“Para que jamás el narcotráfico vuelva a amenazar el Destino del País”

Con la muerte de Jorge Edgardo González Vidales a finales de 1983 y la del Ministro Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de 1984, el narcotráfico -además de corromper- inició su siniestra guerra contra la extradición y el Estado, siguieron las muertes de jueces y periodistas.

El 6 de noviembre de 1985, el movimiento guerrillero M-19 se tomó el Palacio de Justicia, perdieron la vida casi un centenar de personas entre magistrados, auxiliares, empleados, miembros de la fuerza pública y guerrilleros; además, se incendiaron los expedientes contra narcotraficantes. Alias “Popeye” afirmó que Pablo Escobar financió el M-19, lo que ellos siempre han negado. El resultado: la Ley 77 de 1989,  autorizó conceder indulto, se reinsertaron a la vida civil y política, hoy algunos de ellos son políticos activos.

En 1989, Pablo Escobar y otros miembros del grupo los “extraditables” declararon la guerra contra el Estado. El 18 de agosto fue asesinado el candidato presidencial Luis Carlos Galán. Otros candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, también murieron violentamente. El resultado: varios decretos de Estado de Sitio expedidos en 1990, establecieron reglas de sometimiento a la justicia y rebaja de penas, una vez aprobada la no extradición en la Asamblea Constituyente de 1991, se entregó Pablo Escobar para ser recluido en la “Catedral”, donde continuó delinquiendo, más tarde escapó para ser dado de baja el 2 de diciembre de 1993.

La campaña a la presidencia de Ernesto Samper, 1994-1998, fue financiada por los hermanos Rodríguez Orejuela del Cartel de Cali. El proceso 8.000 reveló las distintas financiaciones de este cartel a distintos funcionarios y periodistas. Los hermanos Rodríguez terminaron extraditados a los Estados Unidos. Samper no fue acusado pues sostuvo que la financiación ocurrió a sus espaldas.

El gobierno de Andrés Pastrana, 1998-2002, mientras fortaleció la fuerza pública, intentó negociar con el grupo guerrillero de las Farc, les concedió una zona de distensión desde la cual continuaron delinquiendo, el proceso se rompió y la guerrilla salió fortalecida. El país fue presa de la insurgencia, secuestros indiscriminados en las carreteras fueron frecuentes, las principales ciudades resultaron virtualmente sitiadas. Así las cosas, se fortaleció el paramilitarismo. En la sombra el narcotráfico financió a unos y otros.

El reelecto gobierno de Álvaro Uribe, 2002-2010, confrontó la guerrilla, mientras que ofreció un modelo de justicia de transición, Ley 975 de 2005, que fue aprovechado por los paramilitares, a la postre sus cabecillas fueron extraditados a los Estados Unidos.

Finalmente, el reelecto gobierno de Juan Manuel Santos, 2010-2018, logró un acuerdo con las Farc en 2016, justicia de transición, no extradición, reforma rural y solución definitiva al narcotráfico, lo que implicó varias reformas a la Constitución, la promulgación de leyes y decretos. Sin embargo, incentivos perversos incrementaron la siembra de coca a 208.000 hectáreas, junto con las decisiones de ese gobierno y de la Corte Constitucional de suprimir la fumigación aérea con glifosato.

El verdadero enemigo es el narcotráfico. Desde sus orígenes ha persistido, a veces sutilmente aliado a la insurgencia o a paramilitares, otras burdamente ostentoso y desafiante; por último, camuflado y discreto lava inmensas fortunas y se sirve de ingenuos o malintencionados para beneficiarse de argumentos ecológicos y discursos de defensa de derechos humanos. Los gobiernos que respondieron a las amenazas con indultos, sometimientos a la justicia, cárceles especiales, y no extradición, se equivocaron.

Esta vez, no nos podemos equivocar, las Farc deben cumplir con lo acordado “para que jamás el narcotráfico vuelva a amenazar el destino del país” o perder los beneficios del acuerdo, sino será otro capítulo en esta guerra perdida.