No al contralor de bolsillo

Y cuando los escándalos de corrupción son revelados, las posibilidades de que terminen sancionados son ínfimas. Esta combinación convierte la corrupción en una actividad tan atractiva como lucrativa.

Esto sucede pese a que los colombianos nos gastamos una enorme cantidad de recursos en un órgano de control como las contralorías nacionales y territoriales que no existen en la mayoría de los países, donde la figura de los tribunales de cuentas es mucho mas común. Lamentablemente, los resultados son tan escasos que este órgano de control carece de poder disuasivo real frente a los corruptos, pese a la gran cantidad de buenos profesionales y de enormes recursos presupuestales que posee.  Esta situación es particularmente grave cuando se observa que la Contraloría es prácticamente incapaz no sólo de impedir la corrupción sino de recuperar los dineros robados. Los pocos corruptos que terminan condenados suelen pagar sus condenas (con rebajas incluidas) y luego salir a disfrutar de los dineros robados a los colombianos.

La causa principal de este problema es la relación política que existe entre los funcionaros elegidos para este órgano de control y los gobiernos y la clase política. A lo largo y ancho de nuestro territorio las contralorías son una cuota de los partidos miembros de la coalición de gobierno y como consecuencia en lugar de controlar a los gobiernos terminan cuidandoles la espalda.

Para que esta situación empiece a cambiar es necesario que el gobierno y el Congreso den ejemplo con la elección del próximo contralor general evitando que la persona seleccionada sea un funcionario de bolsillo del gobierno o del partido de gobierno, el Centro Democrático. Hasta el momento, el presidente Duque ha mostrado que su compromiso contra la corrupción no es solo de palabra sino de verdad. Pero si el gobierno termina interviniendo para buscar un contralor amigo todo ese discurso se desplomará.

La candidatura y posible elección de José Félix Lafaurie como contralor general representan un capítulo nuevo de esta misma lógica, pues su elección se interpreta como la de un aliado del gobierno y no la de un auténtico fiscalizador. El nuevo gobierno no debería derrochar la credibilidad que ha construido al cumplir su promesa de no repartir cargos públicos como parte de la mermelada y dejar que el congreso escoja con autonomía un candidato que no pertenezca al partido del Presidente.

La composición del actual Congreso permite confiar en que la nueva cabeza del organismo no termine siendo un contralor de bolsillo. Existen muy buenos candidatos que representan opciones por fuera del Centro Democrático que al paso que va no solo querrá controlar el gobierno sino también a los organismos de control y pronto intentará controlar también la justicia. Entre los candidatos se destaca la figura de Carlos Felipe Córdoba que representa no solo juventud y capacidad técnica,  tal como lo muestran sus excelentes calificaciones durante el proceso de pre selección, sino que refleja muy bien las capacidades de las personas de provincia, ajenas a las elites bogotanas. Su elección refrescaría la gestión de un órgano de control que tiene como principal reto mostrar que realmente puede ser eficaz en la lucha contra la corrupción y mostraría que el Congreso también está comprometido en evitar que el contralor termine siendo de bolsillo del partido de turno en la presidencia.