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Opinión

  • | 2005/06/25 00:00

    Medellín y la reducción de la violencia

    El académico Darío Acevedo cree que la política de seguridad en la capital paisa ha sido efectiva y no precisamente gracias a Don Berna.

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Hacia fines de los años 80 del siglo pasado, a un prestigioso intelectual recién llegado al partido liberal le ofrecieron ser candidato a la alcaldía de Medellín. Su respuesta dejó con la boca abierta a más de un parroquiano: dijo que la ciudad no necesitaba alcalde sino sheriff y que él no se servía para eso. Los que vivimos aquellos tiempos infernales de ataques masivos y rutinarios de bandas de delincuentes al servicio de los grandes capos de la droga y de emergencia del sicariato desde las laderas de los barrios de la ciudad, interpretamos las palabras de aquel intelectual no tanto como una broma de mal gusto, sino como una metáfora que retrataba a la perfección los altos índices de violencia que se estaban experimentando, cuando lo común era el registro de 4.000 o 5.000 muertes violentas por año. Muchos líderes políticos, empresariales, humanitarios, populares y cívicos cayeron bajo el fuego criminal de esa peste que se ensañaría también contra muchos colombianos de bien en todo el país.

La ciudad recibió especial atención del gobierno central, que desde la administración Barco creó una secretaría presidencial para el estudio y el tratamiento de los problemas y conflictos que sufría. Luego del triunfo del Estado sobre el narcoterrorismo, que se selló con la caída de Escobar Gaviria, los barrios populares vieron crecer un nuevo fenómeno de violencia, las milicias, unas autónomas y otras de izquierda y, más adelante, la llegada de las autodefensas. De esta manera se configuró un nuevo panorama de guerra entre las llamadas milicias, autodefensas, combos y bandas que anegaron en sangre las calles de Medellín.

Mientras esto sucedía, el Estado, quebrantado y cuestionado, perdía legitimidad y control acelerada y brutalmente. La fuerza pública no podía hacer presencia en la inmensa mayoría de los barrios populares; escasamente los organismos judiciales se acercaban en medio de dificultades enormes a levantar los cadáveres. Para no hablar de las cifras de muertos, heridos y desplazados que generó esa nueva ola de violencia, cuyo momento cumbre fue la toma y el dominio de la comuna 13 por parte de los grupos irregulares. Basta observar en cualquiera de los cementerios de la ciudad el triste espectáculo de las centenares de tumbas de jóvenes muertos que no sobrepasaban los 25 años de edad, en cuyas lápidas se leen letreros y grafitos que revelan el desprecio por la vida y la exaltación de la aventura.

Torcer la tendencia de la violencia en este país, y en particular en la ciudad de Medellín, no ha sido ni es asunto simple ni sencillo. Estamos hablando de un problema que subsiste hace varias décadas, que tiene múltiples entronques de tipos cultural, social, político y económico, que se enreda en las marañas del narcotráfico y en las del conflicto violento.

El alcalde anterior de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, en alguna ocasión estuvo a punto de ser impactado por balas disparadas desde los cerros a una comitiva oficial. Fue durante la administración de éste y con el apoyo y la decisión del presidente Uribe cuando se tomó la determinación de realizar un operativo cívico militar en gran escala para rescatar la Comuna 13 de las garras de los grupos armados ilegales. Hoy, esta comuna vive una situación radicalmente diferente a la que vivió por varios años.

El nuevo alcalde, Sergio Fajardo, y su secretario de gobierno, Alonso Salazar, gran conocedor de los conflictos urbanos, han proseguido con los objetivos de reducir los indicadores de violencia y, a decir verdad, lo están logrando. Para sustentar esta afirmación veamos las cifras de muertes violentas entre el año 2000 y lo corrido de 2005. En 2000 hubo 3.159 muertes; en 2001, se pasó a 3.479; en 2002 subió a 3.721. Para 2003, último año de Pérez y de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las autodefensas, cayó a 2.013, es decir, una reducción de 45% con respecto al año anterior. En 2004 se redujo a 1.177, o sea cerca de 40% menos respecto de 2003, y en el primer cuatrimestre de 2005 van 244 muertes que confirman una contundente tendencia a la baja.** Las cifras en el orden nacional también muestran la misma tendencia a la baja.

En términos comparativos, y de acuerdo con estándares internacionales, las cifras de violencia siguen siendo alarmantes. Igual ocurre con los indicadores nacionales: se ha reducido el número de muertes violentas, de secuestros y de atentados terroristas, y sin embargo, es innegable que la situación de Colombia es aún muy preocupante. El análisis de las cifras en términos fríos puede dar lugar a muchos equívocos y a conclusiones que pueden y deben ser objeto de debate, pero en el mundo de los analistas de la realidad nacional se olvida el tamaño monumental que tenía la violencia en el año 2002 y de ahí para atrás y eso se aprecia cuando por razones no propiamente académicas, se niega la importancia de los progresos que ha hecho el país y esta ciudad en la materia o se subvalora o se minimiza su impacto cuando se saca a relucir la pervivencia de otros indicadores o de otros lastres de nuestra sociedad.

Para adelantar un debate desprovisto de intereses políticos oposicionistas, es preciso reconocer de entrada que las negociaciones del gobierno nacional con un buen porcentaje de grupos de autodefensa se ha traducido en reducción de la violencia. El problema radica en la interpretación que muchos analistas y formadores de opinión hacen de dichos diálogos y negociaciones. Según el parecer de una muestra significativa de estas personas, lo que realmente está sucediendo en el país y por supuesto en Bogotá (en la que se observa un leve crecimiento de hechos de violencia) y en Medellín, y en el Magdalena Medio y en los Santanderes, es que el país se está paramilitarizando o está siendo entregado a los jefes de estos grupos. No hay ningún mérito para la política de seguridad democrática, ni el crecimiento de la fuerza pública ni la reocupación de territorios abandonados antes a las fuerzas irregulares, constituyen demostración de una recuperación del Estado. Por el contrario, afirman algunos que lo que hay allí es una política autoritaria y guerrerista. Esta percepción se ha hecho tan común en estos círculos y en los medios de oposición al gobierno que hasta los ex presidentes y el partido liberal han hecho coro a la propalada idea de que el Estado no ha ganado nada y que en cambio es el paramilitarismo el que se ha expandido.

Para demostrar todo esto parece que el sólo decirlo fuese suficiente, la palabra se impone por sí misma, pues los hechos y las cifras que nos dicen que el Estado y la estrategia de la seguridad democrática y la fuerza legítima son los responsables de que el país esté hoy más seguro que en el 2002 son desconocidos o minimizados sin ningún pudor. En idéntica tónica los enemigos a ultranza de este gobierno pretenden vender la idea de que el gobierno es favorable a las mafias y ocultan adrede la cifra de 310 extraditados por razones de narcotráfico la inmensa mayoría, muchas más que las realizadas por los dos últimos gobiernos juntos.

Que las mafias, que los paracos, que las guerrillas que los delincuentes siguen siendo muy fuertes, que detentan y ejercen poderes como el de paralizar una ciudad es algo incuestionable. El Estado y la sociedad no conquistarán la paz y la seguridad por un golpe de mano o de un momento a otro o en un corto periodo. Precisamente, por la ventaja que en el pasado se le dio a esos factores irregulares de poder es que se hace tan lenta y tan compleja la conquista de esos valores fundamentales de la sociedad. Pero, así como se reconoce e incluso se magnifica el poder de hombres como don Berna, es justo reconocer que el Estado y el Gobierno ganaron esa partida pues al fin de cuentas don Berna se entregó, el paro se liquidó y nuevos frentes paramilitares bajo su mando y los de otros jefes se desmovilizarán prontamente, todo ello gracias a la presión de las autoridades y al peligro evidenciado de que no entregarse podría representar la extradición a USA.

Los críticos del gobierno, en un afán manifiestamente oposicionista, creen encontrar un muy buen argumento para negar los éxitos de éste en materia de recuperación del orden y de la seguridad, en el hecho de que  todavía estos grupos y los capos que los dirigen tienen demasiado poder. Sin duda lo tienen, pero una cosa es que lo tengan y otra que lo puedan ejercer a sus anchas como antes. Algunos insisten en el argumento según el cual las negociaciones de Santa Fe de Ralito en realidad son una pantomima, pues fuerza pública y grupos paramilitares son lo mismo, que la mayor seguridad del momento es el producto del miedo y de la capacidad intimidante de estos últimos. Lo que tenemos pues, es una lectura fantástica, apocalíptica, que habla de un país y una Medellín peor que el país y la ciudad del 2002 hacia atrás.

Que el debate sobre los resultados de la política de seguridad democrática están atravesados por un espíritu sectario se revela por ejemplo cuando se afirma que en Medellín hay menos homicidios pero más homicidas, cuando se desconoce el liderazgo de un alcalde de tantas calidades cívicas, éticas y humanas como Sergio Fajardo y que se piense que él y su secretario de gobierno son una especie de monigotes o muñecos de adorno porque el poder en Medellín y todo lo que en ella se mueva es obra de don Berna. Si los críticos quieren dar muestras de seriedad, por lo menos deberían apoyarse en argumentaciones más consistentes y documentadas, menos efectistas y reconocer que las estadísticas son una herramienta importantísima para evaluar la gestión de los gobernantes. La crítica tiene que hacerse con energía pero también con altura y con lealtad. Que un comandante de las Auc haya realizado una demostración de poderío es un dato pero no es toda la realidad de la ciudad. Otro dato está dado por los programas educativos y culturales adelantados por la Alcaldía de Medellín con los cuales se ha sensibilizado a la ciudadanía a favor de la convivencia pacífica y el respeto por las diferencias.

Desafortunadamente el debate sobre la violencia, el terrorismo, el conflicto armado y sobre los métodos y estrategias para combatirlos y para que el Estado recupere el control y la población la tranquilidad, se ha distorsionado no sólo ya en los medios políticos sino también en los medios universitarios y académicos. Se desconoce por ejemplo que el Estado y su fuerza pública han recuperado palmos importantes del territorio y que ese ha sido un proceso gradual. El medio de contraste para efectuar el examen de una política no puede ser por tanto el de una sociedad pura, correcta o perfecta con cero índices de violencia sino el de la comparación con el pasado porque es la manera de constatar si avanzamos o retrocedemos y si estamos mejor o peor que antes.

Medellín, junio de 2005

*Doctor en Historia por la Universidad de Huelva y profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
** Cifras tomadas del documento de la Alcaldía de Medellín: "Programa Paz y Reconciliación: Regreso a la legalidad, 2005.

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