Los límites del ser humano ante la corrupción

El martes siguiente, en el banco donde adelantamos diligencias normales de pagos de cuotas crediticias, había una fila larga. Desde adelante alguien nos saludó y nos hizo señas para que nos fuéramos hacia él con lo que nos habríamos ahorrado unos 10 espacios. Bajamos nuestras miradas al piso e hicimos como si nadie nos hubiera advertido.

En ambos casos sentimos que teníamos un límite interno que no nos permitió pasarnos de un carril a otro, ni saltarnos la tediosa fila bancaria.

No somos perfectos, pero tenemos límites que nos hacen actuar en la línea de la regla. Es el límite que todos como ciudadanos y servidores públicos debemos aplicar rigurosamente.

Cuando una persona que desempeña una función pública en cualquier rama del poder político, si en su ejercicio quebranta esos límites internos y se deja permear por la corrupción, está midiendo su vida en torno a sus límites, que no son los límites de los demás.

Quien cree que está haciéndose bien cada vez que irrumpe los linderos de la moral y la ética, morirá convencido que impuso su ley, pero no es así, primero, porque su límite no es el límite de los demás, y segundo, porque su arbitrio para hacer el mal llega hasta la línea de los derechos de sus semejantes y por eso muy seguramente terminará entre rejas.

Nos preguntamos, si en los casos que hieren al país por cuenta de la incesante corrupción, ¿existen límites en la conciencia de sus actores?

Entonces, en el caso de las protestas estudiantiles, si bien es admisible el rechazo a la tacañería con la que los gobernantes administran el concepto de educación, ¿tienen esos muchachos conciencia del daño que causan destruyendo el mobiliario y los bienes del Estado que todos tenemos que pagar? ¿Qué límite tienen ante estos sucesos nefastos para la sociedad?

En cambio, sí creemos que el señor Procurador General de la Nación Fernando Carrillo Flórez le está imponiendo los límites del ejercicio disciplinario a los corruptos rectores que malversan los recursos de la educación pública con las indagaciones que está aperturando por hechos visiblementes perversos en la adquisición de bienes y servicios a costos que superan 400% el valor real.

Que los regentes de las universidades públicas se tengan porque el Procurador ha entendido que una forma de apoyar a los estudiantes inconformes es cuidar los recursos destinados para la educación.

También nos preguntamos si el testigo estrella del caso Odebrecht, quien falleció en una absoluta incertidumbre, y quien por las noticias evidenciamos que le contó todo al Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira, si éste ¿era conocedor de la corrupción que desde hace años venía advirtiéndole Pizano? ¿Y si conocía de los hechos, por qué hasta ahora se solicita un fiscal ad-hoc a la Corte Suprema de Justicia? Es importante conocer las respuestas para determinar si el Fiscal no le contó la verdad al país sobre el caso más sonado e investigado por él mismo y sus delegados.

¿Aplicó el fiscal los límites del ser humano en sus actuaciones? ¿Cuánto daríamos todos por conocer hasta dónde llegan esos límites morales y éticos, además de los normativos, de nuestros dirigentes?

No se entiende cómo el Fiscal fungió en calidad de abogado de primera línea y confianza del Grupo de Luis Carlos Sarmiento Ángulo, entre cuyas empresas estaba Corficolombiana, asociada con Odebrecht, después como súperministro, cargo en el que tenía un poder omnímodo y después resulta elegido en el cargo de control penal más importante del país. Con este recorrido se constituyó en parte, asesor, autoridad administrativa y luego juez. ¡A imagen y semejanza del Espíritu Santo!

¡Le exigimos señor Fiscal Martínez Neira las cuentas que el país quiere oír y no a título de ad-hoc ni bajo ninguna otra excusa porque usted debió declararse impedido en temas en los que tenía intereses directos porque ya sabía que constituían delitos!

(*) Abogado Constitucionalista.