Los incentivos de la guerra

La tensa relación entre Colombia y Venezuela está sujeta hoy día a diferentes incentivos que apuntan al rompimiento de las reglas de juego de las relaciones internacionales.

Robert Aumann, en su discurso de entrega del Nobel de economía en 2005, titulado “La Guerra y la Paz”, afirma que la guerra obedece a un comportamiento racional de los seres humanos y que por tanto puede ser estudiada. En este contexto, la racionalidad se entiende como un comportamiento en el que cada quien actúa en función de lo mejor para sus intereses.

Es así como a la racionalidad de la guerra subyacen incentivos, continúa Aumann, los cuales, bien sean económicos o políticos, pueden mover a los países hacia la confrontación violenta.

La vecindad y la historia hacen que Colombia y Venezuela estén obligadas a relacionarse permanentemente. Por esta razón, muchas decisiones importantes de tipo económico o político que se toman de manera unilateral pueden afectar a ambos países. Esto hace que las instituciones, entendidas como las reglas de juego que regulan la relación entre los países, sean necesarias para resolver bilateralmente los conflictos y, de esta forma, mantener los beneficios que dicha relación trae para ambos.

Desde la perspectiva de Aumann, sin embargo, uno de estos países en algún momento puede tener incentivos (económicos o políticos) para trasgredir las instituciones con el propósito de obtener algún beneficio mayor, el cual de otro modo no obtendría. Pero esta decisión agrede al otro país, lo que desencadena en una confrontación. Una vez dada la confrontación, los dos países se percatan que las pérdidas son muy altas, por lo que buscan de nuevo los mecanismos para recuperar la confianza y restablecer las instituciones. No obstante, los incentivos para trasgredir las instituciones están siempre latentes. Esta idea da cuenta de la importancia de los incentivos en la generación de conflictos violentos y el diseño de instituciones para resolverlos.

El gobierno colombiano en varias oportunidades ha tenido incentivos para violar las reglas de juego de las relaciones internacionales con el objetivo de generar resultados en la lucha contra las Farc. Esto lo muestra la captura ilegal de Rodrigo Granda en territorio venezolano en 2004, el bombardeo sobre Ecuador para dar de baja a Raúl Reyes en 2008 y actualmente el acuerdo para el uso por parte de los Estados Unidos de siete bases militares colombianas, acuerdo que se ha convertido en un elemento desestabilizador en la región.
 
Aun cuando la intención tal vez no era generar confrontación con estos países, el hecho es que han sido agresiones motivadas por el incentivo de obtener una ganancia puntual en la lucha contra las Farc que tal vez no se hubiera obtenido en el caso de haberse respetado las instancias institucionales con los vecinos.

La ruptura de la institucionalidad por parte de Venezuela, actuando por los propios incentivos que encuentra, también ha desembocado en confrontaciones con Colombia. Esto se evidencia, por ejemplo, en los excesos del mandatario venezolano en el proceso de mediación para la liberación de los secuestrados en 2007 o en sus repetidas manifestaciones de legitimación de la lucha revolucionaria en Colombia. En ambos casos, el incentivo estaba asociado al protagonismo personal del mandatario y al intento de rescatar políticamente a las Farc para su proyecto bolivariano.

Pero incluso hay incentivos que van más lejos y se relacionan directamente con los beneficios que la confrontación trae para los dos gobiernos. Es decir, tanto Chávez como Uribe se favorecen del conflicto porque ambos conducen sus discursos sobre la base del maniqueísmo político. Por esta razón, ellos necesitan que existan enemigos que justifiquen su permanencia en el poder. Para Chávez, el enemigo es el “imperio” norteamericano y Uribe por ser aliado de ellos. Y para Uribe, Chávez y las Farc significan lo mismo, es decir son un peligro para Colombia.

Todas estas agresiones, no obstante, tienen fuertes repercusiones negativas para ambos países. Es así como la actual crisis, desatada por el acuerdo sobre el uso de las bases militares en Colombia, ha llevado a consecuencias negativas que ya se sienten en el plano económico bilateral con el cierre de la frontera y la caída del comercio.

Siguiendo el razonamiento de Aumann, en algún momento los países en confrontación se percatarán del grave daño que produce la violación de las reglas de juego y buscarán reactivar los mecanismos institucionales que procuren reconstruir la confianza y la cooperación. Así ha sucedido rutinariamente entre Colombia y Venezuela en el pasado.

Sin embargo, después de tantas agresiones, la relación entre los dos países ha llegado a un punto tal de degradación que la reconstrucción de las relaciones de modo bilateral es cada vez menos factible. Por esto, el papel de los países mediadores y de los organismos multilaterales es fundamental.

En este contexto surgen entonces dos preguntas: ¿cuánto tardarán las instituciones regionales (UNASUR, OEA, países mediadores, etc.) para lograr la reconstrucción de las relaciones? Y, aún más importante, ¿es el diseño institucional regional lo suficientemente sólido como para garantizar en el largo plazo que se desactiven los incentivos para el conflicto violento?