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Opinión

  • | 1999/01/04 00:00

    NO ENTIENDO A INGRID

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Y no solamente a Ingrid. Tampoco entiendo la posición contradictoria de muchos frente al proyecto de reforma política, alrededor del cual se ha armado un auténtico zafarrancho en el Senado que la tiene al borde de ahogarse, sin que la opinión pública haya entendido con claridad qué está pasando, y si es cierto que la reforma es tanpobre como sus detractores han pretendido presentarla.
Para comenzar, y para que la opinión lo tenga claro de una vez por todas, esta reforma contiene puntos por los que el país viene clamando insistentemente hace más de 20 años: quitarle el manejo administrativo a las Cámaras para que se acaben los abusos presupuestales de los congresistas (ya eso solo justificaría la reforma), garantías para la transparencia en el trámite de las leyes (ídem), la bobadita de eliminar los cupos presupuestales que es el disfraz de Caperucita que desde la Constitución del 91 adquirieron los auxilios parlamentarios (ídem), y una audaz pero controvertida propuesta (para algunos es una amenaza contra las minorías), tendiente a ordenar los partidos, para que las listas electorales se limpien, para que haya coherencia ideológica y para que la política no se siga haciendo con base en los chantajes que ejerce cada uno de los congresistas contra el gobierno de turno.
Este replanteamiento de la política, adobado por mecanismos que todavía la opinión no entiende, como el del umbral y la cifra repartidora, fue la tesis de grado de uno de los principales asesores de Ingrid Betancourt, Eduardo Chaves. Este inteligentísimo ex guerrillero reinsertado, que durante la administración Gaviria representó al gobierno colombiano en París, le 'vendió' (ideológicamente hablando, claro) su tesis de grado a la senadora, bajo la premisa de que era lo que se necesitaba para modernizar los mecanismos de hacer política en el país. Ingrid, a su vez, se lo vendió al gobierno, el gobierno se lo vendió a los partidos y a la fuerza independiente de Noemí Sanín, y estos últimos intentan actualmente vendérselo al Congreso, pero ya con la senadora Betancourt, sorprendentemente, por fuera del proceso.
Esta reforma, que en la actualidad hace trámite en el Congreso, solo difiere de los planes originales de Ingrid en cuatro puntos: la reforma no trae, por ejemplo, la autorización para permitir que los muchachos de 16 años voten, y francamente no creo que en el hecho de que puedan hacerlo repose la clave de nuestro bienestar político. La reforma tampoco contiene, por fortuna, la autorización, como originalmente planteaba Ingrid, para que Contralor y Procurador se elijan por voto popular, que Dios nos proteja. Tampoco contiene la medida de hacer el voto obligatorio, como si la clave de mejorar nuestra política estuviera en el constreñimiento electoral de los colombianos. Y tampoco trae el mecanismo de que la financiación de las elecciones en Colombia sea totalmente estatal, de la que los países que la han adoptado se están devolviendo ante la escandalizante corrupción que ha producido. Pero además me río: ¿cuántos colombianos contestarían que sí a la pregunta de si están dispuestos a pagarles de ahora en adelante en su totalidad las campañas electorales a los políticos? Porque que el Estado sufrague las campañas es una manera de presentar la verdad. Y la verdad es que los colombianos tendremos que pagar más impuestos para que la política se haga totalmente por cuenta nuestra.
No entiendo, pues, a Ingrid. Suponer que si la reforma contuviera estos cuatro puntos sería buena, y merecería apoyarla, es francamente muy discutible. Y estar aliada con senadores como Dussán para hundir su trámite me llena de toda suerte de interrogantes sobre su posición.
Pero tampoco entiendo a otras respetables senadoras, como Piedad Córdoba y Viviane Morales. La primera dice que es absurdo tramitar una reforma política que no haya sido previamente debatida con la guerrilla, pero ella misma presentó el 20 de julio un proyecto de acto legislativo mediante el cual pretende instaurar en Colombia una especie de régimen parlamentario: me pregunto qué le dijo la guerrilla sobre su proyecto.
La segunda, por su parte, alega que la reforma electoral no es oportuna. Pero ella también presentó a mediados de este año un proyecto de reforma electoral: ¿en qué era más oportuno el suyo?
Tampoco entiendo a los senadores Jimmy Chamorro y Samuel Moreno, ambos, a nombre de los independientes, firmantes de los acuerdos de Casa Medina. Después de que ambos se midieron la reforma como si se tratara de un vestido, para descubrir que les quedaba corta de tiro y larga de siza, han resuelto repudiarla, a menos que el gobierno acepte coserla a la medida de sus necesidades. Y su medida es, nada menos, la de que para ellos se reserven 20 curules que requieran menos votos que las otras 80 que componen el Senado. ¿Y como por cuenta de qué, pregunto, a Morenos y Chamorros hay que escribirles un capítulo propio en la reforma, para que aseguren quizás por 20 años más sus curules en el Congreso?
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