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Opinión

  • | 2003/12/21 00:00

    Navidad con fórceps

    Queda en el ambiente la sensación de que el Presidente sufrió una tercera derrota

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Con la decisión del Consejo Electoral de no aceptar las pretensiones gubernamentales sobre la revisión extemporánea del censo, se confirmó el cantado presagio de un mal cierre político del presidente Alvaro Uribe en 2003.

Siempre fue evidente que la maniobra era equivalente a recusar a un juez después de que uno ha perdido el pleito.

Todavía queda abierta la instancia del Consejo de Estado. Por lo cual no sobra hacerles a los acuciosos juristas y miembros del staff de Palacio que se la han pasado reuniendo pruebas contra la constitucionalidad del censo, una reflexión. Sus argumentaciones jurídicas son válidas: los muertos no pueden votar, los militares tampoco, y tampoco aquellos cuyas cédulas han sido emitidas pero aún no reclamadas.

Pero denunciarlo no debería haber tenido como propósito el de forzar la resurrección del referendo. El censo estuvo dos meses antes de las elecciones abierto al público en la Registraduría. Incluso fue publicado por la Secretaría Jurídica de Palacio, y en esa época, cuando el gobierno, por influencia de la megalomanía del ex ministro Fernando Londoño, se comió el cuento de que el referendo sacaría alrededor de 11 millones de votos, a nadie preocupaban los muertos del censo, ni los militares del censo, ni los indocumentados del censo.

Ya como ex ministro, Londoño le concedió su primera entrevista a Alberto Casas para la revista Caras. Y ahí se hizo evidente el comienzo de esta tardía maniobra. Dice Londoño: "No entiendo por qué el gobierno está empeñado en sacar adelante una reforma tributaria en lugar de dedicarse a demostrar que el referendo sí pasó. No es sino depurar el censo y adelantar los escrutinios, para concluir que el referendo sí pasó y con largueza".

Y como explicación de que la discusión jurídica no se hubiera hecho antes de las elecciones sino después, Londoño explica: "El gobierno no le podía agregar al referendo una situación conflictiva previa".

Ahora que parece perdido, se resolvió en un momento de desespero que había llegado la hora de agregarle al referendo "una situación conflictiva" pero esta vez posterior, con las siguientes consecuencias:

- Los colombianos ya habíamos asimilado la derrota del referendo. Cambiar el censo para resucitarlo amenazó con dejar el sabor de una maniobra de alta politiquería.

- Este intento de resurrección navideña con fórceps del referendo pudo terminar implantando en Colombia una reforma de la Constitución que no terminaría de defenderse ante la historia de su fama de haber sido 'rarófonamente' aprobada.

- Enrarece la certeza que debe servirle de base a un proceso electoral, al punto de que en el futuro este sería un precedente para modificar las reglas del juego con base en si los resultados son o no favorables para los gobiernos de turno.

- Queda en el ambiente la sensación de que el Presidente sufrió una tercera derrota. La primera cuando perdió el referendo, la segunda cuando se dejó desencajar con la derrota del referendo, y la tercera por no haber logrado que el Consejo Electoral avalara sus tesis sobre la inconstitucionalidad del censo.

- Parecería como si se hubiera bajado de su trono para interferir en un organismo independiente como es el órgano electoral, al aparecerse en la sala cuando los magistrados se preparaban para fallar.

- Esta insistencia presidencial podría dividir aún más al país entre referendistas y no referendistas. Con la consecuencia probable de que se caldeen los ánimos entre dos bandos que se sentirán igualmente 'conejeados'.

- Alegar que el censo es inconstitucional es equivalente a decir que el proceso de votación del referendo se hizo viciado de nulidad. En lugar de que este vicio le sirva al gobierno para que gane el sí, podría suceder ahora que se caiga todo el proceso porque el Consejo de Estado anule la votación del referendo.

¿Cuánto tiempo durará este limbo? Es claro que será tema obligado en 2004, porque ha quedado inevitablemente judicializado.

Y las consecuencias anteriormente enumeradas -debilidad presidencial, enfrentamiento civil, inestabilidad electoral y constitucional, interferencia de poderes, y un cierto tufillo politiquero- podrían muy bien haber comenzado a producirse, para perjuicio del país.

ENTRETANTO. A propósito de la captura del ex coronel de la Policía Jaime Leal: ¿ahora sí queda claro por qué tantos de los que ingresan a esa institución le ponen una vela a la Virgen para que los designen policía de carreteras? En cualquier caso, feliz año.









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