los pueblos étnicos sobre asuntos que afecten su territorio, que nadie les va a quitar ese derecho, pero a fin de cuentas quien tiene la última palabra sobre la ejecución o no de un proyecto en territorio indígena, afro, palenquero, raizal o rom es el presidente de la república. Y punto.

Los congresistas cambioradicales se gastan páginas y páginas exaltando el derecho de los pueblos étnicos sobre sus territorios y la democracia participativa, y se cuidan de no decir en ninguna parte que la Consulta Previa deba desaparecer, no, ni más faltaba. Pero el desarrollo y la riqueza del país, que es para beneficio de todos, prima. Si se trata de riqueza, yo pregunto ¿cuánto vale la protección de fuentes hídricas? ¿cuánto parar la defosteración? ¿cuánto vale el bienestar de generaciones de colombianos a contar con un medio ambiente sano? La Consulta Previa hace parte del reconocimiento a la autonomía de los pueblos étnicos y a la obligación del Estado de proteger la integridad, la cosmogonía, la cultura y el bienestar espiritual de los pueblos ancestrales en los territorios que les pertenecen.

Para el talante de estos políticos, lo de consultarle a un pueblo lo que le van a hacer cuando se le metan a la sala de la casa, es un exceso de democracia. No saben nada de inclusión ni les importa, y les irrita que las decisiones populares desvíen el rumbo de los negocios. Este par de leyes, de aprobarse, pasarán al examen de constitucionalidad por la corte, una prueba más como las miles que ha habido desde el 91, que intentan coartar el espíritu de la democracia participativa que rige a la Constitución. Democracia sí, dicen estos proyectos de ley. Sí, pero sin pueblito.

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