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Opinión

  • | 2018/08/09 00:21

    Del discurso populista a los hechos contra la corrupción

    El discurso de lucha contra la corrupción está de moda. Por un lado, el próximo 26 de agosto se utilizará por primera vez el mecanismo de la consulta popular para darle un mandato al Congreso y al Presidente en siete temas que los promotores de la llamada “consulta anticorrupción” consideran clave para que esa lucha sea más efectiva.

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Por otro lado, el primer paquete de iniciativas legislativas del gobierno del presidente Iván Duque incluye varias medidas dirigidas a enfrentar la corrupción, algunas de ellas coincidentes con la consulta.

Aun cuando es positivo que el creciente rechazo de la opinión pública a la corrupción haya obligado a diferentes actores políticos a enfocarse en el tema, surgen varias preguntas: ¿Son las medidas propuestas efectivas? ¿Son suficientes? ¿Qué otras deben considerarse? 

Buena parte de la corrupción se origina en la forma como se financian las campañas políticas. A eso apunta, en parte, el proyecto de reforma política que presentó Duque, que por cierto recoge varios puntos de los que propuso el gobierno Santos y que el pasado Congreso hundió. La eliminación del voto preferente es clave, pero insuficiente. Se debe replantear por completo el sistema de financiación de las campañas políticas y la forma como se hace campaña en Colombia. De lo contrario, esta reforma simplemente trasladará la competencia que hoy genera el voto preferente –con los desbordados costos de campaña y la superación de los topes de financiación- a las elecciones primarias internas de los partidos, donde se presentarán exactamente los mismos vicios que hoy tienen las elecciones. Si ello ocurre, no solo no estaremos haciendo absolutamente nada contra la corrupción, sino que aumentaremos los gastos totales de las campañas y el costo que tiene el proceso democrático para el Estado. 

Para que sean las ideas y propuestas las que definan las elecciones hay que poner reglas más claras y estrictas sobre cuándo se puede hacer campaña y cómo se financia. Sea privada, mixta o pública la financiación, se necesita que una entidad como la UIAF se pueda poner en la tarea de detectar recursos no declarados o ilegales que terminan financiando campañas políticas y hacen inequitativa la competencia entre candidatos, premiando a quienes infringen la normatividad electoral. También se necesita que un nuevo Consejo Electoral, independiente de los partidos, haga auditoría en tiempo real a cualquier gasto o acto de campaña. 

Un tema clave que ni la consulta ni las propuestas del gobierno abordan, es la necesidad de regular el cabildeo o lobby. Esa actividad está permitida en la Constitución pues es normal que en una democracia diferentes sectores y actores quieran que su posición sea tenida en cuenta en las decisiones que toman las autoridades del Estado. El problema es que el cabildeo no está reglamentado y eso se presta para que muchos contactos se vuelvan corrupción y tratos indebidos por debajo de la mesa. Es urgente establecer medidas para evitar que en las relaciones entre privados y funcionarios públicos ocurran todo tipo de influencias indebidas y presiones corruptas. Presenté dos veces ese proyecto al Congreso y solo avanzó hasta el tercer debate. Si el Gobierno Duque quiere hacer mucho más transparente la relación entre el sector privado y el público tiene que ponerle reglas claras al cabildeo.

 Tampoco abordan los proyectos del gobierno ni la consulta lo relativo a las denuncias de corrupción. Este punto tiene dos componentes: hay que facilitar la denuncia de los casos de corrupción y hay que crear un sistema de protección a los denunciantes. En el primer punto, resulta clave crear un canal de denuncias de corrupción que le facilite al denunciante informar a las autoridades competentes. Un denunciante no tiene por qué saber si algo tiene implicaciones penales, disciplinarias o fiscales, tampoco tiene por qué saber a quién debe dirigirse en cada caso. Eso lo debe hacer el Estado. Y eso se logra creando un sistema que reciba las denuncias, las analice y les dé el trámite que corresponde. Otro grave problema es que hoy al que denuncia un hecho de corrupción lo echan del trabajo o lo persiguen. Es fundamental, entonces, proteger a los denunciantes frente a posibles agresiones físicas, persecuciones laborales o de cualquier otro tipo.

 Otra herramienta clave en esta lucha tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información. Aun cuando avanzamos en este campo con la Ley 1712 de 2014, se necesita un nuevo impulso. Para que haya verdadero control social, la información que manejan los servidores y funcionarios públicos debe ser de fácil acceso para cualquier ciudadano. A eso apunta el tema de rendición de cuentas, pero exigir que presenten un informe y que entreguen su declaración de renta no ha sido ni será suficiente. Hay que cambiar ya la idea de la rendición de cuentas como un acto que deben hacer periódicamente los funcionarios o las entidades. La verdadera rendición de cuentas es una acción continua, es un dialogo permanente con la ciudadanía, es explicar lo que se está haciendo y tener la capacidad para que la retroalimentación de la ciudadanía, eventualmente, se tenga en cuenta para mejorar la labor que cumple el funcionario o la entidad. 

En los compromisos que adquirió el gobierno Santos en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto está buena parte de lo que se necesita. Además de apuntarle a la promoción de una nueva cultura en el manejo de la información pública, debe apelarse al garrote de la Procuraduría cuando la opacidad sea la regla de un funcionario. No es posible que las entidades tomen a veces meses para responder derechos de petición y que las respuestas apunten a ocultar la información en lugar de revelarla.

 Al portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda hay que darle un vuelco. Hay que volverlo una herramienta que le permita a cualquier colombiano, sin importar su grado de instrucción, hacerle seguimiento a cada peso del Estado, desde la planeación hasta la ejecución. Si alguien quiere saber todo lo relativo a la obra que están haciendo en su barrio, debe poder acceder fácilmente a toda la información: cómo se contrató, quién es el contratista, cuánto vale, quién hace la interventoría, cuáles son los plazos y si se están cumpliendo o no, etc.. Esa información debe ser presentada de manera sencilla y directa, para que la posibilidad de entenderla no sea un privilegio de los abogados especializados en contratación estatal sino un derecho del ciudadano de a pie. Lo mismo debe suceder con cualquier gran obra de infraestructura.

 Una herramienta así serviría más para luchar contra la corrupción que todas las medidas que tanto la consulta como los proyectos del gobierno plantean en términos de transparencia. “La luz del sol es el mejor desinfectante”, decía Louis Brandeis, un magistrado estadounidense a principios del siglo 20. 

Estas medidas y muchas más están en la política nacional anticorrupción, pero no se han implementado aún. Algunas requieren cambios normativos, pero muchas otras podrían implementarse si tan solo existiera la voluntad política y, con ella, los recursos necesarios. No basta con hablar de corrupción y montar sobre ese discurso una campaña populista y efectista. Si de veras se quiere luchar contra la corrupción, lo que hay que hacer es destinar los recursos y las herramientas para que las leyes que existen funcionen, en lugar de andar peleando por quién tuvo tal o cual iniciativa. Es el momento de aprovechar el impulso del nuevo Gobierno así como el mandato de los colombianos que van a votar en la consulta para se reforme lo que requiera reforma y se ponga en práctica lo que ya existe pero no se ha implementado.

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