Las vueltas que da la vida. Interceptaciones ilegales. Falsedades para justificar esas interceptaciones. Involucrar al Clan del Golfo en las investigaciones. Esas tres acusaciones las formuló el senador Gustavo Petro contra Néstor Humberto Martínez. Eran acusaciones falsas, sin fundamento, como ya se verá. En cambio, son hechos reales ocurridos durante el Gobierno Petro, que no niegan el presidente, ni el ministro de Defensa. En noviembre de 2020, durante un debate en el Senado, afirmó Petro: “Se efectuaron interceptaciones ilegales de números celulares, telefonía, IP, datos, correos, WhatsApp, Facebook, mensajes, videos, fotografías, alrededor del 19 de febrero de 2014, de un homicidio de un profesor de la Universidad Tecnológica del Chocó, proceso judicial, le pidieron al juez que autorizara unas interceptaciones, ese fue el modus operandi. Las interceptaciones se hicieron bajo varios objetivos, uno investigar el Clan del Golfo.

El objetivo inicial de la investigación era el esclarecimiento del homicidio, pero se aprovechó para controlar las comunicaciones del senador Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Álvaro Leyva Durán y los negociadores de La Habana. El señor Néstor Humberto Martínez, según este documento, estaba interceptando a un parlamentario actual y vigente español, el señor Enrique Santiago, a Humberto de la Calle, buscando elementos materiales probatorios que permitieran vincular a esas personas con las actividades criminales del Clan del Golfo”.

El documento citado por Petro estaba suscrito por un fiscal preso, Fabio Augusto Martínez Lugo, y por otro funcionario de la Fiscalía. Las acusaciones que Petro formuló basadas en el escrito del fiscal preso no tienen ningún valor porque posteriormente ese funcionario se retractó de todo lo dicho. La retractación fue categórica: “De manera libre y voluntaria, es mi deseo expresar excusas públicas al querellante y víctima señor exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, así como a las personas que resultaron afectadas al ser mencionadas en un documento publicado en medios de comunicación. Estas excusas se extienden a la sociedad colombiana y a todos a quienes les afectó las aseveraciones mencionadas, en las que se les señalaba de haber cometido conductas delictivas en contra de personas vinculadas con el proceso de paz. Después de una exhaustiva investigación, concluyo que los hechos no son ciertos.

Mi responsabilidad se fundamenta en no haber verificado el contenido de las mismas antes de ser divulgados, replicando de manera irresponsable lo mencionado por quienes decían conocer la verdad al respecto, por lo que todo lo afirmado no corresponde a la verdad, causando afrenta en el honor de los querellantes y otras personas”. Cuando se conoció la retractación, Petro no aclaró públicamente que había hecho un debate en el Senado con base en un testimonio que su autor posteriormente retiró de la circulación por falso. La fuente de Petro, el exfiscal Fabio Augusto Martínez Lugo, fue condenado el año pasado a siete años y tres meses de prisión por concierto para delinquir, fraude procesal, prevaricato por acción y violación ilícita de comunicaciones. Se demostró que ordenaba interceptaciones y vendía la información a cambio de dinero, por ejemplo en el caso de las interceptaciones que ordenó a miembros del sindicato de Avianca.

He criticado a Néstor Humberto Martínez en libros y columnas. Sin embargo, las acusaciones de Petro del año 2020 en su contra no tienen sustento porque la fuente de Petro se retractó con fórmula plena. En cambio, en el Gobierno de Petro sí es un hecho no refutado que ilegalmente se interceptaron los teléfonos de Marelbys Meza y de otra persona. S

í es un hecho no negado por el Gobierno que algún funcionario policial empleó un hecho falso para justificar la interceptación de Meza, a saber que dizque ella era cocinera de un líder del Clan del Golfo. Las ironías de la vida. Las interceptaciones que NHM no ordenó para vincular a Enrique Santiago, De la Calle y otros con el Clan del Golfo sí se presentaron en este Gobierno, justificadas tal vez en la necesidad privada de la jefa de gabinete de Petro de aclarar un robo en su residencia. No fueron ordenadas por el presidente, ni por el ministro de Defensa, ni por jefes policiales o militares, ni son una política de Estado. Hizo muy bien Petro en prescindir de los servicios de Laura Sarabia y Armando Benedetti y en aclarar que su Gobierno respeta los derechos humanos de campesinos y opositores. Habló fuerte y claro al precisar que el retiro de ambos obedecía a que no se puede permitir que desde el poder que implican esos cargos se pueda generar desconfianza sobre las investigaciones.