“PATROCINAR AL POBRE…

…ES EL MÁS LUCRATIVO DE LOS NEGOCIOS”, escribió Nicolás Gómez Dávila en uno de sus escolios. Desde hace unos años ha crecido en Colombia un sector de organizaciones no gubernamentales para ayudar a los pobres, los vulnerables y los desplazados, y ahora, con la ley de víctimas, le apareció un nuevo campo de acción, el de gestionar la restitución de tierras despojadas a los campesinos. Hay Ongs que prestan valiosos servicios sociales y otras que capitalizan rentas de la cooperación y del gobierno.

En defensa de sus intereses corporativos en el nuevo mercado, León Valencia le escribió al presidente Santos una carta pública en su columna de SEMANA (31 de marzo de 2012) en la que concluye:

“Usted, señor presidente, tiene claro que sin una alianza con la sociedad civil no habrá la revolución agraria que proclama, se lo oí decir el 4 de diciembre en el Palacio de Nariño, pero tiene a su lado personas como Alejandro Reyes que no creen en esto y dedican bastantes esfuerzos a denigrar de las organizaciones no gubernamentales que se acercan para ayudarle en su empresa bastante difícil e improbable de transformar el campo.”

Algunas de estas Ongs exasperaron al gobierno anterior porque se volvieron sus más implacables críticos, con sus denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, las complicidades del paramilitarismo y de su parcial desmovilización. Eso las acreditó ante la opinión y la cooperación internacional, que les premió sus servicios a la democracia y los derechos humanos con generosos recursos financieros. Los últimos gobiernos, por su parte, crearon un enorme aparato asistencial humanitario, mientras desmantelaban la capacidad efectiva del Estado para proveer bienes públicos y disolvían con represión las organizaciones sociales del campesinado.

Los paños tibios del asistencialismo, público y privado, aunque han ayudado a muchos, apenas le compraron tiempo al problema acumulado de los seis millones de colombianos que la guerra maltrató y hundió en la miseria. La debilidad del movimiento social fue reemplazada por los voceros de la llamada sociedad civil, que ya forman parte de la elite económica y social que circula en foros y embajadas y al mismo tiempo administran los programas asistenciales del gobierno y la cooperación internacional.

Ahora el gobierno Santos empieza a cambiar las tendencias anteriores: le hace frente al despojo y se compromete a restituir las tierras a los campesinos y aún a los grandes propietarios despojados. La ley lo obliga a asumir como propia la tarea de recuperar las tierras de manos de quienes las tienen, con lo cual se estructura un nuevo conflicto, esta vez entre el estado y los despojadores, y no entre despojadores armados y víctimas indefensas, para restablecer los derechos legítimos de propiedad. Es un conflicto que debe fluir por estrictos canales institucionales, tanto del gobierno, con la Unidad de Restitución, como de los jueces y tribunales, con apego a los procedimientos de la ley, para mantener el equilibrio entre la protección de la propiedad legítima y la restitución de la usurpada.

El manejo de este conflicto entre legalidad e ilegalidad no puede ser delegado por contrato con las Ongs, por meritorias que sean, que denunciaron la violencia y el despojo, como pide León Valencia, porque eso significaría reproducir la matriz original del conflicto que se estructuró entre victimarios y víctimas, con mayores riesgos de seguridad para los reclamantes y sus líderes.
La auténtica organización social que es necesario fortalecer es la de las comunidades territoriales de base, campesinas, indígenas y negras, para devolverles la dignidad de controlar sus propios recursos vitales, con la restitución de sus tierras, bienes públicos y desarrollo rural, para que sean ellas quienes se representen a sí mismas y decidan su futuro, y no los voceros de la sociedad civil por contrato, muchos de los cuales se volvieron nuevas ventanillas de intermediación con altos costos de operación.