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Opinión

  • | 2019/07/10 17:18

    Modernidad desafiante

    En Colombia a veces la actualidad noticiosa enmascara dilemas profundos de sociedad que nos deberían llevar a una pregunta más profunda sobre la modernidad, el cambio y las transformaciones culturales, sociales y económicas que debemos enfrentar. Desgraciadamente, tendemos a quedarnos en la espuma de la coyuntura y no abordamos su verdadera dimensión.

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La protesta de los taxistas y de los rappitenderos de estas semanas son una buena ilustración. Es claro que la tecnología disruptiva está cuestionando en lo cotidiano los modelos existentes. Por una parte, un modelo tradicional del servicio público individual de transporte que por falta de actualización, competencia y transparencia se convirtió en un gran negocio controlado por unos pocos que dominan los llamados cupos. Es claro que el número de taxis en ciudades como Bogotá es ampliamente insuficiente para atender la demanda. Su número está congelado desde hace años y eso no tiene en cuenta ni el crecimiento de la ciudad ni las cada vez mayores restricciones al vehículo particular. Las quejas por un deficiente servicio, por los riesgos ante posibles atracos y su limitada oferta hicieron que propuestas como Uber florecieran (como lo han hecho en muchas otras ciudades del mundo). Sin embargo eso no quiere decir que la solución sea simplemente dejar que el mercado se encargue de seleccionar a los sobrevivientes. El servicio público debe regularse, permitiendo que las nuevas ofertas puedan desarrollarse pero en condiciones de competencia justa, incluyendo el pago de impuestos, garantías de seguridad y de calidad para todos los prestadores (independientemente de su categoría) y para el usuario. Quedarnos varados en el debate sobre su legalidad y no sobre cómo regularlo lleva a parálisis y más conflicto.

 Con los servicios como Rappi y otras plataformas de servicios pasa lo mismo. Ni las plataformas pueden escudarse en ser simplemente un mecanismo de acercamiento de oferta y demanda, ni se puede pretender prohibir su existencia. Su éxito en el mundo es prueba de que responden a una necesidad real. Es necesario regularlo y hacer transparente la distribución de los enormes ingresos que esas plataformas canalizan. El planteamiento hecho por la ministra de trabajo sobre flexibilización es un buen punto de partida pero no es suficiente.

 La tecnología cambió la manera como aprendemos, trabajamos, compramos, nos relacionamos y debatimos, y debemos tener una mirada sistémica a un cambio de paradigma. Hay por supuesto que garantizar los derechos de quienes trabajan en el sistema actual, hay que imponer responsabilidades a las plataformas, pero no podemos pretender quedarnos en la defensa del status quo por simplemente porque un nuevo esquema es complejo de diseñar y regular.

 Algo similar está pasando con las redes sociales. La tecnología le dio voz a la ciudadanía, y democratizó los debates sociales y públicos. Pero es evidente también que esas mismas redes han sido instrumentalizadas por quienes promueven el insulto y la mentira como forma de hacer política y que se han convertido en el escenario más dramático para el matoneo y el acoso personal.

 

Pretender acabar las redes sociales es no solo imposible sino perverso. Pero es necesaria una regulación y unas nuevas normas de comportamiento para que sean realmente un espacio abierto y democrático. Twitter por ejemplo estableció esta semana una nueva política para prevenir la difusión de lo que llaman “discurso deshumanizador”. Ha prohibido publicar mensajes que atenten la dignidad de las personas por sus creencias religiosas. Está lejos de ser suficiente, pero es un primer paso. Instagram anunció igualmente que va a incluir nuevas medidas para prevenir el acoso y el insulto. En Francia avanza un proyecto de ley que busca sancionar a las plataformas que permitan su uso para difundir odio, racismo, sexismo, o apología de la violencia. Es de esperar que en estos temas, los avances sean significativos y un consenso sea alcanzable. En el campo de la política partidista, será seguramente mucho más difícil lograrlo.

Hay materias aún más complejas en las que la tecnología nos cuestiona en lo más profundo. Temas como la eutanasia, la manipulación genética o incluso las normas sobre cómo se forman los nuevos algoritmos de la inteligencia artificial (que tienen el potencial de perpetuar y consolidar prejuicios e injusticias) nos presentan ante disyuntivas éticas y políticas complejas. La estrategia del avestruz, de meter la cabeza en la arena, no va a resolver el problema. Hay que enfrentarlos con serenidad, respeto y con la cabeza puesta en qué tipo de sociedad queremos para nosotros y para nuestros hijos.

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