Los paros de la justicia contra los colombianos

El muy desprestigiado sistema judicial colombiano, que exacerba e irrita a la gente con sus múltiples manifestaciones de ineficiencia, corrupción, clientelismo y tráfico de influencias, tiene otra fuente importante de deterioro en los paros ilegales como el que realizan por estos días algunos de sus trabajadores.

Son ilegales porque la Ley 270 de 1996 calificó la administración de justicia como un servicio público esencial y una sentencia, la 42.273 del 15 de octubre del 2009, proferida por la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, precisó que los servidores de la Rama Judicial están excluidos del derecho a la huelga. Toda afectación del servicio, máxime si es promovida por los propios empleados, es ilegal.

¿Jueces y funcionarios judiciales que acuden a las vías de hecho? Son el alma y nervio del sistema y deberían ser los más comprometidos con el respeto por la ley pero toman la ruta contraria y en busca de beneficios personales paralizan la justicia y afectan en forma grave los intereses de millones de personas y miles de organizaciones. Hicieron un paro de 60 días entre noviembre de 2012 y febrero de 2013 en demanda de aumentos salariales. Hicieron otro de tres meses entre octubre de 2014 y febrero de 2015 con exigencias económicas al Consejo Superior de la Judicatura. Y están en paro desde el 16 de enero de 2016, esta vez por la implementación del Código General del Proceso. Muchos empleados de la Fiscalía y de los juzgados están en desacuerdo con esos paros pero los huelguistas les impiden ingresar a sus despachos, en ocasiones con uso de violencia. Tampoco están de acuerdo algunos de los propios sindicalizados por lo cual los paros y sus negociaciones los han atomizado y ahora hay Asonal Judicial, Asonal S.I. y Asonal Leal.

Tan solo por causa del paro de 2012 se dejaron de realizar 168 mil audiencias de tutelas, casos administrativos, civiles y laborales, diligencias de control de garantías y audiencias penales de jueces de conocimiento. Muchos procesos precluyeron o prescribieron y peligrosos delincuentes que hoy estarían en la cárcel salieron libres, un panorama que revela el enorme daño que ocasionan estas acciones a los particulares, al Estado y a la economía del país.

Los trabajadores de la rama judicial son los mejor remunerados del Estado. Acumulan desde el año 2011 incrementos salariales de 35% -superior a cualquiera de los demás trabajadores en el sector público-. Y el gobierno ha invertido desde el año 2010 más de 2.5 billones de pesos para atender la descongestión, modernizar la infraestructura física y tecnológica y para mejorar la remuneración a jueces y empleados judiciales.

Además de ilegales los paros de Asonal son oportunistas porque como ocurrió en 2012 y en 2014 los realizan en medio de las vacaciones de la rama que van desde el 18 de diciembre hasta la segunda semana del enero siguiente. En ambas ocasiones levantaron el paro pocas horas antes del inicio del descanso, para no perder las vacaciones remuneradas, ni los salarios ya que en las negociaciones –también ilegales- imponen como primera condición que no haya ninguna represalia en su contra –despidos, sanciones o descuentos de sus estipendios-. Este año, quizás en un inútil esfuerzo por “mejorar imagen”, iniciaron el cese apenas regresaron de los días de un reposo, a todas luces inmerecido, porque sumando festivos y días de paro, desde 2012 los empleados de la justicia apenas han trabajado, en promedio, la mitad de los 360 días del año.  

Los mayores daños son para el propio sistema judicial ya que el paro actual pone al desnudo el estado calamitoso en que se encuentra la Rama. Es, en principio, un conflicto sin contraparte porque el Ministerio de Justicia no tiene poder para resolverlo, el Consejo de Gobierno Judicial creado por la ley de “equilibrio de poderes” no se ha podido constituir por irregularidades en la elección de sus miembros y la Sala Administrativa del eliminado Consejo Superior de la Judicatura, agoniza y no tiene entidad, legitimidad, ni peso para ejercer el gobierno. Varios magistrados de las altas cortes son cuestionados por tener cuotas burocráticas en el Gobierno, la Contraloría o la Procuraduría, porque viajan, porque gastan dineros públicos y algunos por graves casos de corrupción. Las diferencias internas y las luchas de poder han impedido a la Corte Suprema de Justicia cubrir las vacantes existentes ad portas de la elección del Fiscal General de la Nación, que será en marzo, lo cual podría repetir la vergonzosa página que padeció el país en la pasada elección.

Entre tanto los usuarios, los millones de personas, las empresas y organizaciones que deben acudir a la justicia seguirán padeciendo que un simple reparto pueda tardar semanas, un fallo años, una casación lustros o décadas o ser víctimas potenciales de una enmarañada red de intereses y de malas prácticas en medio de la cual realizan un ejemplar apostolado los funcionarios probos, eficientes y diligentes que sustentan los reductos de prestigio de la rama judicial.

Sería impensable vivir sin servicios de luz o de agua pero en Colombia se ha vuelto normal vivir sin justicia, decía Álvaro Gómez. Es urgente e inaplazable una reforma estructural de la justicia, lo sabemos todos, pero las esperanzas y el optimismo tampoco pueden brillar por ahí porque ya la acometieron este gobierno y el Congreso en el año 2012 y tal vez sería preferible no recordar cuál fue el resultado.