LOS MALOS DEL PASEO

DESDE HACE MUCHO TIEMPO SE VOLvió lugar común afirmar que el Congreso es la peor de las tres ramas del poder público en Colombia. Sin embargo, de un tiempo para acá, los hechos están demostrando que podemos estar muy equivocados: ese título se lo está ganando con creces la rama judicial.
Aquello de que en Colombia no hay justicia se ha repetido tantas veces y desde hace tanto tiempo que la frase merecería estar ya en el escudo nacional. Jueces pobres, juzgados pobres, falta de recursos, desorganización, errores de diseño en los sistemas judiciales y, en grado menor, la corrupción de algunos funcionarios han sido desde siempre las explicaciones a esta especie de maldición colombiana que es la impunidad.
Los altos magistrados de la Corte y del Consejo de Estado han estado siempre por fuera del diagnóstico general de la justicia y se han rodeado de una aureola de hombres serios y probos, que están por encima del bien y del mal, que los ha hecho impermeables a esos cuestionamientos terrenales.
Los parlamentarios, en cambio, tienen que salir todos los días a la calle con sombrilla de acero para defenderse de lo que les llueve encima desde todos los sectores de la actividad nacional: vagos, corruptos, turistas, manzanillos, demagogos... Al punto que cuando a alguien se le ocurre hacer una encuesta ciudadana sobre el comportamiento de los parlamentarios, obtiene siempre la misma respuesta negativa.
Sin embargo si uno analiza el resultado final del trabajo de los parlamentarios, que son las leyes, encuentra un esquema jurídico relativamente coherente, civilizado y de beneficio general para el país. Pero si hace el balance de lo que ocurre hoy con los altos tribunales de la justicia, el resultado es desastroso.
Basta mirar unos pocos ejemplos para darse cuenta de que a los magistrados hay que exigirles un mínimo de responsabilidad social y política (ellos son una creación política), y dejar la falacia de los hombres puros esculcando el alma de los textos jurídicos, cuando su ejercicio demuestra que no lo son.
El desorden que armó la Corte Constitucional con un fallo de apariencia caprichosa mediante el cual cambió su postura anterior sobre las transferencias de recursos de la Nación a los municipios, causó un problema gravísimo de supervivencia en poblaciones de todo el país y enfrentó seriamente al poder regional con el central. Tuvo el gobierno que inventarse trucos de mago para enderezar semejante locura.
La decisión de la Corte Constitucional de modificar el fuero militar armó un jaleo similar. Además de la parte filosófica del asunto -en la cual cada cual hace de su capa un sayo-, la determinación de la Corte dejó a los militares con un sistema de juicios imposible de llevar a la práctica. Es decir que cambió un sistema por ninguno, en una decisión dividida, y obligó de nuevo al gobierno a idearse trucos para restablecer el esquema original.
El caso de la famosa dosis personal de droga algo más explicable como decisión desde la óptica de la libertad individual -sigue siendo una referencia obligatoria en todos los foros internacionales cuando se habla de Colombiadomo una narcodemocracia. No por la decisión en sí sino por su oportunidad, pues al haber sido adoptada en plena pelea con Estados Unidos sobre el tema, fue entendida como un acto de provocación deliberado.
Y el más aberrante de todos: la decisión del Consejo de Estado de hacer una sutil variación de una interpretación de la Corte sobre la edad límite para ocupar la Fiscalía, con un as consecuencias que hubieran podido ser devastadoras para el país: tumbar de un plumazo al fiscal Alfonso Valdivieso. Afortunadamente, al final de la semana pasada el Consejo decidió echar para atrás esa postura, en una decisión en la que parece haber tenido mucho que ver la presión de la opinión pública.
Es un secreto a voces que hay una pelea feroz entre estos tribunales por la supremacía dentro del Poder Judicial, y muchos atribuyen a esta pugna algunos de los fallos mencionados aquí. Es tan serio el distanciamiento que el gobierno ha tenido que servir de mediador porque los honorables magistrados no se hablan siquiera entre sí.
Desde la reforma constitucional de 1991 se ha sentido el afán de los altos tribunales de justicia por aumentar su poder a través de su gestión, y desde hace tiempo se está hablando en Colombia de que llegó el gobierno de los jueces. Entonces, ya que la rama judicial ha resuelto gobernar, es hora de que rinda cuentas por los resultados de su gobierno.