
OPINIÓN
“Pásame la pistola"
La estrategia asumida por el Partido Centro Democrático (CD) y quienes respaldan al senador Uribe, incluido el presidente Duque, se equivocan de cabo a rabo y solo buscan confundir a la gente, incluidos sus propios seguidores.
Es amoral pretender comparar el caso del senador Álvaro Uribe, con las curules de las Farc en el Congreso. Nada tiene que ver el carcelazo del expresidente con el acuerdo de paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La estrategia asumida por el Partido Centro Democrático (CD) y quienes respaldan al senador Uribe, incluido el presidente Duque, se equivocan de cabo a rabo y solo busca confundir a la gente, incluidos sus propios seguidores.
Qué inmadurez política la del presidente Duque para juzgar con rectitud y sensatez una decisión proferida por la justicia: “Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”, dijo sin sonrojarse, sin entender que es el jefe de Estado; pero además sin deducir que la ideología de un creyente puede ser muy peligrosa.
El primer mandatario es el presidente de todos los colombianos, por tanto no debe perder su compostura así le deba esta vida y la otra a Uribe Vélez; la histeria que se la deje a los miembros de su partido CD, a los parlamentarios y parlamentarias y los palaciegos periodistas que esgrimieron las espadas de la intolerancia contra la justicia porque en esta oportunidad no les es favorable.
Y también es amoral porque pretenden politizar una decisión basada estrictamente en un caso que el propio afectado, Uribe Vélez, se inventó y que por cosas de la soberbia mezclada con la política, el tiro le salió por la culata. Denunció a su oponente político Iván Cepeda, y terminó investigado.
Esa es la verdad; es bueno recordar que el entonces magistrado José Luis Barceló, en julio de 2018, llamó a Uribe a indagatoria al establecer que, presuntamente, el expresidente estaba intentando torcer testimonios de testigos para que se retractaran de afirmaciones en las que lo señalaban de promover el paramilitarismo en Antioquia. Además para que estos inculparan al senador Cepeda de estar pagando sobornos o prebendas para que inculparan a Uribe.
Esta decisión de la Corte no es una aventura; es seria, responsable y contundente, desprovista de cualquier manipulación política como equivocadamente la han querido presentar los aliados de Uribe y el séquito de periodistas que lo adulan. No es una condena, pero al senador se le detiene para evitar que obstruya el futuro de la investigación, dice la Corte, además de calificarlo como “presunto determinador”.
Sino fuera porque el senador Uribe tiene fuero, el presunto delito por el que se le acusa, sería de la justicia ordinaria, por eso es perverso comparar la situación del exmandatario, como lo han hecho Duque, el CD y los periodistas cortesanos, con el acuerdo de paz que le permitió a los exguerrilleros firmantes y desmovilizados tener una curul en el Congreso.
Esa falsa premonición de quienes aseguran que si a Uribe lo ponen preso se avecinan tiempos turbulentos cobijados por la violencia, se tendrán que tragar sus palabra, tacan burro; los colombianos ya perdieron el miedo y lo dejaron ver en las marchas del 21N.
Tampoco se trata de preguntarse a quien le conviene o no que a Uribe lo cojan preso, aquí de lo que se trata es de que “el que la hace la paga”, o no, señor presidente; lo contrario sería abrirle el camino a quienes dicen “páseme la pistola” o a quienes invocan a “la reserva activa” que no se sabe si es civil o armada.