El problema es lo social

En momentos de gran agitación electoral, donde algunos cuestionan con tanta vehemencia el modelo económico colombiano por su inequidad, resulta muy revelador un análisis publicado por Planeación Nacional. Cuando se compara la distribución del ingreso en Colombia, antes de subsidios del Estado, con las del Reino Unido y Alemania, los resultados son sorprendentemente similares. En 2015, el GIni (medida de desigualdad que es mejor cuanto más baja) de Colombia, sin subsidios monetarios, fue de 0,53, contra 0,56 de Alemania y 0,55 del Reino Unido.

La gran brecha de equidad que existe con esos países, más allá de la disparidad en el nivel de desarrollo, no es función de que sus economías de mercado per se generen mayor igualdad en los ingresos de los hogares, en eso son similarmente desiguales a la colombiana. La diferencia es que allá los subsidios del Estado están mucho mejor focalizados hacia las personas más pobres. Una vez incorporados los subsidios, el GIni de Colombia solo disminuye en 0,01 a 0,52, mientras que los de Alemania y Reino Unido bajan a 0,30 y 0,32, respectivamente. Casi que se podría afirmar que el problema de inequidad en Colombia es más de política social que de política económica, más de la forma en que se destina el gasto del gobierno que de la manera en que se genera la riqueza en la sociedad.

Desde la Constitución de 1991, Colombia ha hecho un encomiable esfuerzo por dotar a sus habitantes de una red de seguridad social adecuada. El país invierte cerca del 9% de su PIB (unos 80 billones de pesos) en subsidios y transferencias sociales. Los avances en coberturas de salud, educación y servicios públicos en los últimos 25 años, por ejemplo, han sido notables, y han redundado en avances muy significativos en el bienestar de la población. Sin embargo, la mala asignación de esos recursos significa que contribuyen mucho menos de lo que podrían a la construcción de equidad.

De todos los rubros de inversión social del Estado, el mayor generador de desigualdad, de lejos, son las pensiones. El 51% de los subsidios que otorga el Estado vía Colpensiones y regímenes especiales—que en total suman un 2,3% del PIB (21 billones de pesos)—, recae en el 20% más rico de la población y solo el 4% le llega al 20% más pobre. Otros donde la situación es menos aberrante, pero que también generan desigualdad, son los subsidios de vivienda, que incorporan apoyos a la clase media y descuentos de impuestos a los hogares más ricos (solo el 34% le llega al 40% más pobre de la población), y aquellos a los servicios públicos (el 32% va al 40% más rico), donde habría que cambiar la estratificación por una focalización hogar por hogar vía SIsben. El gasto en educación (3% del PIB, 26 billones de pesos) también deja mucho que desear (un 49% va al 40% más pobre, pero un 30% al 40% más rico), quizás por el abultado presupuesto de las universidades públicas, en las que están subrepresentados los alumnos más pobres.

Hay que rescatar rubros del gasto público que están muy bien focalizados en quienes más los necesitan. El de mostrar es el gasto en primera infancia, que en un 59% va al 40% de hogares más pobres y solo en un 3,2% al 20% más rico. Otros destacables son salud (1,9% del PIB, 16 billones de pesos), tan criticado por la izquierda, donde el 57% de los subsidios llegan al 40% más pobre, y los programas de atención a la pobreza, como Familias en Acción, donde un 56% llega al 40% más pobre (aunque inexplicablemente un 12% llega al 20% más rico). Ojalá los candidatos reflexionaran profundamente sobre estos datos y ofrecieran propuestas de solución realistas y no buenas intenciones y globitos electoreros.