Más claro no canta un gallo

El Senado, en su Comisión Primera, a sabiendas de que cualquier acto legislativo que pretenda enmendar el acuerdo de paz es abiertamente inconstitucional, decidió modificar la estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), columna vertebral del pacto que firmaron el Estado colombiano y las antiguas guerrillas de las Farc.

Se deben hacer unas necesarísimas reformas a la política y la justicia, son urgentes, pero no se pueden llevar de calle un compromiso entre el Estado colombiano y la antigua organización guerrillera; con otro agravante y este sí de sentido común, de gallardía política y democrática: cómo modificar la JEP sin invitar a la contraparte. Arropados en impedimentos legales le impidieron participar en los debates de la comisión. Es decir, utilizaron argucias parlamentarias para cambiar el acuerdo unilateralmente.

Qué falta de seriedad la de estos políticos que imponen a rajatabla su visión de Estado sin apartarse de un debate ausente de intereses. Así lo corroboró la senadora Paloma Valencia: “El 2 de octubre ganó el no ¡Ganó, el no!”, lo repitió una y otra vez, para notificarle al resto de la audiencia que “los colombianos (el pasado 17 de junio) habíamos elegido al presidente del ¡nooo!”.

La oposición al proyecto inicial del Centro Democrático (CD) fue férrea y desde luego del lado de las fuerzas alternativas, comprometidas con la paz, se logró hundir. Sin embargo, negada la iniciativa del CD, el partido Liberal sacó de la manga un inesperado salvavidas matizado de acuerdo político y, en apariencia, menos nocivo que el proyecto que le hundieron al uribismo. Nada cambió, se inventaron el de un “histórico acuerdo político”, modificaron la JEP y le metieron mano al Acuerdo de Paz.

Repito, nada se toman en serio estos congresistas anclados en el pasado. No se les ocurrió pensar que con la modificación que le hicieron a la JEP, insisto, abiertamente inconstitucional, estamos asistiendo al prólogo que le dará argumentos a la Corte Penal Internacional (CPI) para intervenir en Colombia y al cúmulo de investigaciones contra los miembros de las Fuerzas Armadas implicados en el conflicto armado, a agentes del Estado no uniformados y, por supuesto, a terceros civiles financiadores y determinadores de ésta feroz guerra.

La reciente visita del fiscal adjunto de la CPI a nuestro país no fue inocua, se trató de una presencia con alcances judiciales llenos de advertencias; sabemos que en el radar de esa instancia internacional ya no solo reposan los expedientes de los violadores de derechos humanos y perpetradores de crímenes de lesa humanidad africanos, también de varios países de América Latina, entre ellos Colombia.

“Dejen trabajar a la JEP”, dijo el fiscal adjunto de la CPI antes de abandonar el país. Más claro no canta un gallo.

@jairotevi