Los pájaros tirándoles a las escopetas

Así de absurdo resulta el desafío que le ha impuesto a la libertad de expresión y de información en el país la insólita decisión del juez que ordenó el arresto de Alejandro Santos, director de esta revista, por haber desacatado un fallo de tutela a favor de José Alfredo Escobar, el magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que saltó a la fama por cuenta de su afición a los botines italianos. (Sí, cómo no, se trata de los mismos botines que le fueron regalados al magistrado por el controvertido Giorgio Sale, y que según la mujer de Escobar Araújo, para entonces secretaria general de la Procuraduría, "fueron de todo su gusto". El regalito, bueno es recordarlo, les costó caro al magistrado y a su mujer: él tuvo que renunciar al cargo de presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y su mujer al de la Procuraduría. Sin embargo, al magistrado no se le ha abierto ninguna investigación por cuenta de ese regalito, a diferencia de otros colegas suyos quienes han sido denunciados por el gobierno Uribe ante la comisión de acusaciones. (Eso es lo que yo llamo un magistrado con suerte.)

Luego del incidente de los botines, la revista publicó una información en la que se le vinculaba a Ascencio Reyes, otro oscuro personaje muy cercano al fiscal Iguarán, y se transcribieron apartes de un discurso en que el magistrado se preciaba de esa amistad. Acto seguido, Escobar Araújo entuteló a la revista con el argumento de que el artículo lo relacionaba con personas ligadas indirectamente al narcotráfico. No obstante, cosa curiosa, no negó que él hubiera pronunciado esas palabras sobre Ascencio Reyes, sino que las había dicho en otro evento distinto al señalado por la publicación, como si el hecho de que el medio se hubiera equivocado de lugar le quitara fuerza y veracidad a la información suministrada. En resumidas cuentas, la revista rectificó la información no solo una sino dos veces, pero el magistrado consideró que las dos eran insuficientes porque no fueron publicadas en la carátula de la revista.

Bueno es recordar que la familia Escobar Araújo no es cualquier familia. Una hermana suya estuvo casada con el nunca bien ponderado Reginaldo Bray, protagonista del escándalo millonario de Dragacol, y otra hermana suya, Ana Milena Escobar, salió al inicio de este gobierno, de manera estrepitosa de la presidencia del Convenio Andrés Bello, luego de que varios medios, entre ellos SEMANA, denunciaran irregularidades en la contratación y conflictos de interés bajo su gestión. Todos ellos son hijos de Hugo Escobar Sierra, un hombre de derechas que fue quien redactó el estatuto de seguridad en el gobierno de Turbay como ministro de Justicia y que acusó injustamente a los jesuitas del Cinep de pertenecer a la guerrilla. En el momento de su muerte estaba con resolución de acusación por el escándalo de Dragacol, el mismo que por vías tortuosas terminó en prescripción para varios de los acusados.

Independientemente de si la revista debió o no haber rectificado, -yo personalmente no lo hubiera hecho-, es evidente que la decisión del juez al ordenar el arresto del director de SEMANA no solo resulta desproporcionada y arbitraria, como bien lo afirmó en su momento la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, sino que deja muy mal parados al magistrado José Alfredo Escobar y al juez. Como magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura él es su jefe máximo. Y entre sus funciones no sólo está la de crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir tribunales, sino la de administrar la carrera judicial. En un hecho como estos, lo más ético habría sido que el juez se hubiera declarado impedido por tratarse de un caso en que tenía interés uno de sus jefes. A lo sumo ese juez ha debido de ser recusado, sobre todo si de por medio está la libertad de información; pero lo que ha ocurrido es lo mismo que los pájaros tirándoles a las escopetas. Mal mensaje se le está dando a nuestra democracia si se meten a la cárcel a los periodistas mientras se aplica sin mayor problema el principio de oportunidad a los pillos que defraudan a los colombianos en las pirámides.