Maduro, el usurpador

Lo que ha sucedido en Venezuela es un golpe de Estado con todas las letras. Se ha violado el orden constitucional para ejecutar las decisiones de la cúpula de un partido que se ha visto intempestivamente privado de su máximo caudillo. El Tribunal Supremo de Justicia, máximo organismo constitucional del país vecino, ha entregado el poder a un usurpador, el señor Maduro, quien nunca ha sacado un solo voto para ser elegido a ningún cargo. Legalmente, en Venezuela no hay gobierno.

En efecto, a diferencia de Colombia y de Argentina, países donde el vicepresidente es elegido por el pueblo en la misma fórmula presidencial, en Venezuela el vicepresidente es nombrado o destituido por el presidente, según su voluntad o capricho. El presidente Chávez tenía un mandato constitucional que fenecía el 10 de enero y por tanto en esta misma fecha terminaban legalmente sus funciones el vicepresidente y todos sus ministros. Para que Maduro y los ministros pudieran seguir ejerciendo constitucionalmente sus funciones se necesitaba que el presidente electo, Hugo Chávez, se hubiera posesionado y los hubiera ratificado en sus respectivos cargos. Como Chávez no se ha posesionado, esos personajes no han sido legalmente nombrados por nadie y, por tanto, están ejerciendo sus respectivos cargos de manera ilegal, es decir, usurpándolos.

Hace menos de tres años el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sentenció que “el acto de juramentación del jefe del Ejecutivo estadal constituye una solemnidad imprescindible para la asunción de la magistratura estadal y, por tanto, condiciona la producción de efectos los jurídicos de una de las funciones esenciales de los entes políticos territoriales…”. También, en otro falló, sentenció que “sólo es admisible la prórroga del lapso constitucional en caso de que no exista previsión para el reemplazo”. Antes del agravamiento del estado de salud de Chávez, según el mismo Tribunal todo estaba claro para que, ante la imposibilidad de un acto de juramentación, que se considera imprescindible, el presidente fuera reemplazado, de manera temporal o definitiva, siguiendo las disposiciones constitucionales para darle salida a cada uno de los dos casos.

Pero el Tribunal Supremo de Justicia resolvió contradecir sus propios fallos y salirse por la tangente: primero, ahora no considera que el acto de juramentación sea imprescindible y, segundo, contra toda lógica, no cree que la falta del presidente sea ni temporal ni definitiva. Ahora, siguiendo las órdenes de la dirigencia política chavista, la que a su vez sigue las orientaciones que le llegan desde el gobierno castrista de Cuba de manera absurda y totalmente ilegal, el Tribunal ha decidido que el permiso que la Asamblea Nacional le dio al presidente Chávez es totalmente indefinido y se podría prolongar durante los próximos seis años, es decir, durante todo el período presidencial, con lo cual dejó abierta la posibilidad de que el señor Maduro lo reemplace sin límite alguno de tiempo.

La decisión del Tribunal de marras le tuerce el pescuezo de manera grosera a la Constitución, es un insulto a la inteligencia de los venezolanos y no les otorga ninguna legitimidad a los funcionarios que están usurpando hoy el poder. Adicionalmente, sus actos de gobierno podrían ser absolutamente nulos, por tener origen precisamente en una usurpación de autoridad. Así lo estable la misma Constitución de Venezuela en su artículo 138, el cual señala que “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”. En consecuencia, al día de hoy, Venezuela carece de un gobierno legítimo, y los usurpadores no deberían ser reconocidos por los gobiernos democráticos de la región, si hubiera consecuencia y coherencia política.

Pero eso no abunda y, por el contrario, lo que cunde es el mal ejemplo, como es el caso de la OEA, cuyo secretario general, el señor Insulza, descartó las acusaciones de la oposición venezolana sobre una alteración del orden constitucional y avaló la decisión del susodicho Tribunal. La Mesa de Unidad Democrática alertó tempranamente a la OEA sobre esta situación y sobre la inminente violación de los artículos 3,4 y 20 de la Carta Democrática Interamericana. Ahora ha criticado el apresuramiento de Insulza por pronunciarse de fondo sobre la cuestión sin haberla ponderado y sin haber recibido los argumentos de la oposición sobre la complicidad de los tres poderes públicos que en Venezuela se han confabulado para violentar la Constitución. Insulza responde que la OEA actúa sólo cuando hay crisis entre los poderes del Estado de un país, pero no cuando estos están de acuerdo. ¿Incluso para violar la Constitución, señor Insulza?

A juzgar por el apoyo de los gobiernos bolivarianos y del silencio cómplice y calculado del resto, la arbitrariedad se ha vuelto a enseñorear y el atropello impune a las normas que se vive en Venezuela sienta otro mal antecedente para la democracia en la región.