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Niños de Colombia: su cuerpo es sagrado

En el país, durante el año 2000 se presentaron diariamente, en promedio, 23 casos por delitos sexuales. Esta cifra muestra una mínima parte del panorama real, pues alrededor de 10 casos no son denunciados. Angela María Robledo, directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito, escribe sobre la gravedad del tema.

Semana
20 de octubre de 2002

Violencia sexual, manifestación de desigualdad. Violencia sexual, manejo del poder que utiliza a niñas, niños, mujeres y en menor proporción a hombres, para lograr satisfacción sexual o beneficio económico. Abuso y explotación sexual, dos caras de una moneda llamada violencia sexual. Un problema que a todos y a todas nos atañe y cuya magnitud real desconocemos.

Miremos algunas cifras, alarmantes sin duda, referentes al abuso sexual y que resulta imposible pasar por alto. En Colombia en el año 2000, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses recibió 8.576 solicitudes de dictámenes sexológicos. Ello significa que en nuestro país, solamente durante ese año, se presentaron diariamente, en promedio, 23 casos de delitos sexuales. No obstante, esta cifra muestra una mínima parte del panorama real, pues existe consenso acerca de un subregistro de cerca de 10 casos no denunciados por cada caso que llega a las autoridades.

Son agresores de estos delitos sexuales personas conocidas por la víctima. En ese mismo año, se registró un 75,7%, de los agresores tenían alguna relación con la víctima: de estos casos, un 46,6% eran conocidos, en un 29,1% se trató de familiares, en un 8,6% los padres y los padrastros en igual porcentaje cada uno, otros familiares 10,5% y el cónyuge 1.4%. En menor proporción, 24,3%, los agresores eran desconocidos.

En Bogotá en el 2001, según datos de la misma fuente, se produjeron 3.397 dictámenes sexológicos y el mayor número de casos se presentó en menores de edad (2.642). Las niñas continúan siendo las más afectadas con un total de 2.216 casos frente a 428 de niños.

En cuanto a los datos referentes al número de niños y niñas víctimas de explotación sexual, las cifras arrojadas por las investigaciones, aunque varían bastante, señalan igualmente la magnitud de la problemática. Según Censo de la Policía Nacional (1997) 4.477 mujeres menores de 20 años fueron víctimas de explotación sexual. Por su parte el DAS y la Interpol afirman que en 1998 había 35.000 niños y niñas vinculados-as a esta práctica, mientras que la Fundación Renacer reveló en 1997 que 20.000 niños-as eran explotados-as sexualmente.

Si bien existe subregistro de los eventos tanto de abuso como de explotación sexual, el incremento de las denuncias y su judicialización ? 49,42% en el período comprendido entre agosto de 2000 a septiembre de 2001 según la Unidad de Delitos Sexuales Fiscalía General de la Nación- es un indicador de confianza en la justicia. Igualmente se han dado avances en la atención que se le da a las víctimas siendo muy cuidadosos en evitar lo que se ha denominado "la revictimización", es decir el someter a la persona a volver una y otra vez sobre el relato de los hechos violentos de los que fue víctima.

Pero el abuso y la explotación son algo más que cifras. Sus efectos sobre la identidad misma de cada niño y niña que es violentado sexualmente han sido documentados ampliamente en varios estudios, como los adelantados por la Fundación Restrepo Barco, la OIT y la Universidad Externado Colombia, entre otros. El fenómeno de la violencia sexual es el resultado de la convergencia de factores sociales, culturales, económicos, familiares y personales, en el que priman las circunstancias externas, el contexto en el que las niñas y los niños crecen, sus trayectorias de vida y sus vivencias cotidianas. La violencia sexual no es entonces un problema de la propia voluntad de las víctimas como todavía algunos afirman.

Lo anterior hace compleja la atención de la problemática y supone un viraje en la formulación de las políticas públicas que han desconocido la potencialidad que tienen los conflictos privados en el resquebrajamiento de las redes familiares y sociales. Los delitos sexuales son un asunto de política pública porque destruyen la urdimbre esencial de las relaciones humanas más privadas, afectan directamente la convivencia pacífica de los ciudadanos y ciudadanos y repercuten gravemente en la construcción y consolidación del capital social de la ciudad. Nuestro reto, desde la política pública y como sociedad, ha de ser armonizar ley, moral y cultura de tal suerte que ningún niño y ninguna niña en nuestro país sea víctima de la violencia sexual, bien sea en su modalidad de abuso o de explotación.

El Consejo Distrital para la Atención Integral a los Niños y a las Niñas Víctimas de Abuso y Explotación Sexual (creado mediante Acuerdo 12 de 1998 del Concejo de Bogotá) conformado por más de 21 instituciones del orden distrital y nacional busca abordar de manera integral esta problemática desde la prevención, detección, atención y promoción de la denuncia eincidir en la raíz del problema, en esta estructura social que niega y de este modo perpetua tales delitos.

Unas de las acciones que se están adelantando para tal fin son los denominados conversatorios ? unos entre hombres y otros entre mujeres- donde se busca brindar a unos y otras herramientas para la revisión de sus prácticas violentas, la reconstrucción de imaginarios de masculinidad y feminidad que perpetúan las relaciones de dominación, el manejo adecuado del cuerpo y la sexualidad y el empoderamiento en derechos para el acceso a la justicia. Se tiene la convicción, además, de que un ejercicio adecuado de la función parental que fortalezca los vínculos afectivos entre niños y niñas y sus padres aportará en la reconstrucción de las relaciones de pareja en el que hombres y mujeres vivan en un contexto de igualdad emocional, sexual y doméstica constituyendo así un escenario de protección familiar frente a la violencia sexual.

El beneficio para el Distrito Capital de estas y todas acciones que se están desarrollando en la ciudad será, sin lugar a dudas, la existencia de más familias democráticas y autorreguladas donde los patrones de crianza no violentos se afiancen y los patrones de relaciones no estén sustentados en la fuerza sino en la supremacía del amor y la responsabilidad. Por eso reafirmo que la vida y los cuerpos de los niños y las niñas de Colombia son sagrados.

* Directora Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito