Será necesaria otra pluma más hábil para narrar la cruzada anunciada de centenares de jinetes en sus corceles de acero y cromo, entusiastas como Percival, con mil ojos y mil oídos, raudos cabalgando por el páramo de Santurbán contra el dragón que guarda el oro.

Los pobladores locales de siete municipios, que se preparan a hacer consultas populares para demostrar su voluntad minera, enfrentarán las acusaciones de que su actividad pone en riesgo el agua de la capital santandereana, algo que es lícito proponer, pero requiere fundamento.

Años de trabajo, millones de pesos de impuestos y cooperación se han invertido en apoyar la legalización y operación de las pequeñas empresas de los habitantes de Vetas y California que siguen en entredicho, no por operar fuera del límite del páramo legal hoy pendiente de ajustes, sino por el riesgo de contaminación del agua que perciben en la ciudad de Bucaramanga.

En varias oportunidades se han levantado voces para contextualizar la importancia de las actividades mineras y la posibilidad de hacerlas mejor, pero ni siquiera los acuerdos de investigación hechos por universidades públicas se salvan de la lluvia de críticas: quedaron expuestos a la condena moral, que no requiere argumentos sino fanatismo de algunos que en su lucha contra el modelo de explotación corporativo (que hay que cambiar en el Congreso si se quiere) están dispuestos a llevarse de por medio la institucionalidad, la ciencia y a quien se atreva a proponer siquiera que hay opciones para hacer bien las cosas.

San Jorge los ilumina. Las redes sociales están llenas de insultos (imagino los que llegarán al pie de página de esta columna) sin distingo de la argumentación, porque la verdad apasionada en tiempos de crisis ambiental es que debemos replegarnos al paleoceno. Claro, son tiempos electorales…

Los autores de los discursos antiextractivistas de los regímenes latinoamericanos que los predicaron hace una década hacen maromas para explicar hoy en día cómo mantienen e incluso han incrementado las actividades mineras y petroleras.
Las reformas estructurales para mejorar la distribución de ganancias y prevenir la de los efectos negativos no siempre llegaron y a pesar del criterio de equidad esgrimido y que debería ser fundamental, llevaron a grandes capitales a mutar en cuerpos mafiosos, honrosas excepciones.

Habrá que ver el desenlace de la argumentación que los mensajeros cromados, tan paradójica en su tecnología y sus mapas mentales de la cuenca del Suratá y el páramo llevan a las comunidades locales, ojalá en paz y con capacidad de ponerse en sus zapatos: también tienen familias e hijos que alimentar y poseen una tradición y modo de vida que muchos pueden no compartir pero no se puede deslegitimar. Para el tema de la gran empresa está el ordenamiento legal de la cuenca y el estudio de impacto ambiental, que deberá ser excepcionalmente robusto: es la ley.

En el debate por la seguridad del agua se encuentran todas las grandes ciudades pues en todos sus páramos hay gente, cultivando, pastoreando, pellizcando carbón, viviendo de lo que hay y se puede.

Necesitamos asegurar que al abrir el grifo cada mañana, un gesto que ha permitido conectar en el imaginario urbano los territorios distantes de la alta montaña, se nos ocurran ideas para negociar y compensar a los legítimos dueños del territorio por un servicio del cual ahora son más conscientes que nunca.

La participación ampliada que requiere la Corte Constitucional es fundamental para construir esa justicia territorial, pero las ciudades deben preparar sus chequeras: no hay comida (ni bebida) gratis en ningún ecosistema.

*Directora General Instituto Humboldt