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Un tratado para Arias:

Que cada quien crea si Andrés Felipe Arias es inocente o no. Lo cierto es que el gobierno ha dado bandazos muy malucos frente a su extradición.

José Manuel Acevedo M., José Manuel Acevedo M.
21 de enero de 2017

No pretendo discutir si el exministro Andrés Felipe Arias es inocente o no, si se le fue la mano a la Corte Suprema de Justicia en su condena o si su juzgamiento fue político y no jurídico. Cada quien tendrá una respetable opinión sobre este asunto. De lo que sí estoy seguro, en cambio, es que el gobierno no ha parado de contradecirse en este caso y que la ojeriza que le tiene a Arias se evidencia con cada bandazo en el que incurren los responsables de participar en el asunto desde el Ejecutivo. “Sólo los idiotas no cambian de opinión”, dirá el presidente Santos y en este caso el gobierno sí que ha cambiado vergonzosamente de parecer.

Vamos a los hechos: en 1979 Estados Unidos y Colombia firmaron un tratado de extradición aprobado en nuestro país por la ley 27 de 1980. Sin embargo, esa ley fue declarada inexequible por la Corte Suprema en 1987 con lo cual el tratado no es jurídicamente aplicable. Pese a ello, el acto legislativo no. 1 de 1997 permitió que la extradición pudiera solicitarse o concederse por la vía de nuevos tratados públicos o de leyes como la que da vida al Código de Procedimiento Penal que sólo rige en Colombia, como es apenas obvio.

Así fue como el presidente Santos (modelo 2011) dijo en el caso de la extradición del narcotraficante Walid Makled capturado en nuestro país lo siguiente: “yo estoy obligado a cumplir con la Constitución y con las leyes, voy a seguir por ese camino. Nosotros tenemos un acuerdo de extradición con Venezuela, no con Estados Unidos”. Años más tarde, Santos (modelo 2016), su gobierno y su cancillería, están afirmando que el tratado sí existe y que en virtud del mismo, EEUU debería enviar al exministro de inmediato a Colombia. ¿Así o más evidente el conveniente cambio de opinión?

Pero al presidente lo acompañaron en sus declaraciones originales, el ministro de justicia y, ¡sorpréndanse!, también la propia Cancillería que en un derecho de petición contestado el 21 de noviembre de 2016 afirmaba que el tratado era inaplicable.

Sin embargo –y como sólo los idiotas no cambian de opinión– la misma funcionaria que firmaba este documento, la doctora Alejandra Valencia, directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue la encargada de proyectar un pronunciamiento verbal en el caso de Arias tan solo un par de semanas después y sentenció sin ruborizarse que “la República de Colombia entiende que las solicitudes de extradición que formula a las autoridades de los Estados Unidos de América, incluyendo la solicitud de extradición del señor Andrés Felipe Arias Leiva, se fundamentan y tramitan de conformidad con las disposiciones previstas en el Tratado de 1979”.

¿Pero al fin qué doctora Valencia y señores de la Cancillería?: ¿se aplica o no el tratado? ¿O es que se aplica cuando el involucrado es un miembro de la oposición pero no cuando es un narcotraficante como el tal Walid Makled?

Y no me digan que los actos legislativos que modifican las normas de la Constitución Política de Colombia son vinculantes para el gobierno gringo. O hay tratado bilateral que genera obligaciones para dos naciones o hay normas internas que le permiten a nuestro país hablar de extradición pero que sólo nos obligan a nosotros y a nadie más. Todo lo demás es carreta o más bien arma política para fregar a Arias a quien le invocan un tratado que, por lo visto, sólo se le aplica a él.

Lo que indigna en el fondo no es que traigan a Arias o que lo dejen allá. Lo que de verdad irrita es que el gobierno cambie chambonamente las reglas de juego cuando le da la gana y que aplique las normas a su entera conveniencia. Eso no es serio y, por el contrario, le da pretextos de sobra al uribismo para hablar de persecución. ¡Así cómo, señor presidente!... ¡Así cómo!

Twitter: @JoseMAcevedo