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Opinión

  • | 2004/04/25 00:00

    No a la politización de la Fiscalía

    El representante Omar Flórez presentó un proyecto de ley que pretende cambiar la forma como se elige al Fiscal General de la Nación, en medio de la controversia que ha generado la gestión del actual fiscal Luis Camilo Osorio.

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En unión de un numeroso grupo de colegas he radicado el proyecto de ley No. 240- Cámara por medio del cual se modifica el artículo 249 de la Carta Magna:

ARTÍCULO PRIMERO: El artículo 249 de la Constitución Política quedará así:

La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley.

El Fiscal General de la Nación será escogido por la Corte Suprema de Justicia, de terna integrada por candidatos presentados a razón de uno por el Presidente de la República, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, para un período de cuatros años y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no haber sido candidato a ningún cargo de elección popular ni haber ejercido funciones de responsabilidad en partidos o movimientos políticos. Ejercerá las funciones que establezca la ley, incluida la presentación, dentro del primer trimestre de su período constitucional, de un plan de desarrollo de las políticas criminales que fije el Estado conforme lo indica el numeral 3 del artículo 251 de esta Constitución.

Igualmente será función del Fiscal General de la Nación presentar al inicio de cada legislatura un balance general sobre el desarrollo y ejecutorias de las políticas criminales fijadas por el Estado.

La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal.

Al Fiscal General de la Nación, la Constitución Política en el artículo 251 numeral 3 se le asigna la función de participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto. Por esta razón, no es conveniente que en su elección solamente presente candidatos el Presidente de la República, pues se corre el riesgo de tener "fiscal de bolsillo" o que se politice su elección y máxime ahora que se discute la posibilidad de la reelección presidencial que en sus afanes de lograr apoyos se llegue a someter a negociaciones como ya se ha anunciado.

La norma constitucional no puede permanecer estática. Es indispensable su armonización con los tiempos y las nuevas necesidades. Hoy en día se ve la enorme necesidad de reformarla. Esta idea no surge como una simple aspiración teórica, sino como una idea que ambiciona acabar con la centralización que caracteriza nuestro sistema de elección del Fiscal General de la Nación. Esta reforma, de ser aprobada, como esperamos, permitirá democratizar la elección del Fiscal, en la dimensión de transparencia y modernización de los altos organismos del Estado.

En la elección del Fiscal General de la Nación se debe observar el más pulcro procedimiento, para obtener así eficiencia e independencia en la prestación del servicio, por eso proponemos que con este acto legislativo, la Honorable Corte Suprema de Justicia elija al Fiscal General de la Nación, de una terna en cuya elaboración participen la presidencia de la República, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, con lo que se garantiza su independencia. Es innegable que con la división de las ramas del poder público se busca no solamente la independencia entre ellas, sino efectuar un trabajo de control, equilibrio y coordinación, con el fin de obtener el bien común de los asociados, razón de ser del Estado.

Para efectos de autonomía, eficiencia, eficacia y democratización, la elección del Fiscal General de la Nación debe deslindarse de cualquier intervención directa del ejecutivo de turno, para que la gestión asignada a dicha entidad del orden nacional sea adelantada de una manera independiente, autónoma y transparente, consultando el verdadero interés nacional y no el particular.

Los notables avances de fortalecimiento de nuestra Democracia, la aguda crisis criminal, la complejidad de las organizaciones delincuenciales y las reiteradas falencias denunciadas que han deteriorado su credibilidad, sugieren que es más conveniente el esquema que proponemos que el actual.

"Si la independencia es indispensable para todos los poderes, con mayor razón lo es para el poder judicial, que es el más débil de los tres, y que por consiguiente se encuentra expuesto en mayor medida a las presiones e influencias de los poderes políticos"(1)

Toda administración de justicia por naturaleza de sus funciones, necesita independencia en todo sentido, y muy especialmente con relación al poder ejecutivo. La independencia es aún más necesaria cuando la administración de la justicia está a cargo de un poder judicial con jerarquía de poder público, guardián de la Constitución, y al cual se reconoce la potestad jurisdiccional de juzgar la constitucionalidad e inconstitucionalidad de leyes, decretos, etc,"(2)

Al Estado de Derecho lo garantiza y protege una justicia independiente, libre de coacciones extrañas, ajena a la politiquería y con total y absoluta libertad para ejercer sus funciones y bajo un solo objetivo: cumplir la ley.

La independencia, la moralidad y la pronta y cumplida acción de la justicia son pilares fundamentales en el sostenimiento del Estado de Derecho.

Esta iniciativa de reforma constitucional tiene la finalidad de modificar el esquema de elección del Fiscal General de la Nación, para adoptar uno que amplíe las posibilidades a otras instituciones, en tanto que Colombia es un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista.

Esta iniciativa complementa los alcances y propósitos del legislador con la Reforma Política y el Acto Legislativo 03 de 2002.

[1][1] LINARES QUINTANA - Tratado de la Ciencia del Derecho - Buenos Aires - Edición Alfa, 1963.

[1][1] SANCHEZ VIAMONTE Carlos, Manual de Derecho Constitucional, Ed. Bibliográfica Argentina, 1957.

*Representante a la Cámara por Antioquia- Ex alcalde de Medellí. * Autor del proyecto de Ley No. 240- Cámara por medio del cual se modifica el proceso de escogencia del Fiscal general de la nación
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