MITOS Y REFORMAS

Ahora que está sobre la mesa la propuesta de modificar nuestra Constitución, es bueno repasar una serie de mitos que por estos días rondan a la propuesta de reforma, con el riesgo de que los colombianos los traguemos enteros.
Mito Nº 1: que para luchar contra la corrupción y el clientelismo hay que reformar la Constitución. Nadahay, en el actual texto constitucional, que impida que el país combata estos dos males. Suponer que porque se incluyan en su texto advertencias explícitas sobre las sanciones que acarrea la compra de votos o los regalos que los candidatos puedan hacer para conquistar a sus electores hará de la política colombiana una actividad menos corrupta o clientelista, solo conduce a llenar la Constitución de casuismos que en nada modifican su efectividad.
Mito Nº 2: que para acabar con la impunidad hay que reformar la Constitución. La lucha contra la impunidad no es un tema constitucional, sino legal. Y en la legislación colombiana existen todas las herramientas necesarias para hacer cumplir la ley y sancionar su violación. No debe ser la Constitución la paganini de las ineficiencias de nuestros jueces.
Mito Nº 3: que esta reforma constitucional es urgente. Las constituciones, diseñadas para recoger acuerdos sobre lo fundamental entre las fuerzas sociales, tienen por base una vocación de duración, que puede ser de muchos años, y a veces, hasta de siglos. De manera que los potenciales cambios que requieren las constituciones deben hacerse con el criterio de que son importantes, pero no de que son urgentes, con esa urgencia de unos cuidados intensivos que podrían convertir las reformas constitucionales en un pasatiempo recurrente.
Mito Nº 4: que el voto obligatorio acabará con las maquinarias electorales y reforzará la democracia acabando con la abstención. Este es un mito asociado con otro: que la abstención en Colombia es un problema grave. Comparativamente, nuestra participación electoral es relativamente satisfactoria, y en ocasiones ha llegado a ser alta. Pero aun para combatirla hay que partir de la base de que los abstencionistas no son siempre los mismos, ni por las mismas razones, ni está identificada la razón principal de un abstencionista. Porque así como puede ser una actitud de protesta, puede ser una de conformismo. Pero básicamente el voto es la manifestación de una libertad pública que en la esencia de la democracia se entiende como la libertad de escoger, o aun de abstenerse. Para una democracia, entonces, puede ser más valioso el mensaje de la franja abstencionista que el discutible aporte del voto obtenido a la fuerza. Pero el mejor ejemplo de la dudosa utilidad del voto obligatorio es Venezuela, donde en los últimos años, a pesar de esta rígida medida, se ha disparado la abstención, y se han consolidado con más fuerza que nunca las maquinarias, alimentadas muy seguramente por el voto obligatorio. Y más aún: en un país de alta impunidad como el nuestro, no parece lógico que si no hemos impedido que a diario los colombianos maten y roben, vamos en cambio a lograr que voten a la fuerza...
Mito Nº 5: que la financiación estatal de las campañas políticas es la panacea contra la corrupción electoral. Cuando muchos países del mundo como España, Alemania e Italia se están devolviendo de un sistema de financiación estatal de los candidatos y de los partidos, nosotros estamos preparando una reforma constitucional para adoptar una moda mundial de los años 60, con el argumento de que garantizaría la igualdad de los aspirantes políticos y evitaría la presión de los intereses privados sobre nuestros gobernantes. Pero la verdad es que la financiación estatal ha demostrado no solo ser incapaz de evitar los vicios que se propone, sino incluso de aumentarlos. Ni siquiera mencionemos el fácil argumento del costo que para un Estado como el nuestro significaría sufragar las campañas políticas. Hablemos solamente de las consecuencias: no solo no evita el tráfico de influencias, sino que aísla la actividad política de la sociedad, burocratiza a los candidatos a quienes se les entrega un fácil pozo de ingresos, y convierte las contribuciones privadas a la política, que en una democracia son prácticamente inevitables, en una actividad clandestina e ilegal. Ningún modelo de financiamiento público en el mundo ha prevenido la existencia de sistemas capaces de 'sacarle el quite' a los controles legales. De manera que no solo las subvenciones públicas no han reemplazado a las privadas, sino que simplemente han añadido más fondos a las arcas de los candidatos, con mucha frecuencia contra la ley. ¿Acaso no fue después de la reforma constitucional del 91, cuando por primera vez se autorizó en Colombia una generosa ayuda estatal para las campañas políticas, cuando más dinero del narcotráfico entró a una campaña presidencial?