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Alejandro, el jefe de la oposición

El pecado de Iván Cepeda es ser de izquierda. Si lo destituyen por ser de izquierda y por apoyar el proceso de paz, el mensaje para La Habana sería muy poco alentador.

María Jimena Duzán, María Jimena Duzán
23 de octubre de 2015

Alejandro Ordóñez está dispuesto a todo con tal de que el uribismo lo acoja como su candidato presidencial en 2018. Para lograr su objetivo ha abierto pliego de cargos contra quienes podrían ser sus posibles contendores: tras el fiasco de Petro, le abrió una investigación al gobernador Sergio Fajardo, el mejor ranqueado en el índice de transparencia. Con tantos gobernadores corruptos que hay por ahí, sorprende que haya caído en desgracia el más transparente de todos.

Esta semana ha ido más lejos: quiere  la cabeza del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a quien le acaba de abrir una investigación por participación en política por cuenta de una frase desafortunada en la que llamó a votar por los candidatos de la Unidad Nacional. Es cierto, el ministro se equivocó, pero su error –un desliz que se habría podido resolver con una amonestación- es infinitamente menor a la abierta participación en política que el procurador Ordóñez hace de manera sistemática desde su cargo. Por esa distorsión, el procurador se ha convertido no solo en el principal opositor al proceso de paz sino en el jefe de la oposición de la mano del expresidente Álvaro Uribe.

Y como jefe de la oposición,  su nueva obsesión es destituir al senador del Polo Iván Cepeda, a quien también esta semana le acaba de abrir pliego de cargos señalándolo de haber presionado a unos paramilitares encarcelados para que incriminaran a Álvaro Uribe. La investigación, bueno es recordarlo, se abrió a partir de una queja que formuló el expresidente Uribe por intermedio de su abogado, en 2013, luego de que el senador hizo un debate en el Congreso sobre paramilitarismo y presentó evidencias de que en la  fundación del bloque Metro estarían vinculados Uribe y su hermano Santiago, el clan de los hermanos Gallón Henao y la familia Villegas Uribe. A raíz del debate, el expresidente Uribe presentó una queja ante la Procuraduría por intermedio de su abogado y denunció penalmente por injuria y calumnia a los dos paramilitares cuyas declaraciones le sirvieron a Cepeda para hacer las denuncias en el debate: Pablo Hernán Sierra, alias el Cacique Pipintá, y Juan Monsalve, el hijo del administrador de la hacienda Guacharacas,  quien dicho sea de paso ha sido víctima dos veces de dos atentados.

Uribe perdió el pleito porque la justicia le dio la razón a los paramilitares y les confirió a sus testimonios credibilidad. Sin embargo, al poco tiempo aparecieron otros dos paramilitares diciendo que ellos habían sido abordados por el senador Cepeda y obligados a incriminar al expresidente Uribe. A los seis meses, la Procuraduría abre pliego de cargos contra Cepeda en tiempo récord y les da total credibilidad, así todo este tinglado repita el mismo montaje de que fue víctima el magistrado Iván Velásquez en su momento. El procurador ya marcó la cartas y quiere tumbarlo y le ha dado credibilidad a unos testimonios que el senador Cepeda sostiene son un burdo montaje.

Investigar a un senador por la información que denuncia en los debates atenta contra el fuero propio de los congresistas. A ver si el procurador le abre investigación a los uribistas que van a hacer la próxima semana el debate sobre el proceso de paz en el que han anunciado revelaciones importantes. Álvaro Uribe ha publicado en su Twitter información clasificada en contra del proceso de paz, pero al procurador tampoco le ha importado.

Un acto tan arbitrario como el que se esconde detrás de esta apertura de cargos, puede tener un impacto fatal en la construcción de confianza que se está haciendo en La Habana entre el gobierno y las Farc. Iván Cepeda es un senador del Polo que ha cumplido de manera silenciosa un papel clave en la construcción de esa confianza, y no porque sea miembro de las Farc, como de manera errada lo ha etiquetado el maniqueísmo de ciertos uribistas, sino porque es un demócrata que no cree en la lucha armada y quiere como tantos colombianos que se acabe la guerra en este país. Su pecado es ser de izquierda. Si lo destituyen por ser de izquierda y por apoyar al proceso de paz, el mensaje para La Habana sería muy poco alentador.

Si el fiscal Montealegre ha perdido el norte porque el poder lo obnubiló al punto de que se cree el rey Sol, el procurador Alejandro Ordóñez ha decidido convertirse en el jefe de la oposición al presidente Santos. Y la pelea por ver cuál de los dos es el más atrabiliario, el más atrevido a la hora de transgredir fronteras y el que va más lejos en el abuso de sus funciones puede convertirse en la gran talanquera para la reconciliación.

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