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¡Que no objete! (2)

Los llamados de distintos sectores políticos y sociales para que no se objete la Ley Estatutaria de la JEP quedaron sepultados bajo los reparos del Fiscal General y el llamado del expresidente Álvaro Uribe a acabar, de una vez por todas, con la nueva jurisdicción.

Lucas Pombo, Lucas Pombo
21 de febrero de 2019

Cada día parece más cercana la posibilidad de que el presidente Duque objete la Ley Estatutaria de la Jurisdicción de Paz. Los llamados de distintos sectores políticos y sociales a que no se borre de un plumazo lo que tanto costó construir quedaron sepultados bajo los reparos del Fiscal General frente al proyecto y del llamado del expresidente Álvaro Uribe a acabar, de una vez por todas, con la nueva jurisdicción.

Las preocupaciones del fiscal Néstor Humberto Martínez son válidas hoy, como lo fueron hace dos años, cuando el proyecto se discutía en el Congreso o hace uno, cuando estaba siendo analizado por la Corte Constitucional; sin embargo, el momento de los reparos terminó. La discusión sobre la legalidad de la ley quedó zanjada con el fallo de la Corte y su conveniencia quedó establecida cuando los congresistas elegidos democráticamente en las urnas decidieron aprobarla. Insistir en deshacer aspectos de la JEP a esta altura del paseo, con o sin razón, a lo único que llevará es a un inevitable "choque de trenes" entre el Gobierno, la Corte y el Congreso y a que las instituciones sufran un desgaste adicional al ya causado por cuenta de la polarización.

Vale la pena insistir, la falta de normatividad clara es el caldo de cultivo perfecto para que se geste una "súper JEP", cuyos únicos límites serían determinados por el criterio de sus magistrados quienes, con o sin ley estatutaria, tendrán que cumplir con el mandato que les dicta la Constitución Política, en virtud de los acuerdos de paz de La Habana. Ya lo adelantó la Presidenta de la JEP, Patricia Linares: "si la Ley no existe tenemos que acudir a la interpretación de normas superiores diferentes".

También llama la atención cómo en las toldas del Centro Democrático hubo un retroceso en la posición frente a la JEP. De pedir su derogación, el partido del expresidente Uribe pasó a sentarse en la mesa con todos los sectores políticos para analizar cambios que lo llevaran a reconocer la legitimidad de la nueva jurisdicción; sin embargo, en un giro de 180 grados, el partido de gobierno volvió a pedir la eliminación definitiva del sistema de justicia transicional, alejando nuevamente las posiciones en el terreno del proceso de paz.

Nos devolvimos un par de años en el tiempo, cuando la agenda la dictaban los promotores del "Sí" y el "No" en el Plebiscito. Al regresar a una discusión que parecía superada, se reabrieron las heridas que poco a poco iban cicatrizando, sumando un elemento adicional al tenso clima político que se vive en Colombia. A este nuevo ambiente de pugnacidad no solo han aportado quienes insisten en echar para atrás la reglamentación de la JEP, sino también quienes hacen propuestas como la de revivir innecesariamente el Plebiscito a través una "papeleta por la paz" en las elecciones regionales de octubre. Además de cara y jurídicamente irrelevante, la propuesta terminará agitar el avispero.

El tiempo se agota e Iván Duque está ante una decisión que marcará definitivamente su presidencia. En las manos del Primer Mandatario y de su equipo jurídico está la decisión de dar un salto al pasado o de dejar avanzar al país, pasar la página y permitir que nos ocupemos en otros temas fundamentales para el país. Nunca es tarde para corregir el rumbo y tomar buenas decisiones, por eso vale la pena repetir una y mil veces: ¡No objete!




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