Los dilemas de la reforma

Por andar pendiente del referendo y sus vaivenes, el país poca o ninguna atención le ha prestado al Acto Legislativo sobre reforma política, el cual ya fue aprobado en primera vuelta en el Congreso.

Fruto de un pacto político en virtud al cual en los primeros debates no se debería dar mayor discusión para que ésta se presentara con toda intensidad en la segunda vuelta, el proyecto ha terminado convertido en una colcha de retazos, con cosas bastantes positivas y otras tantas que son francamente inconvenientes o utópicas.

Arranquemos con los aspectos positivos. Desde hace rato es claro que uno de los cuellos de botella de nuestro sistema político es el origen y composición del Consejo Nacional Electoral. Actualmente, éste es un apéndice de los partidos, lo cual obviamente impide que actúe con independencia. El esquema es tan absurdo como tener de juez en un partido entre Millonarios y Santa Fe al presidente de alguno de los equipos. Por eso, el cambio propuesto en el sentido de que los miembros de dicho consejo se asemejen a los magistrados es pertinente en aras de un proceso democrático más claro, transparente y con garantías para todo el mundo.

El segundo gran acierto del proyecto es que se le mete de frente al tema de la organización partidista. Nada se saca con lograr un mayor aglutinamiento en las elecciones (a través del umbral y la cifra repartidora), si una vez se está en la corporación los elegidos actúan sin Dios ni ley respondiendo exclusivamente a sus intereses. En ese sentido, crear bancadas es un imperativo para mejorar la calidad del debate democrático, simplificar el proceso legislativo y lograr que las colectividades se diferencien entre sí y defiendan proyectos distintos de sociedad. Eso sí, hay que mirar con detalle la letra menuda sobre la materia puesto que por querer enfrentar el tema de la desinstitucionalización partidista, se cae en un peligroso extremo de reglamentarismo.

Algo parecido sucede con el régimen de oposición. A una buena intención se le da un diseño institucional poco claro. En el articulado se contemplan aspectos progresistas como la ampliación del derecho de réplica y el mayor acceso a los medios de comunicación. Sin embargo, no se responde una pregunta esencial y elemental: quién es la oposición. En efecto, si no se determina cuáles son los requisitos (por ejemplo fijando porcentajes mínimos en las elecciones) para obtener estos beneficios, vamos a caer en el show de micropartidos y micromovimientos con muy poca representatividad que le replican al gobierno de turno lo divino y lo humano para ganar más exposición.

Otro gran tema para mirar con lupa es el de la financiación de los partidos y las campañas. Es claro que el sistema actual es imperfecto y ha hipotecado el interés público a ciertos intereses individuales. Pero plantear una financiación estatal total para todas las campañas, desde ediles hasta Presidente, es un remedio peor que la enfermedad. No sólo por el costo económico (que se calcula en 700.000 millones de pesos) sino porque burocratiza excesivamente la política y crea el riesgo de que sólo los grupos afines al gobierno de turno reciban los beneficios. Además, en tal sistema los grupos minoritarios terminan siendo los más perjudicados pues se genera un círculo vicioso: son pequeños porque no tienen recursos, y no tienen recursos porque son pequeños. Y eso por no hablar del incentivo perverso que se crea, pues los partidos ya no necesitarían buscar nuevos adherentes, sino que preferirían el fácil camino de vivir de la marrana estatal. Lo que la tendencia internacional muestra, es que es más lógico y deseable ponerle límites y restricciones a los montos de cada contribución, que embarcarse en la financiación estatal. Mientras en el mundo se imponen los sistemas mixtos de financiación, con mucho folclorismo nosotros queremos dar el paso (al vacío) a un sistema con más problemas que virtudes.

La otra gran mancha que tiene el proyecto es la introducción del voto preferente. ¡Qué contradicción! Por un lado se dice que al sistema lo está matando la personalización, y por el otro lado abrimos la compuerta para que se institucionalice la famosa operación avispa. Además, al no existir las listas únicas se hace aún más incomprensible la utilidad de este extraño ensayo de ingeniería constitucional criolla.

Ojalá que en la recta final de la discusión se afinen estos y muchos otros temas. No sea que se termine creando un verdadero Frankenstein al que nadie en su momento quiso ver.