Opinión: Y se cayó la casa en el aire

El Plan de Desarrollo de Uribe II, en su Artículo 79, le daba al Gobierno Nacional la facultad de definir la norma urbana en cualquier municipio del país con el fin de formular proyectos de vivienda de interés social e impulsar su construcción. Estos macroproyectos se convertían en instrumentos de jerarquía superior en el ordenamiento territorial incorporándolos a los POT municipales. Eran palabra de Dios.
 
La Corte Constitucional ha declarado inexequible el articulito, tumbando los macroproyectos de vivienda por violar el mandato constitucional que les asigna a los concejos municipales la facultad de decidir sobre el uso del suelo. El regaño de la Corte es monumental. Señala que el Gobierno Nacional se atribuye competencias que no le corresponden, que centraliza algo constitucionalmente descentralizado, que excluye a los municipios de participar en estas decisiones, que desplaza las normas locales y que afecta la concurrencia, coordinación y subsidiariedad con los que debe actuar el Estado Colombiano. Para resolver los problemas al construir vivienda de interés social, la debilidad técnica y la corrupción en las instancias municipales involucradas en los asuntos de vivienda, el camino correcto aunque no necesariamente el más fácil era el fortalecimiento institucional y llevar a los corruptos ante la fiscalía. Pero sobre todo el camino obligado era cumplir la Constitución.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Ordenamiento Territorial le ofreció al sector de la construcción una alternativa que sabía que tenía debilidades de orden constitucional, pero que era muy atractivo para los constructores pues les evitaba la instancia municipal. Y para los dueños del suelo también era buenísimo pues es a través de la norma urbana que una finca para sembrar papas queda lista para hacer edificios, con la obvia valorización que dicho cambio de uso implica. Que se sentaran el constructor, el dueño de la finca y el Ministerio para definir donde y como construir casas, era un sueño de hadas.

El Ministerio señalaba que mientras estuviera vigente el artículo 79 lo iba a impulsar y lo logró con 10 macro proyectos. ¡Háganle mientras puedan, cojan el atajo! ¿Y qué van a hacer con los que quedaron pendientes? Y ¿cómo se hacen ahora las viviendas? El pataleo del Ministerio da vergüenza por su arrogancia frente a la decisión de la Corte Constitucional. Que lo acatan pero no lo comparten… ¡Por favor! Y además anuncian Proyecto de Ley para que sí se pueda hacer lo que querían y para que el próximo gobierno siga la línea que ya se sabe va en contra de la Constitución.

Y ahora viene un problema muy complicado. Además de poner casas en un lote, hay que “ponerle ciudad”, es decir, servicios públicos, vías, equipamientos (colegios, parques, hospitales…), y una de las grandes dudas de los macro proyectos es la manera como se financian estas inversiones. Si el cambio de norma del suelo le permite al dueño apropiarse de la plusvalía, la plata no alcanza y le corresponde a otro, obviamente al municipio “beneficiado” por el macro proyecto, asumir estas cargas.

Amenaza el Ministerio con que perderemos cuarenta millones de dólares que el Banco Mundial iba a invertir en los macro proyectos. Esperaríamos del Banco Mundial que por ninguna razón siga apoyando esa forma de hacer las cosas que la Corte Constitucional ha declarado contraria a nuestra carta magna. Deberían pensar más bien en fortalecer a los municipios en su capacidad técnica. Un ejemplo real, que va viento en popa y cumple con todas las exigencias legales y urbanísticas es Usme Ciudad Futuro, gestionado por Metrovivienda en la ciudad de Bogotá (donde el Ministerio quería hacer un macro proyecto).

Para un gobierno que hizo lo que hizo en contra de la Constitución y las instituciones para reelegirse, hacer cualquier cosa para ganarse un sector tan poderoso como el de los constructores y los propietarios de tierras no era ningún problema. Pero ahora tiene que explicarles como salir del atolladero en el que los metieron, pues esa ligereza a la hora de saltarse el estado social de derecho los llevo a una suprema inseguridad jurídica para sus actividades empresariales. Gracias a la Corte Constitucional por este fallo.

*Ex secretaria de Planeación y ex secretaria de Hábitat de Bogotá.
catalinavelascocampuzano@hotmail.com