Cordura

La captura de Santiago Uribe, el cuestionado hermano del expresidente Álvaro Uribe, ha desatado todos los demonios que desde tiempo atrás hibernan plácidamente en la política colombiana y, con el diablo suelto, la oposición uribista y el gobierno de la Unidad Nacional han terminado por parecerse.

Ambos han enrarecido el ambiente: la oposición uribista porque ha dejado que el debate político se contamine de un discurso de odio, que instiga la intolerancia, la descalificación por otro y que no deja margen para la reflexión. (¡Ni estamos en un régimen de terror, ni en una dictadura!, respetables señores del Centro Democrático). Y el gobierno y su Unidad, por que compraron esa pelea y andan vociferando el mismo discurso explosivo e incendiario que tanto le critican a los uribistas. (Varios ministros del gabinete estuvieron a nada de salir al ring a ver si-le rompo-la cara-marica).

Pero más grave aún: ambas partes han recurrido a sofismas para defender lo indefendible. La oposición uribista –con su tremendismo casi de telenovela mexicana– ha reaccionado con argumentos efectistas e incendiarios para defender a un muy cuestionado hermano del expresidente, a quien la Fiscalía capturó para que responda por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir que lo relacionan presuntamente con un grupo paramilitar conocido como Los Doce Apóstoles.

La tesis de que los uribistas son unos perseguidos políticos, no solo es una exageración: es una invitación a que las hordas uribistas ejerciten el odio y la intolerancia con la falsa premisa de que hay que desconocer las acciones judiciales en contra de parientes y exfuncionarios del gobierno Uribe porque los uribistas son una casta intocable que está por encima de la ley. (No me imagino la presión que debe estar sintiendo en este momento un juez o un fiscal que tiene al frente un proceso contra un exfuncionario o pariente del expresidente Uribe).

Cuando el discurso del odio suplanta el debate democrático se eleva el absurdo a su máxima expresión y se crea la falsa sensación de que todos los exfuncionarios uribistas que están capturados, procesados y condenados no es porque se lo merecen sino porque Santos desde sus aposentos lo ordenó. Qué importa que esa arbitrariedad no la pueda hacer un presidente en Colombia. Qué importa que la mitad de los congresistas uribistas presos hayan ido a la cárcel mucho antes de que Santos hubiera llegado a la Presidencia y que otros tantos hayan sido extraditados a los Estados Unidos. (¿Su delirio habrá llegado al extremo de creer que Obama también los está persiguiendo?).

La oposición uribista reaccionó a la captura de Santiago Uribe no como un partido político democrático sino como una secta extremista. Se equivocaron: debieron dar el debate en el Congreso, citando al fiscal y a quien a bien tuvieran, en lugar de retirarse del recinto y declararse en rebeldía. Aspirar a estar por encima de la ley y abogar por la impunidad no es un decálogo que se le permita a ninguna oposición en un Estado de derecho.

Pero el gobierno y su Unidad Nacional también han salido mal librados porque a raíz de la captura de Santiago Uribe cerraron filas en torno a una Fiscalía que deja mucho que desear. Un fiscal como Montealegre que adelanta investigaciones no de la mano del Código Penal –la investigación contra Carolina Sabino, el fiasco de Sigifredo López, para recordar algunas de sus perlas– sino al vaivén de las conveniencias políticas del momento, no puede ser un fiscal que le dé garantías a los colombianos y menos a la oposición uribista. Por eso, ahora, cuando la Fiscalía hace una captura con base en un importante acervo de pruebas como sucedió en el caso de Santiago Uribe, le ocurre lo que al pastorcito mentiroso del cuento: que muy pocos le creen. Y quienes le creen, como el representante del Polo Alirio Uribe, cuestionan la medida por tardía.

El gobierno de Santos cometió el error de hacerle demasiadas concesiones a Montealegre: le dio por decreto 3.000 contratos, un aumento del presupuesto considerable y una universidad que quedó en veremos. Probablemente lo hizo creyendo que era la manera de congraciarse con un fiscal para que este le hiciera contrapeso al procurador Ordóñez, otro arbitrario que también se quedó sin legitimidad, pero se equivocó. Si es cierto que el gobierno no tuvo nada que ver con la decisión de la Fiscalía de capturar a Santiago Uribe, para que no le pase lo del pastorcito mentiroso, lo mínimo que debería hacer es desistir de nombrarlo como embajador de Colombia en Alemania.

¿Será mucho pedirles a la oposición uribista y al gobierno que en lugar de sentarse a dirimir sus disputas recurriendo al discurso del odio, que nubla el intelecto y apela a los peores instintos de la condición humana, tramiten sus trifulcas por la vía de la cordura?