El precio de la paz para las FARC

A esta hora debe haber crisis en La Habana. Iván Márquez debió golpear la mesa, Santrich sacar su bastón y los cinco voceros del presidente Juan Manuel Santos tratarán de explicar a la cúpula de las FARC que no ha pasado nada, que todo estaba calculado y que al final no pagarán cárcel, a pesar de la Corte Constitucional. ¡Tranquilos, eso lo resolvemos en el referendo!

Aunque el texto de la sentencia no se conoce, los dos boletines de prensa emitidos por el tribunal dejan claro que para efectos jurídicos el acto legislativo fue declarado exequible, pero para efectos prácticos, en lo esencial, que es impunidad para cabecillas de las FARC, el Marco ha muerto.

El gobierno Santos modificó la Constitución porque el marco constitucional existente respecto a justicia transicional, condensado en la sentencia C 370 del 2006 relativa a la Ley de Justicia y Paz, no le gustaba, tampoco a las FARC; “era muy débil para las AUC, pero muy estricto para la guerrilla”. Eso lo motivó a presentar un “marco” que permitiera consagrar la posibilidad de que la dirigencia del grupo no cumpliera pena efectiva de cárcel, aún si fueran condenados por crímenes de lesa humanidad y de guerra.

La oferta del gobierno a Timochenko y la “línea roja” trazada por este último es clara: “no pagar un solo día de cárcel”. Apostaron a que el Marco lo garantizara con la “suspensión de la ejecución de la pena” inmediata, incorporada en las sentencias de condena. Así, la hoja de ruta era sencilla: solo un grupo pequeño de miembros de las FARC serán investigados, juzgados y condenados. Los condenados no pagarían cárcel y podrían ir al Congreso y alguno como candidato a la Presidencia de la República.

Una oferta de impunidad que carecía de fundamento jurídico, como lo denunciaron activistas de derechos humanos, ong, organismos internacionales, abogados y ciudadanos indignados. Todos quedaron en el mismo saco para el gobierno: “Son enemigos de la paz!”

Ahora resulta que es la Corte la que reafirma que si bien es admisible la justicia transicional, la posibilidad de suspensión de la ejecución de la pena y de penas alternativas, así como de seleccionar crímenes para concentrar la actividad judicial e investigar a los máximos responsables, en ningún caso se puede obviar el cumplimiento de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos que obligan al Estado colombiano a investigar, juzgar y condenar a los perpetradores de graves violaciones.

Pero además señala que la ejecución de la pena no se puede suspender en su totalidad, es decir, no es posible lo que se proponían: que los cabecillas de las FARC no cumplan su pena.

Los magistrados no hacen otra cosa que interpretar la Carta de 1991 y las normas internacionales incorporadas a la misma en virtud del bloque de constitucionalidad. No son enemigos de la paz, ni representan interés partidista alguno. Cumplen con su función: asegurar la primacía de una constitución fundamentada en la dignidad humana y la prevalencia de los derechos humanos.

El gobierno insistirá en vericuetos jurídicos para jurar y rejurar a “Timo” y demás criminales que no van a pagar cárcel. Les dirán que el Marco permite penas alternativas como el trabajo comunitario y que la ley estatutaria que lo desarrolle establecerá esa posibilidad. Las FARC saben que son cantos de sirena. Con este antecedente lo lógico es que la Corte Constitucional no admita de ningún modo que frente a los máximos responsables y ante crímenes atroces se pretenda una forma de impunidad como esa.

La Señora Fiscal ante la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda lo había advertido en nombre de la comunidad internacional: no se puede prescindir de la pena y sólo se podría justificar su reducción bajo determinadas circunstancias, entre las que está “la prohibición de participar en la vida pública” y que “la condena inicial sea proporcional a la gravedad del crimen”. El “trabajo comunitario” no tiene nada de proporcional frente a una política de masacres, desaparición forzada y de reclutamiento de niños. 

La verdad, señores de las FARC, es que deben ir “haciéndose a la idea” de que sus crímenes no quedaran en la impunidad y que la comedia que les ofrecerá Santos terminará tarde que temprano llevándolos a la cárcel, sea en Colombia o en el exterior.

Asuman las consecuencias de sus crímenes contra la humanidad: pagarán cárcel, deben atender los derechos de las víctimas, no podrán participar en política y no tendrán el derecho a  gobernar a Colombia. Al fin y al cabo ustedes también deben pagar un precio por la paz. Es lo que queremos millones de colombianos: una paz justa.