Mala medicina

La Andi ha propuesto que se cree un impuesto transitorio sobre la nómina para ampliar el programa Ingreso Solidario creado por el Gobierno nacional para aliviar la situación de ciertos grupos sociales afectados por la pandemia a los que no podía llegar a través de los mecanismos ordinarios de apoyo. La fórmula consiste en ampliar ese programa para que cubra un millón y medio de personas adicionales hasta el fin del año. Para financiarlo propone un nuevo gravamen parafiscal equivalente al 0.75 or ciento de la nómina que se pagaría durante dos años a partir de enero.  

Aplaudiendo la solidaridad de la elite empresarial, cabe discutir el instrumento que propone en la generación de trabajo formal. Téngase en cuenta que más del 60 or ciento de los trabajadores labora en la informalidad con todas las consecuencias negativas que esa condición implica, entre ellas la de percibir ingresos inferiores al mínimo legal y no tener acceso a un sistema de protección para los riesgos de invalidez, vejez y muerte.

No hay más remedio, entonces, que repetir esta banalidad. Si el valor agregado que el empleador recibe del trabajador es inferior al costo de los salarios, prestaciones y parafiscales, incluido el nuevo que se propone, la lógica más elemental conduce a que ese empleo desaparezca. Nadie ofrece empleo a menos que al hacerlo obtenga un beneficio económico.  Cuestión diferente, como lo hemos observado, es que los empresarios, ante la crisis que padecemos, realicen esfuerzos denodados para no despedir a sus trabajadores.

Los salarios de enganche en la generalidad de las empresas afiliadas a ese gremio son mayores al salario mínimo. Pueden, por ende, asumir el encarecimiento de la mano de obra que el nuevo impuesto representa transfiriéndolo luego a los consumidores, lo cual resulta relativamente fácil en una economía cerrada como, en buena parte, es la nuestra.

Por el contrario, en sectores en los que el nivel de remuneración promedio es igual o muy poco superior al mínimo, el empleador, si no puede transferir el costo subiendo precios, no le queda más remedio que despedir al empleado o migrar hacia la informalidad. Como el nivel de competencia es, por regla general, mayor en los sectores de baja tecnología, la posibilidad de recuperar el costo adicional mediante ajustes de precios puede no ser una alternativa viable. Por último, para aquellos pequeños empresarios que quisieran formalizarse el incremento de los tributos asociados al empleo los aleja de ese objetivo.

Todo esto es grave, además, porque la informalidad está asociada a la baja productividad; porque el empresario informal, por definición, no paga los impuestos generales de renta, iva e ica; y porque las autoridades tributarias, en la medida en que avanzan en la instauración de la factura electrónica, le están llegando a muchos pequeños emprendimientos que siempre han operado al margen del sistema impositivo.  Para evitar una situación que puede ser socialmente explosiva, se requiere facilitarles a esos millones de pequeños empresarios el acceso a la legalidad, no entorpecérsela con nuevos gravámenes.

Una de las lecciones que hemos consolidado durante la pandemia consiste en que pobreza e informalidad van de la mano. Esa circunstancia explica, a su vez, dos cosas: que la pobreza, o la posibilidad de regresar a ella, son elevadas cuando se vive en la informalidad; y que esta dificulta enormemente acceder a los beneficiarios de los programas sociales. Esto último sucede a pesar de los esfuerzos del gobierno -y de los bancos que actúan como intermediarios- para entregar los recursos a quienes deben recibirlos.  

Una importante enseñanza que ya habíamos asimilado proviene de la reforma impositiva de 2012. La reducción de los parafiscales hizo posible un auge inusitado del empleo formal a pesar de que el empleo total tenía un bajo dinamismo, prueba evidente de que existe una fuerte correlación entre parafiscalidad e informalidad. La ancha brecha existente entre formalidad e informalidad ayuda, a su vez, a explicar la falta de equidad social. Los ricos tienden a ser formales, los pobres casi sin excepción son informales. Y por último: un impuesto nuevo al trabajo golpea a las empresas pequeñas que suelen ser intensivas en mano de obra y acelera la sustitución de hombres por maquinas.

Cabe preguntarse si la iniciativa de la Andi goza de respaldo en el conjunto de los empresarios. Lo que para sus afiliados puede resultar aceptable, quizás no lo sea para las empresas pequeñas en los sectores de la industria, la construcción, el comercio, el agro y muchos servicios que tienen sus propios gremios que confluyen en el Consejo Gremial Nacional.

El mecanismo adecuado para financiar el loable proyecto social que se propone es otro: mantener abierto el ducto del gasto público extraordinario, financiado, como ha venido sucediendo, con volúmenes mayores de endeudamiento. Por supuesto, ese curso de acción tiene límites infranqueables: el Estado no debe asumir pasivos mayores que los que pueda servir en un determinado horizonte temporal y supuestos unos determinados ingresos.

Naturalmente, esas deudas que el Estado está asumiendo las tendremos que pagar entre todos mediante impuestos, venta de activos, reducción de gastos, o una combinación de estas opciones. Una reforma tributaria seria -no otro remiendo- es indispensable pero no ya aunque convendría empezar a debatirla de inmediato. La iniciativa de la Andi implicaría, a menos que el gobierno se le midiera a una nueva declaratoria de emergencia económica -alternativa improbable por razones jurídicas que no analizaré- a presentar un proyecto de ley en esta legislatura que recién comienza. ¡Por favor, no abramos esa caja de Pandora! Todos sabemos que lo que se lleva al Congreso casi nunca es lo que este aprueba.