¡Cuidado con los falsos testigos!

El fenómeno de los falsos testigos es un cáncer que está devorando la credibilidad del sistema de justicia colombiano, ya que abre las puestas para que se cometan terribles injusticias con personas inocentes. Por lo tanto, se trata de un fenómeno que no solo acaba con la honra y el buen nombre de los individuos que se ven afectados por el testimonio de un testigo falso, sino que acaba con la credibilidad de las instituciones de justicia y esto es lo peor que le puede pasar a un país que pretende consolidarse como un Estado de Derecho. Casos tan aberrantes como los sucedidos con Sigifredo López, Luis Fernando Velasco, Nancy Patricia Gutiérrez son imperdonables, pero tristemente son cientos los casos de personas que no tienen los instrumentos necesarios ni la visibilidad para hacer valer sus derechos públicamente. La justicia colombiana hoy se ha constituido en un instrumento que promueve la desigualdad, la discriminación y la revancha política.
En los últimos cuatro años, la imagen negativa de la Corte Suprema de Justicia se duplicó: pasó del 30 al 63 por ciento. En el mismo lapso, la imagen favorable de esa corporación, reconocida históricamente por haber enfrentado azotes como la parapolítica y la narcopolítica, se desplomó del 61 al 28 por ciento. Rodrigo Uprimny se refiere al tema afirmando que “hay una tendencia creciente en la Rama Judicial a convertir la independencia judicial no en una garantía para los ciudadanos, sino en un instrumento corporativo para la defensa de los intereses personales de los jueces, incluso en detrimento del interés general.” Y para ir más allá, de acuerdo a un estudio realizado por Gustavo Moreno, autor del libro Fasos Testimonios, en el 2015 el 61% de los encuestados respondieron que no creen en la justicia, el 81% respondieron que creen que el sistema judicial del país está permeado por una problemática de falsos testigos, y el 73% dijeron que creen poder ser víctimas de falsos testigos.

Se pueden identificar muchos elementos que pueden ser la causa del problema de credibilidad en nuestro sistema de justicia, pero en lo que tiene que ver directamente con los falsos testimonios, considero que hay dos elementos que tienen un impacto de gran envergadura: las calidades y formación de los jueces dentro del sistema penal acusatorio, y los incentivos perversos que se derivan del llamado principio de oportunidad como mecanismo para reducción de penas.

Si bien en la mayoría de los países del mundo las confesiones de los presos son consideradas poco confiables, en Colombia el sistema judicial de otorga un gran valor al testimonio. El problema se volvió tan común, que la Fiscalía creó en el 2012 un grupo especial para investigar a los más de 3.000 condenados que se cree que fueron encarcelados con base en falsos testimonios. Desde cuando se creó este grupo especial se han resuelto unos cien casos. De hecho, algunos expertos atribuyen el surgimiento de los falsos testigos a la Ley de Justicia y Paz. Esta fue diseñada para garantizar la desmovilización de alrededor de 30.000 paramilitares. Bajo la ley, aprobada en el 2005, los ex paramilitares enfrentaron un máximo de ocho años en la cárcel por sus crímenes en el campo de batalla, pero su sentencia se podía ver reducida significativamente si delataban a sus superiores políticos o militares, lo que provocó que se multiplicaran los testigos dispuestos a mentir a cambio de reducir años de prisión.

El falso testimonio por lo tanto, se aprovecha de los vacíos y las fallas que han tenido la mayoría de sistemas jurídicos. Este se fundamenta en la naturaleza vengativa de los seres humanos o en los intereses e incentivos personales que puede haber detrás de llevar a cabo un crimen, sean estos sociales, morales, económicos o políticos. Así las cosas, es inminente hacer un análisis profundo al modelo de justicia colombiano que presenta cada vez una mayor debilidad institucional y que en efecto se está prestando para incurrir en prácticas que no deberían ser propias de un Estado de Derecho. Es necesario que la investigación sea técnica y no esté motivada por incentivos perversos.

Es necesario que se haga una mínima evaluación por parte del ente acusador para determinar qué testimonios deberán ser considerados como mínimamente válidos en un proceso judicial. No puede seguir pasando que personas sin escrúpulos lleguen a hacer señalamientos sin fundamento y con intereses de otra naturaleza. En Colombia, lamentablemente la carga de la prueba la lleva el acusado, cuando la Constitución expresa lo contrario: “todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

Pero a éste diagnóstico le falta una pata y esa pata es la reparación a las víctimas de falsos testigos. Dicha reparación debe incluir la retractación pública de los actores que los señalaron como culpables en su debido momento. Hoy existen los instrumentos jurídicos para procesar a los falsos testigos, sin embargo, es preciso equipararlo con el daño que puede provocar a nivel personal, profesional y humano. ¡Del mismo modo debe resarcirse el daño hecho al bien público! Es decir a la credibilidad misma de la administración de justicia así como de toda la institucionalidad de justicia. De no hacerlo a tiempo estaremos sujetos a que nos pase lo mismo que en Venezuela, donde le caso más emblemático y patético es el de Leopoldo López. No permitamos que esto nos llegue a pasar en Colombia.

@marcelaprietobo