La comisión de éxito

Néstor Humberto Martínez le pidió a Carlos Mattos el 10 por ciento de lo que costaran las medidas cautelares dictadas por una juez que recibió plata después de ordenar esas medidas. El ahora fiscal, de manera astuta, ha tratado de mezclar procesos y clientes para que –en medio del ruido– queden camufladas sus actuaciones en el caso. Sin embargo, hay un documento con su firma que destapa los hechos.

Se trata de una oferta de servicios enviada por Néstor Humberto Martínez a Carlos José Mattos. La propuesta redactada en papelería de DLA Piper Martínez Neira, y firmada por el ahora fiscal, empieza dirigiéndose a Mattos como “Respetado Presidente y amigo”.

La carta establece que las acciones que emprenderá Martínez, a nombre de Mattos, serán “por competencia desleal que podría interponerse contra la sociedad comercial o las personas naturales que asuman la comercialización de vehículos comerciales de la marca Hyundai en el territorio colombiano”.

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La aclaración es importante porque Néstor Humberto Martínez ha dicho repetidamente que él no podía litigar contra la multinacional coreana Hyundai, por ser representante de ellos en otros casos, como si eso lo excusara de responder por sus acciones como abogado de la empresa de Mattos. En el documento queda claro que el pleito en el que apoderó a Mattos no era contra Hyundai Corea sino contra los terceros que asumieron la venta en Colombia de los vehículos comerciales de Hyundai.

En la oferta queda establecido que la empresa de Mattos le debe pagar a la firma de Martínez una suma fija de 500 millones de pesos si el pleito queda resuelto en primera instancia, y 200 millones adicionales si va a segunda instancia. Lo más interesante está en los cobros variables llamados “comisión de éxito”.

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Tres prestantes abogados, en Colombia y Estados Unidos, me dijeron que en el mundo jurídico lo acostumbrado es que la comisión de éxito sea un último cobro, si se gana el proceso. Los tres se declararon asombrados cuando les conté que esta oferta cobraba un porcentaje sobre eventuales medidas cautelares.

En efecto, el numeral 5.6 de la oferta firmada por el hoy fiscal general dice textualmente: “En el evento en el que se dicte medida cautelar contra el demandado, se causará una comisión de éxito equivalente al diez por ciento (10%) del valor de los bienes objeto de la misma o el diez por ciento (10%) de la caución requerida, lo que resulte mayor, más IVA e ICA. Esta comisión se cancelará dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la decisión respectiva”.

La oferta está fechada el 18 de noviembre de 2015. Antes de que se hubiera terminado el mes, Néstor Humberto Martínez presentó ante “juez civil municipal (reparto)” una petición de inspección judicial como prueba anticipada en el pleito de Mattos contra Global Car World, los distribuidores de Hyundai.

El escrito al juzgado contiene apartes textuales de la oferta de servicios a Mattos. El hoy fiscal hizo copy and paste, como pueden verlo en semana.com.

Las medidas cautelares tienen un valor estimado de 45 millones de dólares, es decir que a Néstor Humberto le tocaban 4,5 millones de dólares. La jueza que entregó el fallo que favoreció a Mattos, y a su abogado, se llama Ligia del Carmen Hernández Pérez y es la misma que admitió en audiencia pública que recibió plata después de la decisión.

Pese a esa confesión y otras evidencias, laboriosamente recaudadas por el fiscal del caso, un juez de garantías sostuvo –sin sonrojarse- que no hay delito si la jueza recibió la plata después de decidir: “Nunca se ha obtenido un elemento que nos indique que la juez de ese momento tuvo una conversación previa a la adopción de decisiones, es decir, ella dentro de su ejercicio profesional, de su conocimiento, accedió a las pretensiones que se tenían por parte del señor Carlos José Mattos Barrero, a través de sus abogados, pero el dinero se le entregó fue por agradecimiento”.

Una decisión que garantiza la impunidad a la jueza y también a Carlos Mattos, el mayor beneficiado por la decisión pagada a posteriori.

Hace semanas le mandé al fiscal siete preguntas por correo electrónico. Él decidió, ante sí mismo, declarar que las preguntas de un periodista deberían considerarse como un derecho de petición y se tomó el máximo plazo legal para responder. Además decidió no enviarlas por correo electrónico, como se las remití, sino por un servicio de mensajería a mi oficina en Estados Unidos.

Una de las preguntas era: “¿Recibió usted, o su firma DLA Piper Martínez Neira, beneficios económicos por la medida ordenada por la jueza Ligia del Carmen Hernández Pérez?”

Después de larga disquisición no responde la sencilla pregunta y argumenta: “La información requerida vulnera el fuero privado y profesional del abogado Néstor Humberto Martínez”.