Todo parece indicar que el fiscal Néstor Humberto Martínez está ad portas de llegar a la absurda conclusión de que el gran cerebro del escándalo de los 84.000 millones en sobornos de Odebrecht es Luis Fernando Andrade, el exdirector de la ANI, él único de toda la cadena probatoria que no recibió plata ni ordenó el pago de sobornos.

A Andrade se le acusa de haber aprobado y firmado un otrosí para la construcción de la carretera Ocaña-Gamarra como producto de una presión ejercida por un poderoso lobby de políticos, instigado por Odebrecht. Sin embargo, la Fiscalía no ha podido probarle que recibió sobornos ni que su decisión de adicionar esa carretera fue impuesta por presiones de Odebrecht o de sus políticos a sueldo.

Su situación no puede ser más kafkiana: Néstor Humberto Martínez, quien, según denuncia del senador Robledo, dio un concepto jurídico dándole vía libre a ese otrosí cuando fungía de abogado del consorcio Ruta del Sol II y quien, además, firmó el Conpes en que se aprobó esa adición cuando se desempeñaba como ministro de la Presidencia, hoy está al mando de la Fiscalía que lo investiga. ¡Cataplum!

Mientras a Luis Fernando Andrade se le imputaron ocho cargos y espera el inicio de su juicio en detención domiciliaria –el juez de garantías negó la petición de la Fiscalía para que se le encarcelara en La Picota–, todos los que pagaron los sobornos están libres.

Luis Bueno y Eleuberto Martorelli, los dos altos ejecutivos que representaron a la multinacional en Colombia, están frescos en Brasil, trabajando un acuerdo de oportunidad con la Fiscalía colombiana con el objetivo de que les suspendan los cargos por cohecho a cambio de su delación. Los demás ejecutivos brasileños se le volaron a la Fiscalía, como Eder Ferracuti, gerente de la Ruta del Sol II, de la que Corficolombiana –empresa de propiedad de Luis Carlos Sarmiento– es socia en un 33 por ciento.

En el país, el único colombiano imputado por haber ordenado sobornos ha sido José Elías Melo, quien era el gerente de Corficolombiana en el momento de los hechos. Sin embargo, la Fiscalía solo le imputó cargos por el soborno inicial de 6,5 millones de dólares que admitió haber recibido el exministro de Uribe, Gabriel García en 2009, pero no se le hicieron cargos por los otros 30 millones de dólares que habrían salido de la Ruta del Sol II. (Ver columna).

Recientemente, un juez de garantías determinó que José Elías Melo podía salir libre porque ya la Fiscalía había terminado la etapa de recolección de pruebas. A diferencia de Andrade, Melo espera su juicio disfrutando de libertad.

Desde su casa por cárcel, el exdirector de la ANI ha visto cómo se le aumentan los cargos en la medida en que se acerca su juicio. Al principio de ese calvario le hicieron seis cargos, pero hace poco le imputaron dos más: celebración indebida de contratos y falsedad en documento privado. Hoy Andrade es la persona vinculada al escándalo con más cargos en su contra y teme que puedan venir más. Ya lo llamaron a declarar por el diseño de un puente en Ruta del Sol III, cuyo contrato ni siquiera fue firmado por él. Quien lo firmó, German Córdoba, actual secretario general de Cambio Radical, ni siquiera ha sido llamado a interrogatorio.

Resulta inquietante que el funcionario que más le paró el macho a Odebrecht y al consorcio Ruta del Sol II sea el que más imputaciones tiene. Andrade fue quien diseñó las 4G y no aceptó cambiar los términos de la licitación como se lo propuso Odebrecht porque los consideró lesivos para la Nación. Por ser un funcionario íntegro, la multinacional brasileña no participó en esa licitación, hecho que le evitó al país un descalabro que tendría hoy a muchas de esas licitaciones en el limbo. Tampoco cedió a las presiones que le aconsejaron agachar la cerviz ante las reclamaciones por más de un billón de pesos alegadas por el concesionario Ruta del Sol II. Consiguió bajar en 300.000 millones esas pretensiones y no le tembló la mano para declarar la caducidad del contrato de Navelena. Pero, sobre todo, se opuso a la fórmula que quería imponer el consorcio Ruta del Sol II para calcular la liquidación del contrato, que le iba a permitir a sus socios quedarse con un remanente de 700.000 millones de pesos, después del pago de las deudas. Nunca se imaginó que oponerse a que el consorcio de Ruta del Sol II no terminara ganándose, de una liquidación producto del soborno, 700.000 millones de pesos le fuera a salir tan costoso.
¿Podrá la Fiscalía de NHM deshacerse de sus conflictos de interés y desnudar la verdad todavía oculta en este escándalo? ¿Podrá NHM descubrir por qué se cayó el puente de Chirajara, cuya concesionaria también es de propiedad de su antiguo cliente, Luis Carlos Sarmiento? ¿… O acaso va a terminar echándole la culpa al constructor, la parte más débil de la cadena, como hasta ahora ha sucedido con Luis Fernando Andrade…?

CODA: una Fiscalía tan proclive a los poderosos no es el mejor aliciente para que Claudia Morales abandone su silencio y le cuente a la Justicia quién es ese hombre tan poderoso que la violó hace casi 15 años cuando ella trabajaba para él.