Pacto de Bogotá Inconstitucional

Sorprendió esta semana el presidente Santos con su anuncio de que seguiría ejerciendo dominio sobre toda la plataforma continental del archipiélago de San Andrés y Providencia, y advirtió que el fallo es “inaplicable”.  

Lo que le tomó cerca de diez meses plantear al gobierno nacional ya estaba planteado por quienes ejercen la oposición. Desde el primer día que se dio a conocer el fallo a la opinión pública, el expresidente Álvaro Uribe Vélez señalaba el no acatamiento del fallo, por razones que hoy el gobierno acoge. ¡En hora buena!

Y es que no era para menos que el gobierno nacional planteara una posición de Estado en un tema de tan altos quilates, una posición de alta costura jurídica, tenía que tener serios argumentos y respaldo unánime de la Nación. 

Ese respaldo del exmandatario a esos postulados que desde el principio planteó: no al acatamiento del fallo, que en síntesis es lo mismo a la no aplicación del mismo, palabra que para el mundo jurídico no genera resistencia alguna, unidad del archipiélago; eso desde el punto de vista de la unidad de la plataforma continental desde Cartagena hasta el archipiélago, entendido como un todo, una unidad. Hoy este planteamiento, lo denomina Santos como “el archipiélago como zona contigua integral. 

Esperamos que este anuncio del gobierno no tenga modificación en el futuro, que al parecer como veo las cosas no será así. La acertada estrategia de demandar en el derecho interno la base jurídica que sostiene y le da vida a la providencia de La Haya es un paso en la dirección correcta (por fin uno en cerca de cuatro años de desgobierno), es decir la inconstitucionalidad del pacto de Bogotá es clara, evidente y salta a la vista. 

No solo por cómo surgió el mismo, en medio de una era de violencia cruel en el país, que solo casi dos décadas se ratificó por el Congreso de la República y fue allí donde unos pocos a los que denominaban “críticos sin fundamentos” para entonces, ellos expresaron sus críticas constructivamente, esos llamados “leopardos” que desde el Congreso de Colombia dejaron sus reservas y reparos frente al “pacto de Bogotá”, pues este pacto dejaba el camino abierto y fértil para que Colombia dejase en riesgo la soberanía de la nación y sus límites fronterizos.

Esos “críticos sin fundamento” no tenían “bola de cristal”, simplemente ejercieron ese liderazgo de contarle al país los riesgos en el escenario que Colombia suscribiera dicho pacto, sus reservas de antaño pasaron a ser realidad de hoy.

Pasaron varios años para su ratificación por el Estado colombiano, debido a la fuerte violencia que comenzó desde el 48. El ejercicio poco riguroso en aspectos netamente constitucionales se dio por el Congreso de Colombia. Para entonces, no existía un tribunal de cierre constitucional, pues este solo existió después de la constituyente del 91. 

Muy probablemente en esta ultima constituyente no se observaron de manera detallada gran parte de tratados, y temas que hoy ya todos conocemos, “de buena fe desde luego”.

Luego de muchos años y ante el despropósito de un tribunal internacional que se apartó de los instrumentos de derecho que le facilitaba expedir una providencia ajustada al derecho internacional público, dejando como última ratio la equidad y dejando a un lado ese instrumento de derecho como lo es el tratado Esguerra-Barcenas, nos damos cuenta de que el fallo no solo es inaplicable sino también inejecutable por su carácter de existencia de elementos que lo hacen nulo, en virtud de la inobservancia de los criterios racionales que el derecho internacional público provee, como son los tratados.

No todo podía ser perfecto, el presidente se demoró en decir lo que todos sabíamos, que era obvio y jurídicamente correcto. Desde luego, la decisión de expresarlo está motivada por las encuestas (que no lo favorecen en nada), también dejamos en reserva el asunto de un nuevo tratado (idea vaga y absurda), válida excusa pero imposible de llevar a cabo con un rufián como Ortega y con un blandengue como Santos.

Pero por encima de las encuestas y las razones ideológicas, están las altas razones de Estado que hoy rodean este asunto trascendental para la soberanía del país. El fallo no solo es inaplicable sino también inejecutable en razón de la nulidad que adolece. A ello se suma una situación mucho más gravosa, la inconstitucionalidad del tratado “pacto de Bogotá” que es el sustento jurídico que vincula el fallo con el Estado colombiano. Es este el que provee de jurisdicción a la Corte de La Haya, para que de manera olímpica nos quite los 75.000 kms de mar que nos pertenece. 

Así las cosas, a todas luces y conforme a nuestra Constitución el “pacto de Bogotá” es inconstitucional y así muy seguramente será declarado por ese máximo tribunal, para entonces Colombia nada habrá perdido, o al menos así lo esperamos.

Con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, teníamos preparada la acción judicial para que se declarara la inconstitucionalidad del pacto. ¿Por qué no lo hicimos? En razón de atender asuntos del más alto interés nacional en estrados judiciales de alto rigor jurídico se aplazó la presentación de la acción pública de inconstitucionalidad del pacto por unos días, “lamentablemente” el gobierno se adelantó en ello. 

¿Si la acción la hubiese interpuesto el expresidente Uribe, también sería un abuso al derecho de acción? ¿Si la acción la hubiese presentado Uribe también sería una demanda temeraria? ¿Si la acción la hubiese presentado Uribe también sería una demanda con ideología, egoísta y abusiva? 

Surgen estas dudas, dado que en escenarios se señala al expresidente de tales maneras, se desestima su voluntad de dar aportes importantes al país y en ocasiones se pretende cercenar sus derechos que como ciudadano le asisten no solo por ser un pro hombre sino también porque sencillamente es ciudadano como usted y yo, ¡injusto!. 

Sin embargo, cabe anotar que el camino para defender lo que nos pertenece, es el acertado y el mas celero, independiente de quien lo enfrente dado que los altos intereses de la Nación no tienen postulados políticos o ideología, solo le asisten una máxima: proteger la unidad del patrimonio del Estado. 

Pero, no porque sea un determinado ciudadano el que presenta dicha acción ajeno o distante de nuestras creencias, desestimaríamos el acierto, su calidad de ciudadano, su dignidad y mucho menos nos referiríamos con palabras peyorativas y groseras.