Liberalización, derechos y banalización: ¿más abortos que nacimientos?

El 16 de mayo de 2019 la BBC tituló una noticia “Groenlandia: el país donde hay más abortos que nacimientos”. La noticia tiene que ser impactante para cualquiera que la lea, especialmente por el contenido de los datos que se desprenden de la investigación que le da origen. La razón del aumento exponencial de abortos se puede resumir en una frase: la normalización y banalización de la conducta. Los testimonios son claros. Las mujeres se realizan abortos de manera casi rutinaria y ni siquiera se preocupan por utilizar métodos anticonceptivos, porque si quedan en embarazo pueden acudir con mucha facilidad a un procedimiento abortivo, a libre demanda y gratuito. No existe ningún nivel de prevención de embarazos no deseados, ni mucho menos políticas de prevención o reducción de los abortos. Por el contrario, esta se presenta como la mejor y más fácil solución, incluso como método de control de natalidad.

Esto contrasta abiertamente con una afirmación constante de los grupos que abogan por la liberalización total del aborto, según quienes esta liberalización permite un progreso importante de las sociedades pues además de proteger a las mujeres, también reduce el número de abortos. Pero hay que tener mucho cuidado con este argumento, porque la evidencia en Colombia parece confirmar exactamente lo contrario.

De hecho, no es un secreto para nadie que después de la sentencia C-355/06 que despenalizó el aborto en tres causales que la propia sentencia denominó como “extremas”, en la práctica, especialmente por la amplísima interpretación de la causal de salud mental, en Colombia tenemos aborto libre. Esto no lo decimos nosotras. Lo dijeron expresamente las “Viejas Verdes” (“en Colombia todo embarazo no deseado se puede interrumpir legalmente por causal de *salud mental*”); lo dijo expresamente el Director Médico de Profamilia en 2020 (“si me dice que desde que está embarazada ha tenido sentimientos de desesperanza, ahí está, con que escriba eso en la historia es suficiente, y con eso hago el certificado”); lo dice la propia página de Profamilia (“recuerda que el aborto es un derecho y es legal en Colombia”) ¿Y entonces? Si esta es la realidad, ¿por qué no revisar de una vez las cifras? ¿Esta liberalización sí ha traído la reducción de abortos en Colombia? La respuesta es contundente: ¡No! ¡Todo lo contrario!

Revisando las cifras e informes de gestión de Profamilia (una sola de las muchas IPS en el país que realizan abortos), en 2017 “se incrementó en un 63% el número de abortos prestados, dentro de lo que la Sentencia C-355 estipula, realizando un total de 10.514 Interrupciones Voluntarias del Embarazo en todo el país” y “así mismo, se logró un avance técnico en la atención al realizar 348 abortos de segundo y tercer trimestre de gestación.” El incremento ha seguido siendo exponencial. En 2018, por ejemplo, Profamilia estableció en su informe de gestión que “se realizaron 16.878 abortos, lo que significa un crecimiento del 60,5% con respecto al año pasado”. Es decir, el incremento en dos años ha sido de más del 120%. Y aquí vale la pena aclarar que esto de ninguna manera significa que los abortos que se han denominado como “inseguros” se hayan reducido en Colombia, ya en 2008 se hablaba de una cifra de alrededor de 400.000 abortos clandestinos, y según el propio informe de Profamilia en 2017 esta sigue siendo la misma cifra de abortos clandestinos. Entonces, si no estamos reduciendo los abortos clandestinos, y los abortos legales siguen en aumento, ¿cuál es la prevención o disminución que se ha logrado con la despenalización?

En este país en el que se sospecha y desconfía de muchas empresas y negocios, resulta extraño que no se sospeche de la del aborto, una industria que según la investigación realizada por LA FM en cuatro años “recibió de recursos del sistema de salud cerca de $ 100.000 millones de pesos”. Sería interesante que se investigara cuántos negocios e industrias tienen estos niveles de crecimiento y rentabilidad, y si estos incrementos son posibles sin ningún tipo de promoción de los servicios, o si son posibles cuando estas industrias, según sus defensores, lo que quieren supuestamente es reducir el número de servicios que ofrecen, porque están comprometidas con prevenir y reducir abortos.

Pero además, la noticia de Groenlandia debería llevarnos a revisar con cuidado los informes de 1997 (Armenia), 2006 (Cuba) y 2006 (ex República Yugoslava de Macedonia) del Comité de la CEDAW, órgano que interpreta la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas. En estos informes, el Comité nota con preocupación que el aborto continúa usándose como método de control de natalidad en distintos lugares del mundo. Esto es muy problemático, pues Groenlandia puede ser una radiografía de lo que ocurre o puede ocurrir en diversas sociedades en las que las políticas de liberalización del aborto se presentan como la mejor salida a los embarazos en crisis, en cambio de atacar las causas que han llevado a que dichos embarazos se produzcan o que las mujeres no tengan el apoyo y medios suficientes para llevarlos a término.

Por eso, reiteramos que la responsabilidad que tiene en sus manos la Corte Constitucional no es nada menor. El considerar al aborto como un derecho fundamental que se puede ejercer a libre demanda y debe ser proporcionado por el sistema de salud libremente, de manera gratuita, y en cualquier momento del embarazo, es problemático desde el punto de vista jurídico y genera consecuencias devastadoras. Es problemático, porque como hemos dicho en oportunidades anteriores, de conformidad con la teoría internacional y constitucional de los derechos humanos, determinar la existencia de un derecho al aborto implica que el Estado tendrá la obligación de promoverlo ¿no existe un acuerdo justamente sobre lo contrario, esto es, sobre prevenir el aborto?

Pero además, el símbolo del “derecho fundamental” termina por convencer a las mujeres y a la sociedad que el aborto es una conducta deseable y que representa la mejor y más fácil solución a los embarazos en crisis. Y, en últimas, lo devastador es que la banalización y la normalización del aborto nos hace olvidarnos e invisibilizar cada día más que el que está por nacer es un ser humano, que también sufre, y que es digno de ser protegido, según lo establecen claramente nuestra Constitución Política y numerosos tratados de derechos humanos.

Más allá de las etiquetas o de los discursos ideológicos, este es un tema que requiere mayor nivel de análisis, pues está en juego nada más y nada menos que la banalización de la muerte de miles de seres humanos en el vientre. Por eso, la Corte no se puede equivocar, no puede tomar una decisión que desconoce por completo al ser humano que será abortado y las consecuencias negativas que ya se vislumbran en sociedades como Groenlandia, en donde por demás resulta preocupante que, aunque se alega que este tipo de políticas de liberalización llevan a una mejor calidad de vida, las tasas de suicidio sean tan alarmantes (83 suicidios por cada 100.000 personas al año).

No hay que olvidar que los discursos deshumanizantes han conducido a la comisión de los peores crímenes, bajo el supuesto amparo de la ley. Por ello, la Corte Constitucional debe pensarse muy bien si quiere ser la catalizadora de un discurso que puede llevar a la sociedad a normalizar la eliminación de millones de seres humanos. En un mundo en que cada año se realizan más de 73 millones de abortos por embarazos no deseados, si la prioridad es transformar el aborto en un derecho en vez de concentrar los debates en eliminar las causas que nos llevan a ese número tan escandaloso de abortos, mientras que las instituciones que los realizan reciben cada vez más recursos ¿no deberíamos cuestionarnos como es que estamos midiendo el progreso?