Libia y la seguridad humana

Algunos presidentes en el mundo, como los de Venezuela, Ecuador, Bolivia, India y Rusia, han calificado el ataque aprobado por la ONU contra Muamar Gadafi como una agresión contra la soberanía de Libia, lo que es una equivocación de fondo teniendo en cuenta que el concepto de soberanía ha cambiado radicalmente. Hoy prima la seguridad humana sobre la estatal, se ha limitado la soberanía de los Estados a favor de los individuos, una mirada que implica responsabilidad del gobernante para con los derechos humanos de los ciudadanos, no su capacidad de decisión para violarlos.

Desde los años 70 se inició un cambio evidente en este terreno, al organizarse, por parte de defensores de derechos humanos, movilizaciones por la amnistía de presos políticos, básicamente. En los 80, cuando las amnistías se empezaron a percibir más como símbolos de impunidad, pues las dictaduras militares, que ya estaban desgastadas, las decretaban para sí mismas, las asociaciones de víctimas y sus abogados defensores trabajaron para hacer visibles las violaciones de derechos por parte de los dictadores y esos mismos casos de autoamnistías ante foros internacionales.

En los procesos de transición –o que aspiran a serlo-, cuando el dictador está sintiendo pasos de animal grande, la violación de los derechos humanos toma unas dimensiones mayores en magnitud y en gravedad (torturas, desapariciones forzadas, masacres) y muchas veces es la opinión pública la que, informada por los medios que hoy en día transmiten paso a paso y desde dentro de los escenarios de conflicto, presiona por la intervención.

La Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía Estatal, que publicó un informe para la ONU sobre “La Responsabilidad de Proteger”, concluye que si el Estado no es capaz de garantizar a sus ciudadanos la protección de los Derechos Humanos, esta responsabilidad recae en la comunidad internacional, no solo ante las crisis humanitarias sino también ante la reconstrucción de los Estados que caigan en la anarquía, en la dictadura o en el conflicto. Hoy, entonces, es claro que la impunidad no será, en principio, tolerada y que ayudar sin intervenir es prácticamente imposible.

En contraposición se podría decir que si bien estas intervenciones tienen, en general, respaldo, también es cierto que se mueven en un espectro de relativismos y zonas grises que las convierten en una herramienta peligrosa, como la condición de que el uso de la fuerza debe ser el último recurso, de que los medios deben ser proporcionales, de que cualquier intervención debe ser llevada a cabo por una autoridad legítima y una serie de factores que nos hacen recordar las condiciones de la guerra justa de siglos atrás.
 
¿Cómo saber si, efectivamente, ese es el último recurso o no hay otros que no se han agotado? ¿Para todos es claro que el Consejo de Seguridad, con sus cinco miembros con derecho al veto, es una autoridad legítima? ¿Para una población que está siendo azotada por la fuerza estatal, una andanada adicional de bombardeos será considerada proporcional y justa, teniendo en cuenta los daños colaterales y de “fuego amigo” que siempre se presentan en estas ocasiones? Son preguntas difíciles de responder y está claro las respuestas nunca serán de acogida universal.