Viacrucis de exfuncionario de la difunta caja agraria

No cabe en la mente de nadie, que un ciudadano por reclamar sus derechos y acreencias laborales, finalmente resulte enfrentando demandas penales, con detención domiciliaria y amenazado de muerte; todo orquestado por los mismos jueces, magistrados y abogados corruptos, que por eludir responsabilidades, convierten los estrados judiciales en verdaderos escenarios de pugilatos jurídicos.

El señor Hernando Ramirez Arboleda, empezó a prestar sus servicios a la liquidada Caja Agraria, varios años antes que entrara en liquidación. Cuando se entró en este proceso, el funcionario encargado no tuvo en cuenta que el señor Ramírez Arboleda, por pertenecer al sindicato de la entidad, estaba cobijado por fuero sindical.  

Al proceder a destituirlo en forma irregular, violándole los más elementales derechos, el señor Ramírez Arboled, inició acción judicial reclamando su reintegro y la cancelación de todos los salarios y prestaciones dejados de devengar desde la fecha de destitución, hasta la de reintegro.

Por sentencia: T-323/2005, en respuesta a una acción de tutela interpuesta por Hernando Ramírez, se le ordena al liquidador el reintegro y pago de todos los salarios y prestaciones sociales debidas hasta el momento, sin que a la fecha, después de casi veinte años de batallas jurídicas, la entidad encargada que finalmente debe dar cumplimiento: “Fiduprevisora S.A,”, ha hecho caso omiso de tales mandatos y por lo tanto se niega a cancelar al señor Ramírez Arboleda lo que por Ley le corresponde.

Varios medios de comunicación se han referido a tan vergonzoso incumplimiento de una orden judicial, dentro de la cual el señor liquidador fue sancionado con varios días de arresto por incumplirla.

Fiduprevisora, que maneja los remanentes de la caja agraria en liquidación, además de estar cometiendo serie de irregularidades, ha hecho caso omiso de esta orden judicial, argumentando que el demandante ya recibió el pago de las indemnizaciones y acreencias, lo que es totalmente falso, como lo certifica el señor Ramírez en varios documentos.  

En un Estado de Derecho, cuando existen fallos judiciales que cumplir, son obligaciones que no pueden dilatarse, quién así actúe, debe sufrir todo el rigor de la Ley, puesto que es convertir los tribunales en escenarios del delito, donde se escudan los delincuentes de cuello blanco para interpretar los fallos a su acomodo.

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