Llegó el momento de una política de paz

La operación que condujo a la feliz liberación de 15 de los secuestrados que absurdamente mantuvo las FARC por años en las selvas del sur del país, es una nueva señal de que ha llegado el momento de la paz con este grupo guerrillero. Así lo reconoció Ingrid Betancur con lucidez en medio de la gran emoción que la embargaba el reencuentro con la libertad. Igualmente lo mencionó el ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, al final de su alocución en la que también con gran emoción anunciaba al país lo increíble: el “cerco humanitario” en el cual se había empecinado el gobierno, había dado los frutos que años de ires y venires del acuerdo humanitario no había logrado.

Ya venían acumulándose un rosario de indicadores del irreversible decaimiento de las Farc, una condición clave para pensar en la paz con esta agrupación. No en vano se ha venido ventilando en los últimos meses la idea de que estamos presenciando el fin del fin de este grupo guerrillero; perspectiva que sin duda se reforzó cuando se supo de la muerte de su líder legendario, alias Tirofijo. Funcionarios del gobierno han señalado que a este grupo se le acabó el tiempo y que está en un irreversible proceso de deterioro. Este se refleja en su repliegue hacia las fronteras, en la pérdida de la base popular en sus zonas históricas, y en el creciente número de combatientes que están desertando de sus filas. Un conocedor de estas lides, como es el ex comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo de El Salvador, Joaquín Villalobos, pronosticó tajantemente hace poco “las Farc están acabadas, no importa cuantos hombres y armas conserven”, algo que él ya había vaticinado al año de ponerse en marcha la política de Defensa y Seguridad Democrática. Ahora, con la liberación de Ingrid Betancur, de los tres norteamericanos y de once militares y policías se mermó considerablemente su capacidad de chantaje a la sociedad.

Lo anterior no significa que las Farc ya no tengan capacidad para hacer daño, pues de hecho mantienen una importante fuerza destructora. Sin embargo, tal capacidad ya no les da para que éstas crean seriamente que pueden cumplir su meta de tomarse el poder nacional por la vía armada. Es posible que las Farc o segmentos de ésta se radicalicen al igual que ha ocurrido con organizaciones terroristas como el IRA bajo circunstancias similares. Pero es imposible que vuelvan a los niveles que ostentaron en los noventa, los cuales si bien no daban para que cumpliesen con su plan estratégico, lograron poner al país de rodillas y doblegar su voluntad en una negociación sin sentido como fue la de San Vicente del Caguán.

Uno de los legados lamentables que le ha dejado al país los últimos veinte años de procesos de paz es que el Estado colombiano negocia con los alzados en armas bajo chantaje o cuando está en situación de inferioridad. Las negociaciones que llevaron a la desmovilización del M-19 a finales de los ochenta, se desencadenaron precisamente después de que este grupo secuestrara al dirigente conservador Alvaro Gómez. Con Pablo Escobar se acordó su entrega y reclusión en la Catedral, después de que el capo desplegara una estela de terror en las principales ciudades del país y secuestrara a un grupo de periodistas y personalidades del establecimiento. El proceso del Caguán con las Farc se inauguró precisamente después de varios golpes militares que condujeron a un clima de opinión que percibía que las Farc estaban ganando la guerra y que el Estado no estaba en capacidad de atajarlas. En medio de tal creencia se fortaleció el monstruo del paramilitarismo, con el cual también negociamos la paz después de haber masacrado a miles de colombianos, de haber desplazado a millones de campesinos, de haber asesinado a defensores de derechos humanos y en fin, de haber amedrentado con sus horripilantes actos a toda Colombia.

No es de extrañar entonces que por largos años los alzados en armas y en particular las Farc, hayan interpretado las ofertas de paz como una señal de debilidad del Estado. Hoy el gobierno está en una clara posición de ventaja para ofrecer una política de paz que complemente el esfuerzo militar hasta ahora desplegado. Las Farc, por su parte, deben reconocer que no hay marcha atrás y que no habrá más caguanes. Cabe esperar que el Alto Comisionado para la Paz deje de ocupar su tiempo haciendo propuestas para enfrentar el escándalo de la parapolítica y terciando en la disputa entre el Presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia, para dedicar todas sus energías en diseñar la política de paz que legalmente le compete a su oficina y que el país requiere en estos momentos. Una política que tire línea por lo menos en cuatro aspectos: cómo estructurar la negociación; cuáles serían los posibles contenidos de la agenda para no llegar con la famosa “página en blanco”; cómo conciliar un proceso de paz con las Farc con el de Justicia y Paz con los grupos paramilitares; y qué hacer en materia de desarme, desmovilización y reintegración para que no nos tomen por sorpresa como sucedió con los paramilitares.

Como dijo Joaquín Villalobos, las Farc perdieron su oportunidad de oro de llegar a unos acuerdos de paz muy favorables a sus intereses en el Caguán. Al gobierno no le puede pasar lo mismo en este momento.