Desde hace 40 años, el 23 de julio de 1962, Colombia suscribió un acuerdo de cooperación con Estados Unidos que permite a sus militares permanecer en nuestro país para "brindar ayuda logística, entrenamiento de combate y asesoría e inteligencia". Con base en este instrumento el país según, sus circunstancias, ha apelado a la ayuda americana para procurar solventar sus graves problemas de orden público.

Durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana, este acuerdo cobró un auge particular por su decisión de fortalecer nuestra fuerza pública, para afrontar la escalada de la insurgencia y el paramilitarísmo y volver a recuperar la superioridad militar, puesta gravemente en riesgo durante el gobierno del presidente Samper, cuando nuestro Ejército sufrió graves derrotas militares ante las Farc.

La decisión del gobierno Clinton de apoyarnos se facilitó por la recuperación de la credibilidad de Colombia en el combate contra el narcotráfico y por la legitimidad internacional de las Fuerzas Armadas, restaurada por su nueva conducta de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

El asesinato de los tres indigenistas norteamericanos por parte de las Farc fue el punto culminante para el escalamiento de la inversión y sirvió de motor para cambiar la orientación del Fondo de Inversiones para la Paz, FIP, que habíamos construido para atender las exigencias de la mesa de negociación con la guerrilla, el grave problema de los desplazados y el fomento de los cultivos alternativos para reemplazar la coca y la amapola. No puede olvidarse que cuando el 'Mono Jojoy' fue enterado por su hermano Grannobles que los americanos habían sido vilmente asesinados expresó, en palabras que no puede repetir ni siquiera la comunicación virtual, que ese había sido el más grave error político que había cometido las Farc en toda su historia.

Así se construyó el Plan Colombia con un fuerte contenido de apoyo militar (mil doscientos cincuenta millones de dólares en permanente incremento) que comprendió tanto suministros de equipos, de tecnología de inteligencia y de entrenamiento.

Por supuesto para llevar a cabo estos propósitos era solo necesaria la aprobación del Presidente de la República, porque las acciones previstas estaban estrictamente encuadradas en el acuerdo de 1961.

Con la caída o el derribamiento de la avioneta en el Caguán y sus cinco tripulantes, cuatro de ellos contratistas norteamericanos, el asesinato de un colombiano y un norteamericano y el secuestro de los tres extranjeros sobrevivientes por parte de las Farc, la situación otra vez se ha agravado y sufrió un cambio súbito con el anuncio, por un vocero el gobierno de Bush, que el número de asesores sería incrementado con el envío de 150 soldados para lo cual hacía uso del waiver otorgado por el Congreso Americano, al aprobar la ayuda militar, y así poder sobrepasar la cifra límite de 400 asesores militares puesto que se "trataría de operaciones de búsqueda y rescate de civiles y militares" del plagio ejecutado por la guerrilla colombiana de tres de sus nacionales.

Muchos colombianos alzamos las voces para poner de presente que si esos soldados llegaban al país uniformados y equipados para combatir en nuestro territorio, era forzoso solicitar la aprobación del Senado de la República o del Consejo de Estado según lo prescribe Carta Magna. Recordamos entonces que durante el gobierno de Gaviria, a propósito de los marines que llegaron al Valle del Cauca, simplemente para prestar su apoyo a la comunidad en la construcción de escuelas, el Consejo de Estado, porque no estaba reunido el Congreso, reprendió al Presidente por no haber solicitado la aprobación previa.

Este debate sirvió para que tanto la señora Ministra de Defensa como el gobierno americano esclarecieran plenamente la naturaleza de la función que ejecutarían dichos soldados que se limitarían a colaborar en el rastreo de las operaciones de búsqueda y al uso de elementos técnicos, pero no a actuar en las operaciones de rescate propiamente dichas. Además fuentes del Congreso norteamericano indicaron que son 49 asesores que "hacen parte del Pentágono y en su mayoría son expertos en inteligencia, comunicaciones y planeación estratégica".

Hay que decir que el temperamento de la opinión pública colombiana es el de apoyar sin restricciones la llegada de tropas extranjeras para combatir a la guerrilla y esta tendencia se ha incrementado fuertemente después de los actos terroristas del Club El Nogal y de Neiva. Las encuestas enseñan que ese apoyo fluctúa entre un 80 y un 90 por ciento.

Quienes nos escandalizamos con esta actitud que comprometería la soberanía colombiana alterando valores sustantivos de nuestra nacionalidad, nos cuesta trabajo admitir que la globalización haya llegado a estos extremos. La particular vulnerabilidad actual de la situación colombiana, significa un grave riesgo para intervenciones no deseadas frente a las teorías, hoy en boga dentro de la comunidad internacional, del "deber de injerencia" que ya se puso en ejecución en Somalia y en los Balcanes sin que, como había sido la doctrina tradicional, se exigiera al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la aprobación previa de los gobiernos concernidos.

La complejidad del tema se agudiza dado el hecho de que las Farc han manifestado que a los rehenes solo les podrán "garantizar su vida y su integridad física si el Ejército colombiano suspende de forma inmediata los operativos militares". Esta declaración ha sido repudiada por el Gobierno Nacional, las Naciones Unidas y por Human Rights Watchs.

Asimismo las Farc han comunicado que solo liberarán a los rehenes "junto con los prisioneros de guerra (sic) del Estado Colombiano una vez se materialice el canje en una amplia zona desmilitarizada". Esa es una posición compleja que dificulta aún más el trabajo de la "Comisión Facilitadora" autorizada antes de este plagio por el gobierno para hacer los contactos que conduzcan a una reunión entre negociadores de Uribe y la guerrilla para un intercambio humanitario.

Ya los Estados Unidos han reiterado su posición invariable de que su gobierno no negocia con terroristas, que es la calificación que les ha dado a las Farc y que se ha visto reforzada por la reciente resolución de la OEA adoptada por consenso donde calificó como "terroristas" los actos recientes de esa insurgencia armada.

Así que, aunque parece resuelto el tema de la presencia de los soldados, queda un largo camino por recorrer que afectará notablemente el curso de las hipotéticas negociaciones humanitarias y de paz.

*Ex canciller