Los regalos de la reforma Duque-Restrepo

Drácula sangraba a sus víctimas. La reforma Duque-Restrepo también y, para atraer dólares sea como sea, encima regalos a otros vampiros: prestamistas y calificadoras de riesgo, al Fondo Monetario Internacional (FMI), a evasores como Panama Papers, y redime a concesionarios y financiadores de los sistemas de transporte.

El regalo a fondos internacionales de capital. El artículo 8 fija en 0 por ciento la tarifa de retención en la fuente para “valores de renta fija pública o privada o derivados financieros con subyacentes en valores de renta fija”. Es decir, los inversores en esos papeles, como los Títulos del Tesoro (TES), verían incrementadas sus utilidades, en particular los extranjeros. No es la primera vez: Duque lo hizo en 2019, en la Ley 2010, al bajar esa retención de 14 por ciento a 5, pero la lleva a 0 precisamente cuando, a diciembre de 2020, las inversiones foráneas en TES alcanzaban “máximos históricos” por 86,53 billones de pesos (SEMANA) y el ministro Restrepo decía en junio que “la inversión extranjera en títulos de deuda pública TES alcanzó récord de 10,8 billones de pesos” (Twitter).Convierte a Colombia en edén fiscal para seducir especuladores.

A calificadoras de riesgo, buitres y FMI. Fuera de lo anterior, para saciarlos, brindarles garantías y acatar compromisos con el FMI, Drácula cambiará la fórmula para la regla fiscal, el mecanismo ideado para el control presupuestal que permitía un pequeño porcentaje del PIB como diferencia máxima entre el gasto total y el ingreso total del Gobierno.

En el artículo 30, para asegurarles a prestadores, a Standard & Poor’s y similares y al FMI que se respetará a toda costa el servicio de la deuda, el cálculo del porcentaje de dicha regla se hará antes de deducir el pago de los créditos, sobre lo que se llama balance primario. En palabras sencillas: si desde 2015 el apretón se daba abarcando todas las partidas, en adelante no incluirá la cuota del endeudamiento, será intocable, y acortará más el gasto para bienestar social.

A Panama Papers. Se refiere a la “normalización” de capitales fugados al exterior, para especular o en finca raíz, o a activos no declarados o deudas inexistentes presentadas. La Ley 1739 de 2014 la cubrió hasta 2018 y se prorrogó en 2019 y 2020. Inició con tarifa de tributación del 10 por ciento, contra el valor de mercado de lo “normalizado”, subió luego a 13, después a 15 y Drácula la eleva a 17 hasta 2022. Con una ganga: aplicará sobre la mitad de los recursos omitidos, si duran al menos dos años en el país. ¡Plop! (artículo 1-6).

Desde 2015 hasta 2020, la “normalización” suma 25,3 billones de pesos (SEMANA) y ha recaudado apenas 1,77 billones (Dian). No solo no importa la fuente de los dineros, sino que se contradice a la Corte, que la declaró exequible solo si era “temporal”, y Duque la volvió constante. Dicen expertos: “Son amnistías disfrazadas… afectan la cultura tributaria… erosionan la recaudación” (Global Consulting).Premia la evasión de todo orden, abierta o encubierta.

A bancos y concesionarios de transporte. Remunerará los contratos clase TransMilenio, la criatura de Peñalosa tan favorable para los concesionarios, donde los gestores oficiales cubren la diferencia entre lo que se les reconoce por pasajero y el precio en taquilla. Con Uribe II se replicaron por Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y Pereira.

El artículo 24 beneficia al oligopolio transportista y también a los bancos que apalancan la operación, porque la crisis puso a gatas a las ciudades para honrar los leoninos contratos, algunos con tasa de ganancia del 9 por ciento, como la otorgada por Peñalosa en 2018.

Es descomunal el monto que correrá por cuenta de todos los contribuyentes del país. En Bogotá, en 2020, se cubrieron 1,84 billones de pesos y en 2021 en junio iban 1,05 billones (M. Sarmiento). En Cartagena se avisa un faltante para cierre de año por 68.000 millones; en Bucaramanga en 2020 fue de 102.000; en Pereira acumula 45.500 y en Cali los ingresos diarios del MIO eran 12.457 millones antes de la pandemia y hace poco no llegaban a 3.000 (La República). La cuenta sumaría más de dos billones de pesos para que el PNB Paribas, JP Morgan o los titularizadores bursátiles de la operación respiren tranquilos.

Los concesionarios no harán sacrificios, pese a que unos como Consorcio Express (Bogotá) hayan tenido ingresos por 670.789 millones en 2020, más que el Metro de Medellín, y una exorbitante utilidad neta sobre el patrimonio de 36,6 por ciento (Dinero). Se honrará tal abuso.

Drácula motiva la opacidad fiscal; instala una “ventanilla siniestra” para todo tipo de flujos; se rinde ante capitales buitres y el FMI; mima al oligopolio del transporte y sus socios y, más importante aún, devela en quiénes el Gobierno de Duque ha depositado la suerte de la nación.