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Opinión

  • | 2006/11/18 00:00

    Narcotráfico, política y paramilitarismo

    Rodrigo Uprimny, director de DeJuSticia y profesor de la Universidad Nacional, argumenta que la decisión de la Corte Suprema muestra que la responsabilidad por el paramilitarismo en Colombia no es tanto del narcotráfico sino de la persistencia de estructuras antidemocráticas en la propiedad agraria y en la política colombianas.

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Con su habitual y provocadora ironía, el escritor RH Moreno Durán dijo alguna vez que en Colombia “la política es tan nefasta que incluso corrompió al narcotráfico”. Prácticamente un año después de su temprana muerte, y como una especie de homenaje póstumo a su memoria, la reciente orden de captura de la Corte Suprema contra tres congresistas de Sucre, por vínculos con el paramilitarismo, parece darle la razón a esa paradójica tesis de Moreno Durán.

Según el análisis probatorio de la valiente decisión de la Corte Suprema, lo que sucedió no fue que un grupo de paramilitares, financiado por el dinero del narcotráfico, hubiera presionado a los políticos de Sucre a fin de lograr su apoyo en ese departamento. El proceso fue el inverso: dichos congresistas, con el auxilio de otros políticos y terratenientes locales, decidieron conformar una organización armada paramilitar para dominar la región, frenar la amenaza de la guerrilla y poner a su servicio a las administraciones locales.
 
Esta investigación de la Corte Suprema parecería entonces confirmar la tesis de Moreno Durán y de otros analistas, pues indicaría que los problemas de corrupción, violencia y paramilitarismo en nuestro país no son enteramente atribuibles al narcotráfico, ya que derivarían también, y tal vez preponderantemente, de la persistencia de prácticas muy antidemocráticas en la política colombiana. Esas prácticas antidemocráticas, a su vez, parecen muy vinculadas a la concentración de la propiedad agrícola y a la continuidad del poder terrateniente en Colombia.

La anterior tesis no pretende minimizar el impacto negativo de los dineros del narcotráfico sobre nuestra precaria democracia. Dicho impacto ha sido gravísimo. Y es que el narcotráfico, por tratarse de una economía ilícita pero muy dinámica, estimula la violencia, la corrupción y la formación de mafias. Pero ese hecho, que es indudable, no debería hacernos olvidar las particularidades que ha tenido el narcotráfico en nuestro país. Una pregunta que deberíamos hacernos es entonces la siguiente: ¿por qué el dinero de la droga ha tenido en Colombia un impacto mucho más violento que en otros países, como por ejemplo Bolivia o Perú?

La respuesta a ese interrogante no es fácil. Algunos consideran que es un problema de simple magnitud, pues el monto de los narcodólares que entra a Colombia es mucho mayor que aquél que ingresa a Bolivia o Perú, por lo que sería lógico que la violencia en Colombia sea más intensa. Pero esa explicación no es convincente pues muchas estimaciones económicas han mostrado que, incluso si se acepta que a Colombia entran más narcodólares que, por ejemplo, a Bolivia, sin embargo el peso económico interno de esos dineros ha tendido a ser mayor en Bolivia, por tener dicho país una economía más pequeña que la nuestra. La violencia en Bolivia debería ser entonces mayor que la nuestra; pero eso no es así.

Otra explicación más plausible es la presencia del conflicto armado. El narcotráfico habría tenido efectos más violentos en Colombia que en Bolivia porque habría agravado nuestra guerra interna, al irrigar de dólares a los distintos actores armados. Y es indudable que eso ha sucedido, pues es claro que muchos de los recursos de las Farc y de los paramilitares provienen del narcotráfico. Pero el razonamiento tampoco me parece suficiente, pues no explicaría por qué el narcotráfico en Colombia ha estado tan vinculado a ciertas formas agudas de paramilitarismo, mientras que en Perú, ni siquiera en los peores momentos del conflicto armado con Sendero Luminoso, surgieron organizaciones paramilitares como las colombianas. Las rondas campesinas peruanas fueron muy distintas del paramilitarismo colombiano.

La diversa estructura agraria de los tres países y sus efectos sobre las dinámicas políticas parece ser entonces una mejor explicación del impacto más grave del narcotráfico colombiano en términos de paramilitarismo.

Con todos sus problemas, tanto la revolución boliviana de los años 50 como el régimen militar peruano reformista de los años 60 realizaron reformas agrarias importantes, de suerte que en esos países disminuyó considerablemente el peso de los terratenientes.
 
En Colombia, en cambio, las tentativas de reforma agraria fueron siempre muy precarias y terminaron siendo bloqueadas, como sucedió con el llamado Acuerdo de Chicoral de los años 70; el poder terrateniente se mantuvo casi intacto. Por ende, al irrumpir con fuerza el narcotráfico en los 80, se tejieron alianzas entre ciertos políticos locales, algunos terratenientes y aquellos narcotraficantes que empezaron a comprar masivamente tierras.
 
Estas alianzas, que contaron con distintos grados de complicidad de las autoridades locales, alimentaron muchas dinámicas paramilitares, como lo han demostrado numerosas investigaciones académicas y judiciales, incluyendo aquellas que se encuentran en las recientes sentencias de la Corte Interamericana.

La explicación de la relación entre paramilitarismo y narcotráfico en Colombia podría encontrarse entonces en la exquisita ironía de la frase de Moreno Durán. Los efectos de los dineros del narcotráfico han sido particularmente amenazantes en nuestro país porque han acentuado tendencias antidemocráticas de la política colombiana. Ahora bien, reconocer ese vínculo no es sólo un asunto de sofisticación académica; tiene obvias consecuencias políticas: implica aceptar que la mejor estrategia para desmontar efectivamente el paramilitarismo y reducir el impacto del narcotráfico es la profundización de la democracia colombiana, la cual requiere, entre otras cosas, una profunda reforma agraria.

(*) El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJuSticia– (www.dejusticia.org) fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.

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