No es forma de hacer política

“Esto es para llegar con miras a 2022 y seguir mucho más allá para derrotar al Centro Democrático y la ultraderecha para llegar al poder en 2022”. Son las declaraciones de Nelson Alarcón, miembro de Fecode y activista del paro nacional.

Así se revelaron las verdaderas intenciones de los supuestos organizadores del paro. No eran oponerse a una inoportuna reforma tributaria, como tampoco censurar un proyecto de reforma al sistema de salud, ni reclamar mayores oportunidades de empleo o educación. Se trata de una macabra forma de hacer política, atentando contra la salud y la vida de las personas, obstruyendo vías para cortar suministro de alimentos, combustibles y medicamentos, para sitiar ciudades y poblaciones, destruyendo vitrinas y establecimientos, sembrando el caos y el desorden para desprestigiar el establecimiento, todo absolutamente todo, para llegar al poder.

Las protestas y movilizaciones efectuadas a partir del pasado 28 de abril, en desacato de una orden judicial para proteger la salud de la población colombiana, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, han dejado más de 25.000 contagios y cerca de 600 muertes diarias, colocando al país entre las naciones más afectadas por la pandemia. Lo anterior obligó al ministro de Salud a advertir que las movilizaciones incrementarían “espiral de muertes” por covid-19.

Solo en Bogotá se han realizado más de 800 actividades de protesta, más de 250 marchas, más de 90 bloqueos, en donde habrían participado cerca de 240.000 personas. Alrededor de 400 lesionados; instituciones y entidades distritales habrían reportado cerca de 6.800 daños materiales a la infraestructura de la ciudad, con daños estimados en $30.000 millones, gran parte de ellos concentrados en el sistema integrado de transporte.

Según estimativos moderados, cada día de paro genera pérdidas superiores a $170.000 millones. Los bloqueos de vías, más de 3.500, habrían represado en Buenaventura 270.000 toneladas de carga, afectando el suministro de alimentos e insumos para la agricultura y la ganadería. La Defensoría del Pueblo hizo una “alerta humanitaria por el colapso en seguridad alimentaria en el país” por las dificultades en la movilización de alimentos en 29 de los 32 departamentos. Las cadenas productivas campesinas al borde de la quiebra son 350.000 familias papeleras, 450.000 familias cafeteras, 52.000 familias cacaoteras, 29.000 familias paperas y 651.000 empleos directos en piscicultura, porcicultura y avicultura.

De otro lado, el 86 % de las empresas informan que se han visto muy afectadas por los bloqueos, El 71 % de los empresarios reportan escasez en materias primas, lo que afecta seriamente la producción. El 53 % de las empresas se han tenido que cerrar sus plantas. El 61 % de los trabajadores han tenido problemas de movilidad. El 91 % de las empresas señaló afectación en sus ventas. Según la SAC se habrían perdido más de 16,4 toneladas de alimentos.

De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, los sindicatos tienen prohibido, ordenar o patrocinar cualquier acto de violencia frente a las autoridades o en perjuicio de terceras personas, conductas que pueden acarrear la cancelación de la personería jurídica.

El acuerdo final, suscrito entre el gobierno anterior y las Farc, señala que las protestas serán pacíficas y las diferencias se tramitarán por los canales institucionales. Lamentablemente, algunos sectores continúan con la vieja política de confrontación, de odio, de lucha. Son agentes divisores y disolventes de la sociedad, destructores del esfuerzo y del trabajo de todos.

Qué infame es hacer política causando más enfermedad, hambre, muerte y pobreza. Qué triste pretender alcanzar el poder a cualquier costo, batiendo hipócritamente las banderas de la dignidad y de los derechos humanos que atropellan con descaro.