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Opinión

  • | 2019/07/08 17:51

    Paz, implementación y mucha coca

    Cuando dos o más cosas pasan al mismo tiempo es intuitivo en los seres humanos buscar la relación entre ellas, tratar de determinar cuáles son las causas y cuáles las consecuencias, asociar está en nuestro ADN. Aplica para casi todo, la economía, el estado del clima o los afectos. Por eso es humano asociar como también lo es equivocarse al hacerlo.

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En los últimos años ocurrieron dos hechos determinantes para el desarrollo rural y la seguridad nacional. Por un lado, se negoció y firmó el punto 4 del acuerdo de paz (para la solución al problema de las drogas), y por otro se dió un crecimiento exponencial en la producción de cocaína, pasando de menos de 400 toneladas durante la negociación en La Habana, hasta las 1.379 toneladas en 2017 (ver gráfico). 

PRODUCCIÓN POTENCIAL DE COCAÍNA EN COLOMBIA

La conclusión más difundida es que la coca creció como consecuencia del acuerdo de paz. Pero esa relación más allá de las motivaciones políticas que la refuerzan, resulta no ser tan obvia ni tan sencilla. 

Las fases de negociación, firma e implementación del punto cuarto del acuerdo, mantuvieron enormes brechas entre sí, a tal nivel que las decisiones antinarcóticos tomadas por el presidente Santos después del 16 de mayo de 2014 (cuando se acordó el capítulo sobre drogas), contradicen buena parte de lo que sus negociadores habían pactado en La Habana. 

En julio de 2015, el presidente Santos suspendió la aspersión aérea, una decisión netamente política sin sustento en el acuerdo sin considerar que los negociadores habían logrado condicionar con mucho esfuerzo (y demoras) que “El Gobierno, de no ser posible la sustitución, no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión”. Esta drástica decisión de renunciar a la aspersión, implicó reducir en un 93 por ciento la afectación de hectáreas de coca, con el consecuente incentivo a la siembra ilegal.

Un año más tarde se le dió otro duro golpe a la paz territorial y a la solución del problema de las drogas (pactada dos años atrás), con el inicio del proyecto piloto de sustitución de coca en Briceño, Antioquia. El presidente Santos designó esta responsabilidad en el ministro Rafael Pardo y en Eduardo Díaz como director del PNIS, quienes desde ese momento hasta el 7 de agosto de 2018, implementaron un programa de sustitución que estaba en total contravía a lo establecido en el acuerdo. 

Lo acordado en el punto 4 (y que se debía implementar) tenía una base histórica y empírica importante. Estaba fundado sobre la experiencia exitosa del Programa de Consolidación de La Macarena que se desarrolló durante el segundo mandato del presidente Uribe. Sin embargo, los convocados a implementar tomaron otro camino. Renegociaron el acuerdo por su cuenta y le dieron concesiones de facto a las Farc (que les habían sido negadas en La Habana) y con esto pusieron patas arriba el Acuerdo. 

Pardo y Díaz con el apoyo de UNODC decidieron que era más rápido y sencillo entregar dinero en efectivo a las familias con coca, algo que contradice la naturaleza del modelo de sustitución acordado (PNIS) y además es ilegal. También optaron por irse a ciegas sin tener un censo o línea base de los beneficiarios, como lo establecía el acuerdo; solo este error ha costado cientos de miles de millones de pesos en pagos de mesadas a los muchos avivatos que se les colaron. El general Rafael Colón como asesor de Naciones Unidas advirtió a tiempo de este grave error, dos días después le cancelaron el contrato.

Las zonas seleccionadas por los jefes del PNIS para repartir el cash a los beneficiarios estaban por lo general a borde de carretera, muy lejos de los núcleos cocaleros, aunque en el discurso se decía “estamos llegando a donde el Estado jamás había llegado” (ver mapa de Tumaco, los puntos verdes son los beneficiarios del PNIS y las manchas rojas la densidad cocalera).  

TUMACO (2017)

Para sorpresa de muchos, el presidente Santos reconoció su error en la intervención que hizo en la Corte Constitucional en marzo pasado. Afirmó que la implementación del PNIS había generado incentivos perversos entre los campesinos que no tenían coca y quienes tomaron la decisión de sembrarla para poder acceder a los subsidios del PNIS. Igualmente, otros usaron el subsidio de 2 millones de pesos mensuales para invertir en lo que mejor les daba: la coca. Esta es la verdadera causa de por qué la coca en las zonas de sustitución no bajó sino que se duplicó. 

Las principales causas del crecimiento del cultivo de coca no están en el acuerdo de paz, sino en la improvisación de la implementación y sus contradicciones frente al mismo acuerdo. El actual Gobierno tiene en el punto cuatro del acuerdo de paz, una hoja de ruta confiable y probada para sacar al país del atolladero en que nos tiene la coca. O por el contrario, seguir insistiendo en las causas incorrectas del boom cocalero.

@danielmricov




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