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Opinión

  • | 2018/11/01 03:23

    ¿Listas cerradas ya?

    Uno de los aspectos que afecta más la discusión de las reformas políticas y en general de todas las reglas que impactan el proceso electoral es la temporalidad de su aplicación.

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 Existe un consenso sobre la necesidad de evitar que los cambios se produzcan en fechas cercanas a las elecciones por dos razones, la primera que es necesario un proceso de adaptación a las nuevas normas, y la segunda que es posible que los actores que definen la reforma empiecen a utilizar la misma para mejorar sus condiciones en la contienda electoral.

En el caso de la reforma política que se está discutiendo en el Congreso ocurre exactamente esta situación. El corazón de la reforma consiste en establecer las listas cerradas, pues solo mediante dicha reforma es posible institucionalizar los partidos y combatir la corrupción, pero la posibilidad de que sean implementadas en 2019 es problemática y riesgosa.

En el sistema actual, los candidatos son los dueños de los votos y las curules, así que el partido cumple una función secundaria pues su única herramienta de control de las aspiraciones de los políticos es la decisión de incluirlos en la lista y el número que ocuparán en ella. Esto hace que el partido sea muy débil mientras que los políticos son muy poderosos. Nuestros partidos son básicamente asociaciones de coordinación estratégica entre candidatos, pero no son instrumentos de definición de las agendas políticas, ni plataformas de cambio para la sociedad. Para terminar de agravar la situación, como existen muchos partidos es muy fácil para los políticos desertar e irse a otro partido o trasladar los votos a algún familiar con mayor libertad para aspirar por otro partido.

El carácter personalista de la política colombiana empezó en el Frente Nacional y no en el 91 como creen muchos. En el periodo frente nacionalista la competencia se realizaba más al interior de los partidos que contra el rival político, pues al fin y al cabo, liberales y conservadores tenían cada uno asegurada la mitad de la torta. En esas condiciones el desafío consistía en saber cómo repartir la mitad al interior de cada colectividad. Surgieron entonces en cada departamento y municipio los directorios de los distintos grupos, el Ospino Pastranismo contra el Laureano Alvarismo en el sector conservador y posteriormente el Belisarismo. En el liberalismo los grupos se dividieron primero, en torno a los sectores Lleristas y Lopistas, y después apareció el Turbayismo.

La Constitución de 1991 cometió el error de pensar que los partidos eran grupos monolíticos y abrió las compuertas de las divisiones territoriales al crear la circunscripción nacional y de esa manera romper los diques departamentales que contenían las aspiraciones individuales. Los efectos fueron terribles, se agravó el personalismo, se encarecieron las campañas y se incrementó la corrupción, incluida las alianzas con grupos criminales.

La reforma de 2003 eliminó la multiplicidad de listas, pero al mantener el voto preferente sus efectos fueron nulos sobre el personalismo, los costos y la corrupción política. Es claro entonces que para ordenar el sistema político, la lista cerrada es la mejor solución, aunque no esté exenta de problemas pues implica resolver varias dificultades: primero, la definición de las reglas de selección de candidatos al interior de los partidos; segundo, el mecanismo de solución de controversias cuando esas reglas se incumplan y tercero, el mecanismo de financiamiento de las campañas.

Ninguna de esas tres condiciones se puede resolver en el año 2019. En materia de reglas, los partidos deben antes que nada saber quienes son sus miembros, si no tienen registros de sus afiliados es imposible que exista la democracia interna pues para tomar decisiones se requiere conocer de antemano quiénes pueden participar en las decisiones. En materia de solución de conflictos, se requiere un árbitro creíble. Actualmente la autoridad electoral carece de capacidad para resolver controversias al interior de los partidos debido justamente a su origen partidario. Nadie confía en el árbitro cuando la contraparte lo selecciona.

Por último, la lista cerrada implica que exista un verdadero financiamiento público anticipado y preponderante. Sin recursos para apalancar las listas no es posible creer que los políticos van a estar en ellas.

Dado que es imposible aprobar una reforma en junio que resuelva estos problemas para un proceso electoral que empieza en julio, lo sensato es que las listas cerradas empiecen a operar en las elecciones parlamentarias de 2022. Para ese momento si habrá tiempo de tener registros de afiliados, mecanismos de democracia interna, instancias de resolución de controversias internas y recursos públicos anticipados para las campañas. Hasta el 2022 habrá tiempo, la pregunta es si habrá voluntad política.

Ex viceministro de Interior

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