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Para atrás como el cangrejo

Los desafortunados y condenables hechos sucedidos en Tumaco, muestran que la implementación del proceso con las Farc, en lugar de superar el problema de la coca, lo empeora.

Miguel Ceballos Arévalo, Miguel Ceballos Arévalo
6 de octubre de 2017

Lo que las mismas comunidades de Tumaco venían advirtiendo sin que sus preocupaciones y denuncias fueran debidamente atendidas por el gobierno nacional, terminó por desembocar en el peor de los escenarios: la muerte de 6 campesinos y un número de 19 heridos en el caserío de Puerto Rico, zona rural del municipio de Tumaco, en la región de  Alto Mira y Frontera, de acuerdo con la declaración oficial hecha pública el día de ayer por el propio presidente Juan Manuel Santos, responsabilizando a alias Guacho,  quien hace pocos meses había sido identificado como el supuesto líder del grupo disidente de las Farc conocido como “Guerrillas Unidas del Pacífico”, pero ahora parece haber fundado su propia organización criminal en Nariño.

En la zona existe una gran tensión entre las comunidades  de campesinos que llegaron en calidad de colonos o  de desplazados,  a tierras que habitan comunidades afrodescendientes quienes las reivindican como pertenecientes a  sus territorios colectivos. Parte de esta tensión es fruto de que unas comunidades quieren acogerse al programa de sustitución de cultivos propuesto por el Gobierno, mientras que otras aseguran que no firmarán ningún compromiso de sustitución hasta cuando el Estado no cumpla con unas condiciones mínimas como dotar de energía, vías, luz  y educación a la región. En este escenario parte de las comunidades involucradas empezaron a bloquear los contingentes de la fuerza Pública, que cumpliendo órdenes del Gobierno central, iniciaron un proceso de erradicación forzada de cultivos de coca, al no lograr acuerdos de sustitución o erradicación voluntaria con los cocaleros.

El problema sigue siendo, como siempre se ha advertido, la falta de presencia del Estado, la cual, no obstante haber sido prometida como parte de los acuerdos con las Farc, no está verificándose en la práctica. Recordamos las promesas tanto de las Farc como del Gobierno Santos durante la negociación, cuando afirmaban que una de las consecuencias de los acuerdos sería la superación del problema del narcotráfico, para lo cual se comprometieron a : “Asegurar la sostenibilidad del PNIS -Programa Nacional Integral de Sustitución- en los territorios como garantía para la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito mediante una intervención continua y persistente del Estado, que se debe manifestar en condiciones de bienestar y buen vivir para las comunidades; y mediante la participación y compromiso de todos y todas, incluidas las Farc-EP luego de la firma del Acuerdo Final en el marco de su reincorporación económica y social.”

Por las manifestaciones que vienen haciendo las cabezas visibles de las Farc, parecen no querer asumir su parte de lo acordado, mostrando con su actitud que lo de Tumaco “no es con ellas”. De manera olímpica se limitan a señalar a la fuerza pública como la única culpable y responsable de lo sucedido, sin que exista una sola voz que asuma un mínimo de responsabilidad frente a las comunidades que estuvieron bajo su control e influencia por décadas.

Cabe aquí preguntarse si afirmaciones como las de Iván Márquez en Twitter en las que textualmente dice: “Informan que la fuerza pública simuló un combate para justificar ataque a los campesinos. La agresión empezó a las 10 y 30 de la mañana”(https://twitter.com/IvanMarquezFARC/status/916291238516621312),  corresponden al líder de un partido político que está en proceso de formación, después de dejar la lucha armada para ceñirse a la ley y a la constitución colombiana.

Mientras las Farc exigen al Gobierno, al Congreso y a todos los colombianos que  aceptemos la reforma de nuestras instituciones para cumplir con los acuerdos de paz, deberían también asumir su responsabilidad frente a las comunidades que hoy sufren las consecuencias del aumento de los cultivos de coca, pues resulta muy cómodo hacerse los observadores “sorprendidos”, cuando en realidad aún siguen siendo actores influyentes en las zonas cocaleras, o si no, ¿por qué insisten en que el Congreso apruebe en su beneficio circunscripciones políticas especiales precisamente donde se siembra más coca, incluido el departamento de Nariño?

A este paso el avance hacia el  llamado posconflicto, se parece cada vez más al del cangrejo, pues en lugar de llevarnos a soluciones pacíficas, nos devuelve a más violencia, fruto de la cual los campesinos y las comunidades afrodescendientes siguen siendo las verdaderas víctimas.

*Exviceministro de Justicia. Decano Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Universidad Sergio Arboleda.                      

@ceballosarevalo

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