opinión

Luis Carlos Vélez Columna Semana
Luis Carlos Vélez. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

No es la salud

Detrás de la modificación del sistema de salud en el país no estaría la supuesta búsqueda de un mecanismo que otorgue mejor atención a los colombianos, sino la apropiación de sus recursos para darles otro destino.


Por: Luis Carlos Vélez

La manera más fácil para que una familia en Estados Unidos pierda su capital es que se enferme uno de sus miembros. Es prácticamente una realidad del sistema económico y social norteamericano que las personas pierdan todos sus ahorros y, en algunos casos, hasta su propia vivienda, pagando los millonarios costos que representan los cuidados de salud en el país.

En la Unión Americana, si una enfermedad no mata a sus ciudadanos, definitivamente las cuentas médicas lo harán.Según el más reciente estudio publicado sobre el tema en el American Journal of Public Health, el 66,5 por ciento de todas las quiebras en Estados Unidos están relacionadas con asuntos médicos. Es decir, por los altos costos del cuidado de la salud o el tiempo que los empleados y sus acompañantes tienen que tomarse debido a la enfermedad. “Un estimado de 530.000 familias entran en bancarrota cada año por problemas médicos y cuentas por pagar”, dice el estudio. Terrible.

En Colombia la gente no se muere pagando por sus cuentas de salud. Aunque el sistema está lejos de ser perfecto, uno de los beneficios que tiene es que sus costos lo hacen asequible a prácticamente toda la nación. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia es el país de América Latina con la cobertura más alta en salud, superando el 95 por ciento de la población. En términos de calidad, a la luz de los indicadores, el sistema es uno de los mejores de América Latina. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, Chile es el país con mayor esperanza de vida en la región. En promedio, la gente allí vive 80 años. En un segundo lugar aparece Colombia, con una media de 79 años de vida.

A pesar de estos indicadores, el problema es la insatisfacción y los escándalos. Una encuesta, también del BID, señala que el 70 por ciento de los afiliados al sistema está insatisfecho. La SuperSalud ha liquidado 11 EPS y tiene en medida de vigilancia especial a otras 15. También ha intervenido 18 hospitales del país. Además, las tutelas para que se cumplan procedimientos y tratamientos se acumulan en millones prácticamente todos los días. ¿Qué hacer?

Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia haciendo una radiografía correcta de los problemas del país. Sin embargo, las fórmulas para solucionarlos difícilmente pasan el examen de la plausibilidad y, en el caso de la salud, de la transparencia.

Acabar con el sistema de salud actual no es la solución. Lo que corresponde es hacer cumplir la ley, acabar con las empresas y los mercenarios que han convertido a la salud en un negocio y escenario de la corrupción e implementar mejoras para que el sistema mejore, sea eficiente y garantice el servicio a sus afiliados.

El profesor David Bardey, Ph. D. en Economía de la Universidad de Besançon, catedrático de la Universidad de los Andes, propone tres ideas que vale la pena explorar para aumentar la capacidad de servicio del sistema: crear incentivos enfocados hacia la calidad; que las IPS y EPS trabajen de la mano y financiar el sistema de salud con impuestos a la renta. Como él, son muchos los expertos que proponen ajustes al mecanismo en Colombia y no eliminarlo por completo, como lo predica la próxima ministra, Carolina Corcho, recientemente reconocida en Colombia por sus afirmaciones falsas en redes sobre la pandemia.

Las propuestas de Gustavo Petro y su ministra designada sobre las EPS podrían estar escondiendo sus verdaderas intenciones. Me refiero al gran botín que representa el sistema y que algunos de sus aliados y potenciales ministros miran con apetito.

Lo que realmente estaría buscando la administración Petro al intentar acabar el régimen de salud, ofrecido por el sistema de las EPS, es su capital. Lo que hay debajo de esta organización es un botín de 42,5 billones de pesos, dineros que están en el presupuesto del Estado para 2023, y los ingresos de las EPS que cada año superan los 74,9 billones de pesos. Claramente no es amor a la marrana, sino a los chicharrones.

El Gobierno Petro necesita los billones de pesos que hoy mueven el sistema de las EPS/IPS para la financiación de sus proyectos populares que prometió en campaña. Sabe que no hay presupuesto real que pueda materializar mucho de lo que comprometió con el electorado.

Detrás de la modificación del sistema de salud en el país no estaría la supuesta búsqueda de un mecanismo que otorgue mejor atención a los colombianos, sino la apropiación de sus recursos para darles otro destino. Este es precisamente el mecanismo que usarán con las pensiones, dirán que es por el bien de los ciudadanos y del servicio, pero en realidad es por su propio bien y el de la perpetuidad de sus apetitos políticos. Bienvenidos a la famosa democratización.