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Opinión

  • | 2007/03/24 00:00

    Mate al mate de coca

    Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional, critica la prohibición gubernamental de que las comunidades indígenas produzcan mate de coca

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“Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley”. Recuerdo esa frase atribuida al dictador populista brasileño Getulio Vargas, a raíz de la reciente decisión del Instituto Nacional para Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de prohibir y ordenar el decomiso de los derivados de la hoja de coca elaborados por las comunidades indígenas colombianas, como el mate de coca, por considerar que esos productos violan la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961.

Esa decisión del Invima, que se basó a su vez en un concepto que recibió de los ministerios de Relaciones Exteriores, y del Interior y Justicia, parecería mostrar una adhesión extrema del gobierno colombiano al derecho internacional, pues estaría dispuesto a privar de sus fuentes de trabajo a miles de indígenas colombianos, con tal de respetar sus obligaciones internacionales. Pero no creo que sea así. Un análisis breve muestra que el actual gobierno tiende a aplicar diferenciada y selectivamente el derecho internacional. Lo sigue con rigor excesivo en ciertos casos, mientras lo desprecia olímpicamente en otras ocasiones.

Un ejemplo de desprecio olímpico ocurrió a finales del año pasado: el 28 de diciembre, esos mismos ministerios anunciaron que el gobierno no acataría una decisión del Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que había condenado a Colombia por violar el debido proceso del ex contralor Francisco Becerra en el llamado proceso 8.000.

En esa ocasión, esos ministerios argumentaron que la decisión del Comité de la ONU no era vinculante, por lo que Colombia podía apartarse de ella, a pesar de que nuestro país ratificó hace casi 50 años el Pacto y aceptó desde hace varias décadas que los colombianos pudiéramos presentar quejas ante dicho Comité.

En ese caso, como vemos, el respeto al derecho internacional no pareció trasnochar mucho a esos ministerios, a pesar de que se trataba de una decisión de condena a Colombia por violación a los derechos humanos.

El anterior no es el único evento en el que el gobierno no se ha preocupado mucho por la legalidad internacional. Así, sin debate nacional alguno, el presidente Uribe apoyó la invasión a Irak, que era contraria a la Carta de Naciones Unidas, pues no fue aprobada por el Consejo de Seguridad. Y sin explicación alguna, ese mismo gobierno sigue incumpliendo un importante compromiso internacional adquirido por Colombia hace más de 40 años. En efecto, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por Colombia en 1968, ordena a los Estados que adopten, dentro de un plazo de dos años, un plan detallado de acción para la aplicación progresiva del principio de la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. Esos dos años pasaron hace casi cuatro décadas y nadie conoce todavía el plan del actual gobierno para lograr la gratuidad de la educación primaria.

En cambio, ahora ese mismo gobierno, que poca sensibilidad muestra por el derecho internacional en materia de paz y derechos humanos, aplica con rigor desmesurado la Convención Única de Estupefacientes de 1961. Y digo con rigor desmesurado, pues no es para nada claro que realmente Colombia se haya obligado internacionalmente a prohibir que sus comunidades indígenas elaboren derivados de la coca, como el mate o los vinos de coca, que son productos muy distintos a la cocaína. Es más, yo creo que ese concepto de los ministerios y la decisión del Invima son equivocados desde el punto de vista constitucional e incluso del derecho internacional.

La razón es que Colombia, al ratificar la Convención de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que complementa y modifica el Convenio de 1961, hizo una reserva explícita sobre este punto. Colombia declaró que ratificaba el tratado en el entendido de que la penalización del cultivo de coca se debía “armonizar con una política de desarrollo alternativo, tomando en cuenta los derechos de las comunidades indígenas involucradas”. Eso significa que Colombia aclaró a la comunidad internacional que la lucha contra el narcotráfico tenía que respetar los derechos de esas comunidades, por lo que es razonable concluir que bien puede nuestro país, sin incumplir sus compromisos internacionales, permitir la elaboración de esos derivados de la hoja de coca.

A su vez, la Corte Constitucional, en la sentencia C-176 de 1994, consideró que esa reserva era no sólo apropiada, sino incluso necesaria para proteger la diversidad étnica y cultural, que es un principio constitucional que debe ser respetado por las autoridades. Según esa sentencia, era indispensable distinguir entre los usos legítimos de la coca y su utilización como materia prima para la cocaína, no sólo para proteger la identidad cultural de las comunidades indígenas que usan la coca, sino por una razón de a puño, que era la siguiente: que numerosos estudios habían demostrado “que la hoja de coca podría tener formas de comercio alternativo legal que precisamente podrían evitar la extensión del narcotráfico”.

Es una lástima que los representantes de la materia en el gobierno no hubieran leído esa sentencia de la Corte, que no sólo podría aclararles el punto jurídico, sino que además les habría brindado una buena recomendación de política social. En lugar de ello, el gobierno adoptó una decisión que muy poco tiene que ver con el cumplimiento por Colombia de sus obligaciones internacionales, pero que, en cambio, tiene efectos devastadores sobre una prometedora innovación productiva de los indígenas colombianos.

Pero no es tarde: un buen ‘matecito’ de coca, que siempre es reconfortante, podría no sólo llevar al gobierno a reconsiderar su decisión, sino a tener una mayor consistencia en el manejo de los compromisos internacionales de Colombia. ¿No sería acaso mejor que el gobierno se preocupara por lograr la gratuidad de la educación primaria que por prohibir el saludable mate de coca?

(*) El centro de estudios de Derecho, Justicia y Sociedad “DeJuSticia”  (www.dejusticia.org) fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.
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