Enemigos del orden constitucional

Durante los últimos cuatro gobiernos, la política ha estado determinada por los partidarios de los diálogos con las FARC y quienes consideran que se debe ejercer la autoridad y la fuerza. Ese grupo guerrillero que tiene 50 años de existencia ha estado alzado en armas contra las instituciones.

El gobierno de Andrés Pastrana estableció la zona de despeje del Caguán, utilizada por las FARC para delinquir y fortalecerse militarmente. Después, como reacción, con un amplio respaldo electoral, el gobierno Álvaro Uribe decidió ejercer la autoridad y la fuerza contra la guerrilla, mientras aplicaba por primera vez un defectuoso modelo de justicia transicional para líderes paramilitares, a la postre extraditados por narcotráfico a Estados Unidos. El gobierno de Juan Manuel Santos, en su primer período, a pesar de haber sido elegido para continuar con la política de Uribe, decidió explorar el camino del diálogo e instalar una mesa de negociaciones en La Habana, Cuba, que debería llegar prontamente a un acuerdo, que no se logró en ese lapso. En consecuencia, el segundo período de este gobierno presentó la continuación de los diálogos como política de paz negociada, en un escenario dividido.

La polarización política, facilista para definir y obtener electores por las deficiencias de cultura política, condujo al falso dilema de amigos o enemigos de la paz. Se sumó el argumento consistente en que esta es un fin y un derecho constitucional, de manera que los opositores estarían contradiciendo el orden constitucional. Se trata de una gran equivocación, 50 años de lucha contra la guerrilla no han sido infracciones a la Carta ni a los derechos fundamentales, como tampoco han sido atentados contra la paz, sino la defensa legítima de las instituciones democráticas. El derecho no es obstáculo, como erróneamente insinuó el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

La historia de Colombia ha tenido muchos casos de grupos insurrectos y rebeldes que se han opuesto al orden político, así mismo registra más de 60 indultos y 25 amnistías, para que los guerrilleros se incorporaran a la vida política y civil. Estas cifras indicarían que no hemos logrado una sociedad incluyente, pero también sugerirían que las minorías violentas han encontrado una forma de obtener ventaja política ante un Estado débil.

Desde el punto de vista penal, se entendió que los delitos contra el orden constitucional y legal -de rebelión, sedición y asonada- correspondían a los delitos políticos de que tratan las disposiciones superiores. Por lo tanto, jurídicamente, los guerrilleros son enemigos de la Constitución vigente, eso explica su pretensión de asamblea constituyente, o sea, de establecer un nuevo orden constitucional.

Ahora bien, distintos instrumentos internacionales imponen al Estado la obligación de tipificar y sancionar determinados delitos, con mayor relevancia aquellos considerados de gravedad internacional, que no podrían ser objeto de indultos o amnistías. Por eso se acude a la justicia transicional como fórmula de solución para esa clase de delitos, que tendrían penas reducidas, a cambio de verdad, reparación a las víctimas y no repetición.

En síntesis, el asunto que debe estar más allá de la polarización partidista no se contrae al expediente simplista de amigos o enemigos de la paz, sino al perdón de los delitos políticos para los enemigos del orden constitucional, a qué tanto se deben reducir las sanciones para los delitos de gravedad internacional, siempre que se obtengan las mencionadas contraprestaciones, y qué tantas concesiones políticas y administrativas se otorgan para que la guerrilla acepte las condiciones.

*Presidente del Instituto Libertad y Progreso
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